Luego de un paréntesis de siete años, la Suprema Corte bonaerense dio un paso clave en una causa explosiva relacionada con la protección de narcotraficantes desde las más altas jerarquías de la Fiscalía General de San Isidro.
En un fallo firmado el pasado 28 de septiembre, el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires resolvió cesantear a Melisa Fernanda Rey (41) y Mariana Busse (41), lo que en lenguaje simple y llano quiere decir que las echó. No son más funcionarias de la Procuración de la provincia de Buenos Aires.
Se trata de una sanción grave, que la Corte no suele tomar a la ligera y que sólo admite una situación peor: la exoneración, que le suma la imposibilidad de ocupar cargos públicos.
Tanto Rey como Busse estaban “suspendidas” desde noviembre de 2015, momento en que su situación judicial se complicó al igual que la de su jefe, el entonces poderoso fiscal general de San Isidro Julio Novo y sus adjuntos Eduardo Vaiani y Rodrigo Caro.
Todo el grupo fue indagado y procesado por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado en octubre de 2016. La acusación: haber obstaculizado la investigación que el fiscal de San Fernando Luis Angelini estaba llevando sobre dos ajustes de cuentas narco ocurridos en la jurisdicción.
Los casos fueron impactantes. Por un lado, el doble crimen del Shopping Unicenter, de Martínez, cuando en julio de 2008 fueron asesinados los colombianos Héctor Duque Cevallos (alias “Monoteto”) y su guardaespaldas, Jorge Quintero Gartner. Por otro, el homicidio de Juan Sebastián Galvis Ramírez, concretado en una casa de náutica de San Fernando poco despues, en febrero de 2009.
Con el propio Angelini como querellante y el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez en la investigación, el caso contra Novo y compañía fue avanzando contra pronóstico. Novo primero fue suspendido y luego debió renunciar a su cargo, en julio de 2017.
Tanto él como sus adjuntos y las secretarias Busse y Rey fueron elevados a juicio oral. Pero el proceso está trabado desde hace años debido a un recurso de Caro que todavía tramita en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Busse y Rey
En ese contexto, el de una causa complicada, explosiva y con peso político por las conexiones de Novo con el Massismo, es que puede leerse el impacto de las cesantías contra Busse y Rey firmadas por la Corte el pasado miércoles.
Además hay que tener en cuenta un detalle: sus despidos ya habían sido reclamados formalmente por el Procurador Bonaerense, Julio Conte Grand, en 13 de mayo de 2020.
Para empezar vale aclarar las figuras penales de la acusación: Busse y Rey se encuentran imputadas de los delitos de “encubrimiento agravado en carácter de coautoras en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y entorpecimiento de la labor funcional”.
Ambas, aunque no eran fiscales sino secretarias, tenían mucho peso en la estructura de poder que manejaba Novo como Fiscal General. Rey era funcionalmente tan importante casi como Vaiani y Caro mientras que Busse tiene una historia mucho más compleja y colorida.
Busse trabajó entre 2005 y 2008 en la Fiscalía General de Novo y, debido a la complejidad de un sumario en su contra, renunció y se fue a la actividad privada.
Recaló en el estudio de Carlos Broitman, con quien se terminó casando. Cabe decir que Broitman es uno de los abogados que más narcos pesados defendió en el país: Ibar Pérez Corradi y los colombianos Ignacio Alvarez Meyendorff y Henry de Jesús López Londoño (alias “Mi Sangre”), son apenas alguno de ellos.
En esa lista de clientes (y eso se relaciona directamente con este caso), también esta Gustavo Juliá, el hijo del Brigadier Raúl Juliá, jefe de la Fuerza Aérea en la época de Carlos Menem. Gustavo y su hermano Eduardo fueron condenados en España a 13 años de prision por intentar introducir una tonelada de droga en Barcelona. La droga había viajado en uno de los aviones de su compañía, Merdical Jet.
En esa causa Broitman defendió a Gustavo y lo fue a visitar a la cárcel junto con Busse, que por entonces era su novia. Busse terminó como co-defensora de Gustavo Juliá. Hasta ahí todo un poco vidrioso, el verdadero problema vino después.
“La existencia de estas actuaciones administrativas de superintendencia no obstaculizó su reingreso al Ministerio Público Fiscal de San Isidro, trámite que se inició documentalmente el 31 de mayo de 2011 mediante solicitud del Fiscal General de San Isidro y propuesta de la Procuración General (por entonces acargo de Maria del Carmen Falbo), que culminó con el nombramiento por la SCBA el 30 de noviembre de 2011 mediante Resolución 3351”, dice Conte Grand en su dictamen de mayo de 2019 .
Y agrega: “Así, tomó posesión del cargo de Secretaria del Ministerio Público el 20 de diciembre de 2011. No obstante, se encuentra acreditado que las gestiones para acceder al cargo se iniciaron unos meses antes, dado que en el mes de abril tuvo tratativas y contactos con el Fiscal General Adjunto, doctor Vaiani, que continuaron durante los meses de mayo y julio de 2011”.
Y remata Conte Grand “Sin perjuicio de ello, se encuentra acreditado que la doctora Busse visitó a Gustavo A. Juliá junto con su pareja -en ese entonces el abogado Broitman-, en su lugar de detención en España, durante los días 23, 28 y 29 de septiembre de 2011″.
Ya dentro del poder judicial nuevamente, Busse ocupó dos cargos llamativos. Primero fue enviada a trabajar en la fiscalía de Pilar a cargo de Inés Dominguez, que era cuñada de Gustavo Juliá.
Lo que pasó a continuación fue profusamente denunciado por Angelini. Novo decidió reubicarla en la fiscalía de San Fernando como secretaria de Gestión. Allí era donde Angelini investigaba el caso Unicenter bajo la hipótesis de que los crímenes se relacionaban con los hermanos Juliá.
Angelini siempre denunció que Busse era una espía y también cargó contra Novo por perseguirlo de mil maneras diferentes. En la investigación, uno de los nexos entre estos dos casos era Carlos Gustavo Luaces.
De hecho en 2018 Luaces llegó al juicio por los crímenes de “Monoteto” y su guardaespaldas. En el debate fueron condenados a prision perpetua Daniel “El Zurdo” Moreyra y Victor Hugo “El Pelado” Ovejero Olmedo, señalados como barrabravas de Boca. Pero Luaces resulto absuelto.
Luaces era un hombre de confianza de los Juliá en las empresas Federal Aviation y Medical Jet. Amigo de “El Zurdo” Moreyra, viajó con él a Uruguay dos días antes de los crímenes de Unicenter.
Esa fue una conexión pero según los investigadores hay otros nexos que complican al clan de Novo. Claro que todo debería ventilarse en un juicio oral y público, pero pasan los años y el esperado debate ni siquiera tiene fecha.
