Representantes de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, entre los que se encuentran el dirigente Juan Grabois, de la CTEP, y Daniel Catalano, de ATE, fueron agredidos por fuerzas de choque civiles en el aeropuerto de Viru Viru, de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
La Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia fue retenida, y catorce de sus integrantes fueron separados por las fuerzas de seguridad y sometidos a una indagatoria exhaustiva, en un contexto de hostigamiento, registrado en diferentes videos expuestos en las redes sociales.
Los hechos se sucedieron durante la madrugada de hoy y la delegación debió partir hacia La Paz y luego se refugió en El Alto, informaron integrantes de la comitiva a Télam.
Catalano contó a esta agencia que “dos compañeros fueron agredidos físicamente, pero ahora estamos todos bien, ya estamos en El Alto”.
“Fue una situación que se generó cuando llegamos a Santa Cruz, la policía trato de generar un clima de tensión, en particular con Juan Grabois, y luego dividió al grupo en tres cuando tratábamos de salir de Santa Cruz”, agregó.
“También -señaló Catalano- nos tenían preparada una patota con personas que nos insultaban y nos decían que teníamos que volver a nuestro país”.
Por su parte, Grabois afirmó que “todo sucedió en el marco de la delegación en la que junto a un grupo de profesionales y dirigentes de movimientos sociales y ambientales vinimos a Bolivia a realizar un relevamiento de las grandes violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas y torturas que se están produciendo en el marco del golpe de estado en Bolivia”.
La comitiva está integrada también por Marisa Llanos Cruz y Marianela Navarro, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); la abogada del Frente Patria Grande, Gabriela Carpinetti; Pablo Graciarena, de la organización Xumek; Cristina Livitsanos, de la Asociación Americana de Juristas; Leo Pérez Esquivel y Pablo Pimentel, de APDH, e Ismael Hall, de Correpi, entre otros.
“En Santa Cruz nos recibieron las fuerzas de seguridad, nos llevaron a un rinconcito, y uno a uno nos fueron interrogando de una manera absolutamente arbitraria, y preguntándonos a quiénes veníamos a entrevistar. Información que por supuesto no dimos al resguardo de las personas con las que vamos a encontrarnos”, aclaró.
Relató además: “Me dijeron que tenía prohibido emitir opiniones políticas en el país”, algo que consideró como “un disparate dentro del orden público internacional debido a que si esto fuera una democracia, la prensa y las personas tendrían derecho a opinar”.
“Esto se combinó con la aparición de una patota de provocadores que nos insultaban con cuestiones racistas y homofóbicas buscando amedrentarnos; sin embargo, la delegación está compuesta por hombres y mujeres que tienen muchas luchas, y sabemos que más temprano que tarde las dictaduras caen y los gobiernos vencen”, finalizó Grabois.
La delegación, una vez en La Paz, se propone tomar testimonios de personas que hayan sufrido violaciones a los derechos humanos. (Télam)
