Un escándalo sacude a la comisaría de Lastenia, luego de que tres vecinos denunciaran a sus principales autoridades por detención ilegal, golpizas y presunta extorsión a detenidos. El hecho, ocurrido el pasado 10 de marzo, involucra directamente al jefe de la dependencia, Páez, y al subjefe, Gerardo Racedo, quienes habrían mantenido privado de su libertad a uno de los denunciantes durante 12 horas, agrediéndolo físicamente y exigiéndole dinero para dejarlo en libertad.
Según la denuncia presentada ante la Fiscalía de Delitos Complejos, que encabeza Mariana Rivadeneira, la víctima identificada como R.A.J., fue interceptada por la Policía mientras conversaba con una amiga en una verdulería. Sin mayor explicación, efectivos de una camioneta policial lo obligaron a trasladarse a la comisaría junto a su amigo V.G., que lo esperaba en su auto. Una vez en la sede policial, Racedo le informó que tenía una causa por violencia de género y un presunto pedido de captura.
“Le dije que se trataba de un error, pero él comenzó a insultarme y sin mediar palabra, me golpeó brutalmente en la cara, el oído y el ojo izquierdo”, relató R.A.J. en su denuncia, quien también indicó que fue encerrado en una oficina sin acceso a defensa ni notificación formal. El médico forense del MPF evalúa actualmente las lesiones, que incluyen serias complicaciones en la visión.
Mientras esto ocurría, M.B.G. y V.G., amigos del detenido, llegaron a la comisaría para interiorizarse sobre la situación. Según su abogado, Héctor Euduro González, M.B.G. intentó defender a su amigo pero fue empujada y golpeada por el mismo oficial. Luego, ambos fueron también arrestados, en lo que se denunció como una represalia sin causa justificada.
Uno de los aspectos más alarmantes de la denuncia radica en el testimonio de R.A.J., quien relató que al día siguiente fue llevado a una oficina donde estaban Racedo y Páez. Allí, según sus palabras, le exigieron $ 500.000 para dejarlo en libertad, oferta que más tarde se rebajó a $ 300.000.
Como se negó, fue devuelto a la celda y liberado recién a las 10 de la mañana, sin que mediara firma de ningún acta de detención. “Si aparece algún papel, lo habrán hecho después. No me sorprendería que estén armando pruebas”, alertó el abogado.
El denunciante también relató que, durante su estadía, otros detenidos le contaron sobre el funcionamiento de un presunto “sistema paralelo” dentro de la comisaría. Según sus dichos, existía una “habitación VIP” equipada con camas, televisión y acceso a teléfonos, a la que se podía acceder pagando $ 150.000. Allí, los presos gozaban de un régimen de semilibertad.
La Fiscalía ya ordenó pericias médicas para las víctimas, quienes presentan escoriaciones y hematomas visibles. Desde el Ministerio de Seguridad de Tucumán informaron que no estaban al tanto del episodio, pero que se colaborará con la Justicia y se iniciará una investigación administrativa interna para esclarecer lo ocurrido.
El caso genera preocupación por la posible existencia de un esquema de corrupción y abuso dentro de la fuerza. De confirmarse los hechos, no sólo implicaría graves violaciones a los derechos humanos, sino que también pondría en jaque el accionar de una de las dependencias policiales más importantes del Gran San Miguel de Tucumán.
