La pelea interna en Juntos por el Cambio escala cada semana. Esta vez, el detonante fue la discusión por el uso de las pistolas Taser, a una semana del asesinato de una policía en la estación Retiro del subte C, algo que, para un sector de la coalición opositora, se podría haber evitado con esta clase de armas no letales.
Patricia Bullrich arremetió anoche contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por este tema. Durante una entrevista en A24, la presidenta del Pro chicaneó al alcalde de la Ciudad: “Le diría a [Rodríguez] Larreta que las use, que no le pida más permiso a nadie”.
“Hay un fallo de la Corte que autoriza a usar las Taser. En vez de pedir tanto permiso al Gobierno, que te dice siempre que no a propósito, le diría a Horacio: tomá la decisión”, dijo Bullrich que luego compartió el fragmento de la entrevista en sus redes sociales.
Los dichos de la exministra no pasaron desapercibidos para la administración porteña, que salió a responderle a través del jefe de Gabinete y actual responsable del área de Seguridad, Felipe Miguel.
A través de sus redes sociales, Miguel respondió: “CABA ya decidió usar las Taser. En efecto, hace más de dos años las compramos, pero el Gobierno Nacional tiene frenada la importación desde entonces. No es un tema de decidir usarlas, sino de poder importarlas. Como todos saben, la importación de armas en Argentina requiere la autorización del Gobierno Nacional”.
En otros mensajes, el Jefe de Gabinete porteño sumó: “La traba a la importación de las pistolas Taser está en la Justicia. Hace dos semanas hubo, ante un amparo de CABA, una sentencia judicial que ordena al Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados) a definir la situación”.
Miguel cerró: “Repito: no es un tema de decidir usarlas, sino de poder importarlas. Ni bien CABA tenga las pistolas Taser las va a usar. Sin dudas las transformaciones que la Argentina necesita requieren firmeza y seriedad para llevarlas adelante”.
Pero Miguel no fue el único. El diputado nacional Álvaro González descalificó a Bullrich: “Dejá de fijar posiciones marketineras. ¿A quién le vas a pedir que use armas prohibidas?”. El legislador explicó que la posición de Bullrich es “errónea”. “Le pedía decisión a Horacio confundiendo los tribunales (TSJ de caba con la Corte Suprema) para el uso de algo prohibido”, manifestó. Y agregó: “No se puede ser tan oportunista utilizando la mentira como método de posicionamiento político y electoral”.
En la misma línea se pronunció Waldo Wolff: “Seamos claros con los porteños: queremos que la Policía de la Ciudad use pistolas Taser. Las compramos y capacitamos a nuestra fuerza. La importación está frenada porque el Gobierno Nacional tiene, como todos sabemos, el monopolio de la autoridad aduanera”. Y concluyó: “Logramos convertir la Ciudad en la más segura de América Latina, segunda del continente y seguiremos trabajando para cuidar más y mejor a todos”.
Otro funcionario de Larreta, Eduardo Macchiavelli, acusó a la exministra de Seguridad de mentir. “A menos que quieras ingresar las Taser de contrabando, no van a entrar al país hasta que el Gobierno Nacional lo autorice. El 8/2 obtuvimos fallo favorable del juez federal, y el kirchnerismo lo apeló suspendiendo importación. Ah, no hay ningún fallo de la Corte #hablemosenserio”, escribió en su cuenta de Twitter.
La pelea con Nación por las Taser, en la Justicia
La semana pasada, el juez federal en lo contencioso administrativo Walter Correa intimó al gobierno nacional a que resuelva en 30 días un pedido de la administración porteña para avanzar con el proceso de importación de 60 pistolas Taser, que está demorado -sostuvo el juez más allá del “plazo razonable”.
El debate por estas pistolas no letales fue reinstalado ayer por funcionarios del gobierno porteño luego del asesinato de la policía de la ciudad Maribel Zalazar, en Retiro. El fallo de Correa es de hace una semana.
El juez hizo lugar a una acción de “amparo por mora” promovida por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta contra la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). El reclamo fue para que este organismo, que depende del Ministerio de Justicia, definiera un expediente sobre la importación de un lote de “60 armas electrónicas incapacitantes, tiro a tiro, marca Taser, modelo X2, con destino a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”. Se trata de un trámite en el que se licitó la compra y se adjudicó esa licitación a la firma Bucello y Asociados SRL, según el fallo del juez Correa, pero que se demoró en la Anmac.
Este organismo alegó que la pandemia de coronavirus fue la causa principal de que se hubieran extendido en el tiempo los trámites. Correa, no obstante, sostuvo que el gobierno nacional “no acreditó la existencia de obstáculos insalvables que justifiquen la mora” y dijo que había “transcurrido un plazo razonable” sin que la autoridad administrativa competente dictara su resolución en el expediente administrativo.
Ayer, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro (de licencia tras la difusión de supuestos chats que darían cuenta de presuntos actos irregulares del funcionario), dijo, en referencia al asesinato de Zalazar: “El enfrentamiento podría haber sido controlado con una pistola Taser. Hace dos años compramos 60 unidades, pero el gobierno kirchnerista las bloqueó con el festival de excusas truchas que usan para defender delincuentes”.
