Las juezas María Felicitas Masaguer y María Florencia Casas, de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, resolvieron no hacer lugar a la defensa de falta de legitimación activa planteada por la empresa Tecno Agro Vial SA y ratificaron a una extensa lista de demandantes en esta acción de amparo colectivo, que incluye la acumulación de distintos expedientes en los que se objeta la legalidad de la adjudicación de este contrato.
Así, la nómina incluye al Frente de Organizaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios (Fodecus), que lidera José Hermenegildo García; la Defensoría del Pueblo de Tucumán, que encabeza Eduardo “Lalo” Cobos; el Ministerio Público Fiscal y un grupo de ciudadanos entre los que se encuentran el ex edil jaldista de Yerba Buena Alejandro Carlos Sangenis y una agrupación de “cuidacoches” integrada por Fiana Mariel Gallo, Bruno Gabriel Acosta y Rubén Alberto Almazán, entre otros.
En la resolución, las magistradas recordaron que el artículo 78 del Código Procesal Constitucional “legitima activamente para promover una acción de amparo colectivo al Ministerio Público, al Defensor del Pueblo y las agrupaciones privadas legalmente reconocidas constituidas para la defensa de los intereses colectivos, con exclusión de cualquier otro sujeto”. Masaguer y Casas resolvieron declarar “inconstitucional e inaplicable en este caso concreto” aquella disposición, por considerar que “viola el umbral mínimo de la garantía constitucional del debido proceso adjetivo en este proceso de amparo”. A partir de ello, se confirmó a los demandantes como actores en este expediente.
El 18 de julio de 2022, durante la gestión del Germán Alfaro (JxC), se comenzó a implementar el estacionamiento medido en el cuadrante comprendido por avenida Avellaneda-Sáenz Peña, Roca, Próspero Mena-Lucas Córdoba e Italia. La medida, anunciada con el objetivo de “ordenar el tránsito” y “desalentar el uso innecesario de vehículos particulares”, incluyó la rúbrica de un contrato entre la Municipalidad y la UTE Tecno Agro Vial. El servicio, sin embargo, llegó a funcionar solo por 45 días. A partir de las demandas, la jueza Masaguer dictó primero un oficio a través del cual instó a la sede de 9 de Julio y Lavalle a suspender preventivamente todos los actos relacionados al estacionamiento pago: la ordenanza, la concesión y el cobro a los usuarios. Poco después, la magistrada firmó una cautelar que ratificó estas disposiciones.
