No está previsto, por ahora, que la gestión de Javier Milei haga una demanda por el listado de empresas ligadas a causas judiciales, sólo habrá una investigación administrativa; el ambiente interno en el organismo se encuentra afectado por la reformulación de cargos y las revelaciones contra el titular de la DGI
Luego de que el Gobierno dejara trascender que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó un listado reservado de 51 empresas ligadas a causas del kirchnerismo dentro de los sistemas informáticos del organismo al que sólo accedían autoridades del máximo nivel, en la Casa Rosada se limitaron a decir que el ente recaudador va a hacer una “investigación interna” para determinar el origen de esa lista presuntamente irregular.
Pese al impacto que buscaron generar con la filtración, no está previsto, por ahora, que la gestión de Javier Milei haga una denuncia judicial, ni tampoco que se abran sumarios a funcionarios específicos de la ex-AFIP. De ese modo fijaron posición frente a uno de los temas que tiene alterado el clima interno del organismo, que también enfrenta un proceso de reestructuración y denuncias que afectan al titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez.
“Va a trabajar el área de auditoría interna de la AFIP a los efectos de dilucidar los responsables y las fechas de incorporación de esos contribuyentes que no encuadran en el objetivo del protocolo del organismo”, dijo a LA NACION un colaborador del Gobierno al tanto de los pormenores de la acusación por las filtraciones de empresas ligadas a causas del kirchnerismo.
El lunes, el Gobierno denunció mediáticamente que detectó una supuesta red de “protección” a empresarios kirchneristas dentro de la ex-AFIP, a partir de un listado de empresas ligadas al kirchnerismo que fue creado en mayo de 2016 por la gestión de Mauricio Macri.
Archivo
Según la versión que difundió el Gobierno y que fue publicada por el diario Clarín, la cúpula de la entonces AFIP liderada por Alberto Abad y Leandro Cuccioli –designados por Macri– fijó un sistema en mayo de 2016 para “trabar” fiscalizaciones sobre empresarios investigados en la Justicia en causas de corrupción del kirchnerismo, como Lázaro Báez, Cristóbal López o Alejandro Vandenbroele, facilitador de la compra de la ex Ciccone Calcográfica por decisión del entonces ministro de Economía Amado Boudou.
En rigor, en la AFIP existía un “protocolo de personas de trascendencia” previsto para prevenir el tráfico ilegal y la venta de datos de contribuyentes sensibles. La Subdirección General de Auditoría Interna de la AFIP, que durante la gestión de Abad estaba a cargo del contador Néstor Abelardo Sosa, creó este sistema de alertas internas.
Si un agente del organismo ingresaba al sistema a averiguar datos fiscales de políticos, personas políticamente expuestas o celebrities se generaba una consulta al superior del empleado para verificar si se trataba de una fiscalización justificada, de una respuesta a un oficio judicial, o si podía tratarse de una averiguación irregular de información de un contribuyente sensible. En el organismo existe un “memento” que permite rastrear qué agente y qué computadora busca información con secreto fiscal.
El propio Abad, en declaraciones a LA NACION, explicó: “Ordenamos proteger la información sensible sobre un abanico amplísimo de contribuyentes para que quedara registrado si algún funcionario o agente de la AFIP accedía a los datos de alguna de esas personas o empresas, y automáticamente se verificara si su acceso a esos datos estaba justificado o no”.
Según pudo reconstruir LA NACION, la lista de 51 empresas ligadas a causas de corrupción del kirchnerismo que forman parte de la acusación oficial no integraron la nómina del “protocolo de personas de trascendencia”. En el Gobierno no son claros respecto al origen de esa lista y se limitan a decir que van a investigarla para decidir los pasos a seguir.
Lo que fue evidente es que los libertarios cambiaron la narrativa de la acusación. Al principio, señalaron que se trataba de un sistema de “protección” para “blindar” a las 51 empresas de la lista.
CPAC
Cuando, en la noche del lunes, exfuncionarios del macrismo señalaron que esas personas jurídicas y físicas, en rigor, fueron investigadas durante la gestión de Cambiemos, distintos colaboradores del Gobierno salieron a decir que, entonces, se trató de un operativo de “persecución” del macrismo, igualmente ilegal.
