La acusación que llevó a juicio oral a Cristina Kirchner sostiene que desde su gobierno y diversos “organismos estatales vinculados a la obra pública, se “montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz“, lo que representó la contratación del Estado “en favor de Lázaro Báez” por más de 46.000 millones de pesos”. Este martes, un ex inspector de obra declaró como testigo sobre irregularidades en una ruta millonaria que tuvo el empresario K.
Durante la instrucción del caso, los fiscales determinaron que la provincia de Santa Cruz fue elegida para el obrar “mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo”. Esto se puso en marcha, según el dictamen, a través de “la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia”.
Estas acusaciones se construyeron en base a la prueba documental. Parte de la misma por los trabajos de auditoría que impulsó Vialidad Nacional durante la gestión macrista, que puso la lupa sobre las licitaciones otorgadas al Grupo Austral.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) presidido por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, junto a sus pares Andrés Basso y Jorge Gorini, escucharon el testimonio de Martín Cergneux.
See trata de un ingeniero civil que trabajó en Vialidad provincial en Santa Cruz como inspector de obras. Durante la etapa de instrucción hizo particular referencia a la Ruta 9, una de las 51 licitaciones adjudicadas a Austral Construcciones. Fue en el año 2007 para obras básicas y enripiado (no pavimento).
La obra comenzó el 6 de marzo de 2007 y debía terminar en 36 meses. A diciembre de 2015 el trabajo se había ampliado a 105 meses y no se había concluido. La licitación fue de 238.284.064 pesos, pero se ejecutaron 525.860.212 pesos. El avance entonces era del 90%. La justicia reprochó el dinero que se terminó pagando para un trabajo sin terminar.
“Vi que en esa ruta había grandes inconsistencias, mucha obra certificada pero no ejecutada“, había declarado durante la instrucción Cergneux, y explicó que por ese motivo “me negué a firmar esos certificados. Si yo firmaba el certificado 6 avalaba los certificados anteriores de obras que no estaban realizadas”.
Este martes, ante el TOF 2, el ingeniero se refirió a esa obra al momento de iniciar su declaración testimonial, y dejó expuestas algunas irregularidades que rodearon al contrato: “Cuando empecé como inspector de esa obra me encontré con que había certificados emitidos hasta ese momento por obras que no estaban ejecutadas”. Cuando se le preguntó en base a qué documentación podía afirmar eso, explicó que se basó en los pliegos como en los propios certificados.
Al momento de dar detalles sobre esa falta de concordancia entre el avance de obra y los certificados firmados, especificó: “Yo pasaba todos los días por esa obra y veía lo que pasaba, pero había declarados acopio de material que no estaban, el volumen declarado hubiera sido un acopio de dimensiones considerables pero nunca lo vi y la obra eran esos diez kilómetros”.
La imputación con la que se dio inicio al juicio sostiene que cada una de las irregularidades en relación las 51 licitaciones, “permitieron configurar el esquema de beneficios exclusivos diseñado en favor de Lázaro Báez“. Las principales anomalías bajo investigación, denunciaron la “connivencia y tráfico de información con Báez” y “falta deliberada de controles” exponiendo “la complicidad de funcionarios”.
Uno de los puntos refiere al cobro de certificaciones de obra que no guardaban relación con el avance declarado al momento de reclamar dichos fondos. “Semejante cantidad de terraplenes en esa ruta que yo inspeccioné y ese acopio de materiales no estaban, por lo que no acepté firmar el certificado, que era el número seis. Se decidió que los firmaba otra persona y yo sólo hacía los controles de calidad”, declaró Martín Cergneux.
En este punto se explayó un poco más, “se certificaban algunos metros más de lo que se ejecutaba. Me ha pasado dos o tres veces, por ejemplo había 1.000 metros realizados y me pedían que firme certificaciones por 1.500”.
El certificado seis que era el que le pidieron firmar, decía que se habían ejecutado casi 183.187 metros cúbicos de terraplén con compactación especial y 287.300 metros cúbicos de acopio de ripio, lo cual alcanzaba para hacer entre el 30 y 40% de la obra “pero no estaba acopiado, porque sólo había 10 km de proyecto hecho, es decir solo 5% de la obra básica con planimetría y rasantes”, explicó el ingeniero. Por ese motivo se negó a firmar.
Al momento de referirse a los anticipos de obras, Cergneux señaló que “en las obras que estuve hubo anticipo financiero siempre”. Se trata de la Ruta 9, un tramo sobre Ruta 3 y el contrato para las tareas en Ruta 288.
Durante la audiencia del lunes, el ex asesor de Vialidad Nacional Alejandro Mon había explicado que de los 1.300 pagos adelantados que realizó bajo esa resolución Vialidad Nacional “88% fueron para las empresas del Grupo Austral, para obras en Santa Cruz. El 11% fueron para empresas del Grupo Austral para Chubut, Formosa y otra provincia, y solamente doce pagos fueron para otros contratistas”.
