“Vamos a insistir con la aplicación de la Ley de Narcomenudeo. Es una deuda que no podemos seguir manteniendo”, aseguró el gobernador Osvaldo Jaldo al anunciar que espera que la Corte Suprema de Tucumán defina una medida cautelar que frena su aplicación. El interés no es nuevo. En junio de 2019, horas después de haber sido reelecto como vicegobernador anunció que insistiría en la provincialización de la lucha contra el microtráfico de la droga.
“Eso es lo que nos pidió la gente durante la campaña y es lo que debemos atender”, explicó en esa oportunidad. Sin embargo, por diferentes razones, la norma no entró en aplicación. La polémica por la Ley de Narcomenudeo está a punto de cumplir ocho años. Con esta normativa se dio una dinámica común. Las propuso el oficialismo y la oposición sugirió modificaciones, que a veces fueron tenidas en cuenta y otras veces no.
Más allá de las diferencias, siempre fueron aprobadas por amplios consensos. Muy pocas veces se observaron votos en contra de los legisladores. Aun así, nunca se logró que entrara en vigencia. En 2014, con José Alperovich como gobernador, se aprobó la primera iniciativa. A meses de que se aplicara efectivamente, el ministro Público Fiscal Edmundo Jiménez presentó ante la Corte una medida cautelar para evitar su puesta en vigencia.
Ya que consideraba que no estaban dadas las condiciones para que se pusiera en marcha. El máximo tribunal le dio la razón y frenó su aplicación. Cinco años después, el anuncio de Jaldo se hizo realidad. Se sancionó otra ley para tratar de burlar la traba legal que le había impuesto la Corte. Debería haber entrado en vigencia el 1 de enero de 2020, pero por diferentes problemas no se puso en marcha.
Y, días antes, la Cámara postergó su aplicación para el 1 de septiembre. El 28 de agosto de ese año, con los votos de los vocales Daniel Leiva, Claudia Sbdar, Antonio Estofán y Daniel Posse, la Corte frenaba la instrumentación por considerar que la norma era inconstitucional. Se volvió a prorrogar su puesta en marcha, para el 15 de abril, pero la historia se repitió. La última palabra sigue siendo del máximo tribunal.
“La Justicia se está resistiendo a que se aplique esta ley. Está pasando lo mismo que con el nuevo Código Procesal Penal. Se lo comenzó a aplicar después de mucha resistencia y hoy se están viendo los resultados. Se quintuplicaron las condenas de delincuentes”, explicó Jaldo. “A la inseguridad hay que atacarla por todos los frentes, y esta problemática es uno de ellos. Hay una decisión política de solucionar la crisis carcelaria y acabar con este flagelo”. El gobernador interino dijo que esta es una situación que debe definirse de manera urgente.
“El Poder Ejecutivo dio todas las herramientas necesarias para que la norma se implemente. No podemos seguir dilatando esta cuestión: el narcomenudeo no para de avanzar”, insistió. Jaldo consideró que con la norma no se pretende competir ni obstruir el trabajo de la justicia federal. “Queremos colaborar con ellos porque sabemos perfectamente de todas las dificultades que tienen en estos momentos”, finalizó.