Jimena de la Torre, ex número dos de la AFIP durante la gestión de Macri y actual miembro del Consejo de la Magistratura, publicó en X: “Desde Pro jamás se encubrió a los K. Se destaparon todas sus corruptelas y denunciaron en la justicia. Desde AFIP, todo fue denunciado”. A partir de allí, distintos tuiteros libertarios -y también la cuenta atribuida al asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los máximos responsables de la comunicación oficial- salieron en masa en las redes a señalar que el macrismo “confesó” que elaboró “una lista de persecución con la AFIP”. Instalaron el hashtag “Confesá Talerico”, en alusión a María Eugenia Talerico, quien no estaba en la AFIP sino que por entonces era la número dos de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Un exfuncionario de AFIP advirtió: “Lo que parecen tener en común esas 51 empresas es que todas formaron parte de oficios judiciales del -fallecido- juez Claudio Bonadio y de otros magistrados de Comodoro Py en las causas de Lázaro Báez, de Cristóbal López y en la causa Ciccone”.
Incertidumbre
La denuncia que partió de la Casa Rosada contra la gestión de Macri enrareció aún más el clima en el organismo recaudador que ya venía espeso por todos los cambios que se están realizando en la estructura de la entidad.
La versión sobre la lista de los 51 contribuyentes cambió la agenda: se conoció horas después de que LA NACION revelara que el titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, ascendió con su sola firma a su pareja, a la que otorgó un mejor cargo por el doble de su salario al frente de la Dirección Regional Centro II de CABA.
El Gobierno había optado por el silencio cuando este medio reveló que el encargado del ente recaudador no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) propiedades en Miami valuadas en US$2 millones, por lo que fue denunciado penalmente.
Vázquez es un protegido de la Casa Rosada. “Está fuera de discusión su continuidad”, dijeron en Balcarce 50, donde, en general, está fuera de manual retroceder con una designación oficial. La mesa chica de Milei prefiere exhibir fortaleza al interior del organismo empoderando a Vázquez, que tiene una experiencia de 35 años en la ex-AFIP y conoce al dedillo el historial de vínculos del ente recaudador con los servicios de inteligencia.
La contraofensiva mediática que hizo el Gobierno para defender a la gestión actual del organismo recaudador coincidió con las medidas oficiales que tomó el flamante titular de ARCA, Juan Pazo, para cambiar la estructura de la entidad, bajar los sueldos de los directores del organismo y reducir la “cuenta de jerarquización” de los funcionarios de la agencia.
Pazo, en rigor, estuvo al margen de la acusación contra la administración de Macri. Venía preparando desde hace varios días los cambios en ARCA (había tiempo hasta el 22 de enero para presentar la nueva estructura) y la Casa Rosada decidió anunciarlos hoy.
En el ARCA se vive un clima de incertidumbre porque una vez reducida la estructura de los cargos superiores (se suprimieron tres direcciones) ahora se espera una reformulación de la estructura inferior, es decir, de las direcciones y departamentos. La Casa Rosada instó a las autoridades del ARCA a que avancen con una reducción del 45% del organigrama.
“Nadie sabe quién se queda y quién se va, quién va a ser jefe, quién no. Alguno se volvió anticipadamente de las vacaciones”, dijo una fuente muy al tanto del clima interno en el organismo.
Los anuncios de Pazo incluyen la reducción del sueldo del Director Ejecutivo y los directores generales en un 80%. Es decir, del propio Pazo, de Vázquez, y del director de Aduanas, Andrés Velis. Además, se anunció un plan de retiro anticipado, para aquellas personas que cumplan determinados requisitos, y puedan tener una salida previa a su jubilación.
“En la gestión de Alberto Fernández se incorporaron a la planta permanente del organismo unas 3100 personas. La idea es con las jubilaciones del 2024, las del 2025 y el plan de retiro anticipado se llegue a compensar ese número”, dijo a LA NACION una fuente oficial.
