Mercedes Marcó del Pont denunció la “persecución política” y el “hostigamiento fiscal” de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el gobierno de Mauricio Macri.
En la denuncia, que tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita, la titular del organismo recaudador presentó documentación expondría las graves irregularidades a las que fueron sometidos la expresidenta y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, durante las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli.
En las dos auditorías internas realizadas, que llevaron varios meses, los investigadores se encontraron con irregularidades, errores groseros, funcionarios puestos a dedo y grupos de control, entre otras cuestiones. El trabajo pasó por distintas áreas del organismo, entre ellas la Dirección General Impositiva (DGI), la principal oficina para recaudar y fiscalizar, que lidera Virginia García, excuñada de Máximo Kirchner y funcionaria cercana la vicepresidenta.
Desde el macrismo rechazaron la acusación. “No los perseguimos ni los hostigamos. A todos los contribuyentes se los trató igual”, dijo a LA NACION Jimena De la Torre, exmano derecha de Cuccioli. Y agregó: “Jamás tuvimos una bajada de línea para perseguir a nadie”.
Se trató de una ampliación de la denuncia que presentó en febrero la expresidenta, en la que acusó a la Justicia, la AFIP y al Ministerio Público Fiscal de impulsar el Lawfare es su contra y donde afirmó que durante el gobierno de Macri fue objeto de una “una operación en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal para perjudicarla”.
Si bien la denuncia está focalizada en Abad y Cuccioli -que tras su paso por la administración pública se fue a vivir al exterior-, desde el gobierno nacional lo vincularon directamente a Macri. “Se supone que Macri estaba en conocimiento. Estamos muy seguros de los resultados”, dijeron fuentes oficiales.
En la providencia que firmó Marcó del Pont, explicó que “en la investigación realizada quedó demostrado que al tratar los casos de la vicepresidenta y de sus hijos se incurrió en graves apartamientos de la normativa vigente, en menoscabo de sus derechos”.
Según enumeró, “se prescindió de la participación de Cristina Kirchner en procedimientos de determinación de oficio de sus obligaciones tributarias, aun cuando resulta ostensible que se contó con la evidente posibilidad de otorgarle intervención y, así, dar acabado cumplimiento a las normas legales vigentes”. Es decir, solo la notificaron de la investigación en el final del proceso, lo que no le permitió una defensa apropiada, según detallaron fuentes oficiales.
También se detectaron “irregularidades en el análisis de las fiscalizaciones de las situaciones patrimoniales” de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, lo que derivó en la “formulación de cargos inexactos”. Otro punto que observó la investigación interna, que llevó unos seis meses, fue que hubo una “selección de los funcionarios intervinientes” y que se montó un grupo especial de trabajo. En total, durante los cuatro años del gobierno anterior, se contabilizaron miles de búsquedas sobre la vicepresidenta y sus hijos.
“El que antecede constituye un grave señalamiento, considerando la arbitrariedad manifiesta que conlleva la intervención de funcionarios especialmente elegidos por la administración tributaria para escrutar la situación patrimonial de quien entonces era la principal dirigente política opositora”, escribió Marcó del Pont.
La mención de grupos de trabajo causó gracia en el macrismo. “Armar un grupo de trabajo para llevar adelante un caso complejo es normal, pasa en cualquier ámbito. Es una construcción que les gusta hacer”, se defendieron desde Pro.
Como conclusión, la titular de la AFIP detalló que Cristina Kirchner “fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros elementos del Estado”.
