“Somos gente de la política, tenemos que llegar a un acuerdo”, lanzó Daniel González, el socio de Edgardo Kueider, delante de un puñado de funcionarios de Diamante, una pequeña ciudad de Entre Ríos. Faltaban varios meses para que explote el escándalo de su jefe político. “Gonzalito”, como lo conocen todos en esa provincia, intentaba rescatar su negocio. ¿O el de Kueider? Una de sus empresas había sido autorizada, antes de las elecciones, para instalar una red de fibra óptica en 500 manzanas de esa ciudad. La trama de ese negociado revela que el ex senador estaba detrás de todo. Se puso como garante en un contrato de alquiler. Y hasta le cedió a su secretaria un poder amplio para manejar la empresa.
ICELER se fundó en junio del 2023 y se inscribió en la Ciudad de Buenos Aires para la explotación de servicios de comunicación audiovisual y radiodifusión, y de tecnologías de la información. En ese momento, González, socio de Kueider y dueño de la camioneta con la que el ex senador cruzó la frontera varias veces, informó un domicilio en Combate de los Pozos 162, a dos cuadras del Congreso.
Esa oficina fue allanada dos veces en el mismo día. Primero por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, y luego por pedido del fiscal de Concordia, José Arias. En ese segundo procedimiento, a cargo de la Unidad Anticorrupción de la Policía Federal, se secuestró el teléfono de la socia de González, la abogada Adriana Crucitta.
Al poco tiempo de su creación, la empresa de González, al menos en los papeles, consiguió un negocio millonario en Diamante, gobernada en ese entonces por Juan Carlos Darrichón, otro aliado político del ex gobernador Gustavo Bodet. A partir de ese momento, apareció en escena la secretaria de Kueider, Iara Guinsel Consta.
El 21 de septiembre del año pasado, González, como presidente de ICELER, le otorgó a la joven un poder amplio de administración que le permitía manejar el rumbo de la empresa. El documento, al que se tuvo acceso, sostiene que fue una decisión del directorio “para agilizar el movimiento de la empresa”. Esa “decisión” se había tomado apenas 48 horas, el 19 de septiembre.
El 21 de septiembre del año pasado, González, le otorgó un poder amplio general de administración a Iara Guinsel Costa.
Las obras en Diamante se pusieron en marcha de manera desordenada. Recién el 16 de noviembre, a través de la resolución 873/23,Darrichón, que ya había perdido las elecciones a manos de Ezio Gieco, le otorgó un permiso de ocupación a la empresa ICELER “para colocar postes propios y la utilización de los existentes, a hacer uso del suelo, espacio aéreo y subterráneo, con el objetivo de instalar un tendido de red de fibra óptica y brindar un servicio de internet”.
“Se le dio permiso a la empresa sin que lo pida. Además, se otorgó el uso del espacio sin pagar gravámenes ni tasas”, denuncia Gieco, actual intendente y presidente del partido “Unión Vecinal”, integrante del frente electoral que llevó a la gobernación a Rogelio Frigerio.
La resolución firmada por el ex intendente luego de perder las elecciones.
Kueider no solo puso a su secretaria al mando de la empresa, con un poder amplio, sino que salió como su garante al momento de alquilar un local en el centro de Diamante. Ese contrato, revelado por la revista Análisis, detalla que se trataba de un local de 280 m² en las calles Domingo Dasso y Eva Perón.
Los inquilinos se comprometían a pagar apenas $200 mil mensuales, a partir del 1 de julio de 2023 y durante el plazo de tres años. Lo más llamativo figura en la cláusula décimo octava, donde aparecen González y Kueider como fiadores. El primero con su sueldo de empleado de la Biblioteca del Congreso, y el ex senador con su recibo de sueldo. Concretamente, el contrato dice que Kueider “garantiza el pago con los recibos de sueldo emanados por el HONORABLE SENADO DE LA NACION”.
Kueider salió como garante de su secretaria con su recibo del Senado.
