¿Por qué el intendente Germán Alfaro no sale a dar explicaciones después de las graves irregularidades que salieron a la luz en exclusiva por parte de la información dada a conocer por parte de Tucumán Despierta? Es la pregunta que la opinión pública comienza a viralizar ante el silencio atroz que hace mucho ruido a la sociedad en general y a los ciudadanos de San Miguel de Tucumán en particular.
Y es que desde el alfarismo un contrato mal concebido no pareciera ser considerado lo realmente grave que es. Si para muestra basta un botón, ayer volvió a quedar claro una vez más que el intendente capitalino volvió a hacer gala de su vieja costumbre de desaparecer cuando tiene que dar explicaciones. Y si de costumbres hablamos, también se repitió la de mandar a su “fiel” secretario, Rodolfo Ocaranza, a dar “explicaciones”.
Este funcionario de Alfaro dejó en claro que la administración de su jefe desconocía que la empresa que se encargará de llevar adelante el estacionamiento pagado se encontraba en concurso preventivo. Al punto de que recién ahora le mandaron a pedir explicaciones. Es decir, ¿Acaso es posible que un viejo zorro de la política como Germán Alfaro teniendo los años que lleva en la función pública desconozca cuáles son sus funciones al contratar una empresa?
La única verdad es la realidad y lo cierto es que lo único que están haciendo desde el alfarismo es ganar tiempo. Cabe mencionar que existe imposibilidad de parte del Estado a la hora de contratar empresas que se encuentran en concursos preventivos. Más específicamente, en lo que hace al artículo 10, establece: “Impedimentos para ofertar. No podrán resultar oferentes por sí o por interpósitas personas…; 2) Los concursados o con procesos judiciales de quiebra…”.
Asimismo, en el artículo 28, del mismo pliego, se establece: “Causas de extinción. El Contrato de Concesión debe extinguirse por: 1) Conclusión normal… Por concurso preventivo, quiebra o liquidación del concesionario…”. En ese sentido, el relato se derrumba por sí solo a causa de las delatoras palabras de Ocaranza debido a que es el mismo funcionario público quien reconoció que “no se contrató legalmente”, porque no siguieron los procedimientos correspondientes.
“Hubo que proceder a otro sistema de contratación y es que el propio pliego preveía que debía hacerse aplicando esa metodología”, admitió Ocaranza. Como si esto fuera poco, también admite el incumplimiento contractual de la firma contratada al reconocer que la empresa cuenta con dos grúas cuando el contrato habla de cinco. Para colmo, su cinismo es tal que pretende restarle importancia con un absurdo ejemplo de pavimentación de calles.
“Uno cuando pavimenta no pavimenta las 30 cuadras al mismo tiempo, sino que lo hace una por una”, dijo comparando manzanas con naranjas en una clara estrategia de tratar de desviar la atención. Ahora bien, cabe señalar que este tipo de estafas éticas de parte del alfarismo sólo son posibles debido a que, en un primer momento, algunos integrantes del Concejo Deliberante capitalino gritaban y levantaban la voz por el estacionamiento medido.
Sin embargo, hoy daría la sensación de que bajaron la intensidad, justamente cuando desde nuestro medio se expuso el concurso de la empresa y ellos hablan de una investigación propia, algo que no es así de ninguna manera debido a que, justamente, ellos lo hicieron sólo después de la publicación de este medio. Si para muestra basta un botón de la “baja de tensión” que parecen tener las denuncias de la oposición, el concejal Nagle es un claro ejemplo.
Y es que ayer miércoles “agradece” al Municipio capitalino y hasta refiera que esperarán la respuesta del intendente Germán Alfaro, cuyas manos están manchadas desde el comienzo de este tema. No en vano el viejo refrán reza que lo que hay es “mucho ruido y pocas nueces” de partes de la clase política. Y es que no debiera hacer falta recordar que el Concejo Deliberante es nada menos que el órgano de contralor del Poder Ejecutivo municipal.
Y como si eso fuera poco, tiene todo el poder de ponerle freno a esta concesión. Sin embargo, parecería que de pronto buscaran dilatar los tiempos. En ese sentido, Fernando Juri en su condición de Presidente del Concejo Deliberante de Tucumán manifestó hace un par de días que “no recibimos la documentación que requerimos al Poder Ejecutivo”. Pero eso no fue todo de su parte.
Y es que también expresó que “lógicamente, el pliego de bases y condiciones en su artículo 10 establece tajantemente de que no pueden ser oferentes quienes se encuentren en estas condiciones”. Tras lo cual aclaró que “el Municipio no puede otorgar la concesión a esta empresa”. ¿Entonces? ¿Por qué no optan por ponerse los pantalones largos y hacer algo en serio con este escándalo puesto al descubierto por Tucumán Despierta?
Otro de los que también habló en su momento fue el concejal del Frente de Todos, David Mizrahi, quien manifestó que “el intendente no cumplió con ninguno de los pedidos de informe a los fines de cumplir nuestra responsabilidad de contralor como concejales de la capital, que tenemos que velar por la legalidad de los actos del municipio”. De vuelta entonces: ¿Cuándo harán algo al respecto?
Que a las palabras se las lleva el viento queda comprobado cuando el propio Mizrahi dijo que, ante la consulta de si tienen otros recursos en caso de que Alfaro no les conteste, sostuvo que “el único recurso que tenemos es la interpelación”. Sin embargo, al toque admitió “por una cuestión política no se quiere llegar a esos temas”. Si el pez por a boca muere, alguien se lo tendría que recordar al concejal.
De esta manera, queda comprobado que los mismos que gritaban el martes de pronto cuando tienen todo para avanzar no hacen más que poner el freno de mano. Es por ello que cabe preguntarse: ¿Habrá pasado algo en el medio que los vecinos desconocen? ¿O cómo se entiende el claro freno con esta grave irregularidad, que hasta podría ser un delito? ¿Habrá habido alguna especie de “Banelco” como en la época de De La Rúa versión Concejo Deliberante capitalino?
Los concejales debieran de recordar que existe la ley orgánica de municipalidades 5529, que en su Artículo 43 señala que “el Concejo Deliberante de la capital puede remover al Intendente Municipal por mala conducta, por negligencia grave en cumplimiento de sus deberes, siendo necesaria para la destitución concurrencia de dos tercios (2/3) de votos del total de sus miembros. Iniciada la acusación podrá suspender al acusado por el mismo número de votos”.
Además, deja en claro que “el Intendente Municipal tiene derecho a ser oído en sesión, constituyendo éste un requisito previo a la resolución de su destitución por parte del concejo y no podrá ser suspendido por más de dos (2) meses”. Es por ello que cabe preguntarse acerca de si esto no constituye una falta grave, entonces ¿Cuál sería? ¿Entregar las calles de la ciudad a una empresa que no podían y que significan cientos de millones de pesos no es un delito?
Sin embargo, a los concejales parece que les alcanza con que Alfaro les endulce los oídos, ¿También los bolsillos?, porque hablan de esperar que conteste el intendente sus requerimientos y que sólo en caso de una negativa recién recurrirían a la Justicia. En realidad, no se trata más que de humo y más humo. La Biblia señala que a los tibios los vomita Dios. Pues entonces que sea Él y la Patria quien se los demande a Alfaro y a sus cómplices y funcionales.
