La Sala Segunda de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo resolvió en su momento hacer lugar a la medida cautelar solicitada por parte de la Federación de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios (Fodecus) expte. 435/22, en torno a polémico estacionamiento pago implementado por parte de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, con Germán Alfaro a la cabeza.
En ese marco, la Justicia determinó entonces “la suspensión de ejecutoriedad del decreto municipal n°4711/SG/2021 respecto la concesión del servicio de estacionamiento medido y pago de la vía pública de la Ciudad de San Miguel de Tucumán”. En consecuencia, se ordenó al Municipio que “se abstenga del cobro del servicio, imposición de multas, remoción o acarreo de vehículos o cualquier otra actividad que pudiera devenir de la aplicación del decreto municipal”.
Como puede notar el lector, la sentencia cautelar es clara hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Sin embargo, Germán Alfaro está desobedeciendo una sentencia de la Justicia. Esto se debe al hecho de que la Municipalidad capitalina sigue ligada a ese contrato a causa de que jamás lo anuló, razón por la cual, queda claro que el tema está judicialmente planteado. Pero Alfaro, una vez más, prefiere hacer oídos sordos.
Es en ese marco, la Municipalidad de la capital le dio vía libre a sus inspectores de tránsito para hacer estragos a la hora de comenzar a multar a los conductores que estacionan en la calle 24 de Septiembre al 300, una de las 300 cuadras de la ciudad que permanecen señalizadas para el uso del sistema de estacionamiento pago, servicio suspendido por la Justicia hace más de tres meses.
Es por ello que, entre gallos y medianoches, decenas de ciudadanos se toparon desde el lunes de la semana que se fue para nunca volver, con este verdadero golpe al bolsillo debido a que tiene un precio de $15.000, mientras que el pago de la multa voluntaria ronda los $8.000. Cabe señalar que a falta de una señalización que confirme la prohibición, desde hacía más de 90 días los trapitos habían vuelto al lugar.
Razón por la cual, los conductores continuaron dejando sus autos dentro de las zonas delimitadas, incluso, en el pavimento. Sin embargo, la sorpresa llegó con el comienzo de la semana, debido a que los inspectores de tránsito no sólo regresaron, sino que lo hicieron dispuestos a gastarse todos los talonarios disponibles en la repartición.
Queda claro que esto se da por una decisión arbitraria de parte del Municipio capitalino que dispone que no se puede estacionar, por lo que multan a la gente, pero el cartel sigue estando allí. En definitiva, las razones esgrimidas anteriormente no dejan lugar a dudad: que el municipio, en la cabeza del intendente Germán Alfaro, viola una sentencia judicial.
La suspensión del estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán creó una especie de limbo, en el cual hay más de 300 cuadras en la capital que todavía permanecen señalizadas, aunque el servicio sigue suspendido. Ahora bien, cabe preguntarse: ¿Por qué razón estaría ocurriendo esto? La respuesta es obvia: la clara desesperación de German Alfaro por recaudar dinero de cara a un año electoral.
Y es que, en su afán recaudatorio, el alfarismo se encuentra claramente violando la decisión de una sentencia judicial. Porque la realidad indica que la Municipalidad se encuentra multando a todos los autos que ahora están estacionando en los lugares donde antes se ubicaba el sistema de estacionamiento pago. Y no podría hacer eso Alfaro, sencillamente porque existe una orden judicial que se lo prohíbe explícitamente.
Esto se debe a que el Municipio sigue ligado a la empresa que se haría cargo del supuesto sistema de estacionamiento pago por medio de un contrato que todavía no rompió. En ese sentido, cabe mencionar que muy distinto sería el panorama en el caso de que la Municipalidad hubiera dejado sin efecto ese contrato, y entonces sí tendría legítimo control de las calles de nuevo.
Lo cierto es que hay que repensar otras acciones que no le cuesten a la gente, no es el momento para que un estacionamiento pago sea prioridad en Tucumán y por eso hay que cuidar el bolsillo de los ciudadanos de la capital. Por lo que Germán Alfaro tendría que haber anulado el contrato, pero no lo hizo para poder retomar el control legítimo de esas calles en materia de cobro de estacionamiento.
Además, cabe señalar que no es responsabilidad de la Justicia el hecho de que la empresa haya mentido, es responsabilidad de Germán Alfaro y de toda su comisión administrativa no haber revisado el comportamiento de la empresa al momento de adjudicar el estacionamiento pago. Y es su responsabilidad ahora cesar con su espuria intención de llenar las arcas municipales abusándose del ilegítimo e ilegal cobro del estacionamiento a los vecinos de la capital.
Se está violando una sentencia judicial, ¿Hasta cuándo seguirán los atropellos a los ciudadanos de parte de una gestión municipal deplorable?