Tras la salida de Darrichón de la Municipalidad, las nuevas autoridades intimaron a ICELER a presentar toda la documentación porque la empresa ni siquiera estaba habilitada. Le dieron un plazo de 30 días para regularizar la situación. Apenas 24 horas antes de la fecha límite, a la hora de la siesta, González se presentó en la sede del Municipio. “Somos gente de la política, tenemos que llegar a un acuerdo”, lanzó delante de dos testigos. Fueron solo promesas.
El actual intendente hizo caer la obra y le dio 90 días para que retiren los obradores de las calles de Diamante. En ese momento apareció en escena la joven secretaria de Kueider: pidió más tiempo y hasta amenazó con una demanda judicial.
Fue la última aparición de los representantes de ICELER. Tras la detención del ex senador en Paraguay, el 4 de diciembre pasado, no hubo más rastros de la empresa. “Abandonaron todas las obras, el local que tenían se alquiló a otra gente. Como nadie se presentó, nos apropiamos de toda la red de fibra óptica”, contó Gieco ante una consulta de Infobae.
En una primera etapa, la empresa de González (y Kuider) apuntaba a colocar fibra óptica en 500 de las 850 manzanas que tiene Diamante, un negocio de $500 millones, a valores de mediados del año pasado. No llegaron a 400 manzanas.
Pese al escándalo de Kueider, brotaron los emisarios políticos de Kueider. Uno de los interesados en la red que había dejado ICELER fue la empresa Internet Plus, ligada al ex senador. “Buenos días Ezio, mi nombre es Facundo Fernandez de la firma internet plus. el motivo de mi contacto es por un tema de un tendido de fibra óptica en su cuidad donde se notifico a la anterior firma de sacarlo en un plazo de 90 dias que culmina ahora es septiembre ese plazo (sic)”, fue uno de los mensajes que recibió el actual intendente.
Kueider y su secretaria cumplen prisión domiciliaria en un edificio de Asunción.
Cómo siguen las causas judiciales y el futuro de Kueider
Kueider y su secretaria cumplen prisión domiciliaria desde el 6 de diciembre en un departamento de lujo de Asunción, por el intento de contrabando de USD 211.000, que les fueron incautados sin haberlos declarado cuando intentaban ingresar a Paraguay desde Brasil.
Los fiscales de Paraguay que investigan al ex senador avanzan a paso lento y con muy bajo perfil. Apenas trascendió esta semana que recibieron documentación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sobre la empresa Golsur, utilizada por Kueider y Ginsel Costa para intentar justificar el dinero. Esos primeros datos confirmarían que era una firma fantasma que había sido comprada hace poco para hacer una o varias operaciones inmobiliarias en Asunción.
En nuestro país hay dos causas sobre el patrimonio de Kueider: en la Justicia de Concordia, a cargo del fiscal José Arias, y en la Justicia Federal de San Isidro, en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, donde también investigan los sobornos de la empresa Securitas. Esos dos últimos expediente están conectados porque el ex senador habría participado de la trama ilegal. Kueider aparece en mensajes de Whatsapp entre los empresarios entrerrianos Claudio y Marcelo Tórtul, responsables de la filial local de Securitas.
El fiscal Arias está enfocado en las empresas de Kueider y de todo su entorno. Por eso, en los últimos días hizo allanamientos y le secuestró los teléfonos a Daniel González, socio y dueño de la camioneta que utilizó el ex senador para viajar a Paraguay, y a la abogada Adriana Crucitta, que aparece en varias firmas junto a “Gonzalito”.
Arias también investiga los viajes del ex senador al exterior desde 1999, cuando ingresó a la política. En ese capítulo apareció un dato llamativo: en agosto de 2019 Kueider se subió a un vuelo privado, rumbo a Paraguay, junto al entonces gobernador Gustavo Bordet. En principio, habría sido un viaje oficial. Pero no fue su único viaje a ese destino. Fue seis veces en 2024, dos en 2019, y 1 en 2016 (también en un vuelo privado).
En estos años también hizo decenas de viajes terrestres a Uruguay. Por eso, el fiscal Arias investiga si hubo movimientos bancarios o inversiones de otros tipo en ese país.
