El vocal de la Cámara Civil y Comercial de Tucumán, Benjamín Moisá, se quejó por las sucesivas prórrogas de la feria extraordinaria que ordenó la Corte Suprema por la pandemia de coronavirus, y ordenó un sistema propio de trabajo en su juzgado.
Señaló que las decisiones de la Corte derivan en “una suspensión indefinida de los procesos judiciales, ocasionando un perjuicio evidente a la debida y oportuna administración de justicia”.
Moisá remarcó que en su tribunal no está vigente el expediente digital, y que ni él mismo ni gran parte de los abogados del foro cuentan con “firma digital”.
“En caso de ser necesaria una presentación, los escritos deberán ser redactados en soporte papel, y firmados de puño y letra por las partes y los profesionales”, indicó el magistrado.
“Tales escritos serán recibidos exclusivamente por Secretaría de esta Cámara, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, debiendo dichos profesionales anunciarse en la Guardia de Prevención Policial” en el edificio de Tribunales de Barrio Sur.
La postura de Moisá se contrapone con la acordada de la Corte Suprema, que decidió implementar la firma digital y la transferencia electrónica de los escritos judiciales.
La decisión de Moisá, según algunos abogados, pondría en riesgo de contagio tanto a los propios letrados (quienes no están exceptuados del cumplimiento de la cuarentena), como a los empleados judiciales que se desempeñan en dicha Cámara, y que deben hacerse presentes en Tribunales en lugar de trabajar en forma digital desde sus domicilios.
Muchos abogados y empleados judiciales además se encuentran entre los grupos de riesgo de contraer coronavirus.
