En la semana que pasó para nunca volver, el oficialismo incorporó un artículo para que el Poder Judicial pague impuesto a las Ganancias en 2023. Según explicó el secretario de la comisión que trató el proyecto, aplicaría a “los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales”.
Sin embargo, cabe señalar que la casta judicial, puso el grito en el cielo. Acostumbrada a todo tipo de privilegios y a percibir haberes que en promedio representan 7 veces el costo de la canasta familiar; se niegan a pagar un impuesto que para el común de los trabajadores representa un saqueo al salario.
Ahora bien, cabe preguntarse: ¿Cuánto ganan jueces y fiscales? A septiembre 2022, según publica la Corte Suprema de Justicia, el ingreso básico de un Juez de la de la Corte es de $1.113.000. Además, según publica el Poder Judicial de la Nación, un juez de Cámara y de Cámara de Casación, recibe $920.000 y $960.000, mensuales.
En ese marco, es menester dar cuenta acerca de que, a julio 2022, según publica el Ministerio Público Fiscal, el Prosecretario general de la Nación, recibía $1.050.000 mensuales. Fiscal general de la Procuración y Fiscal general, $870.000 mensuales. Fiscal de 1° instancia, $670.000 mensuales.
Mientras que el promedio de los trabajadores de la Argentina, no llega siquiera al alcanzar ni por asomo los $128.000 que representa el costo de la canasta básica (sin contar alquiler). En este marco, cabe diferenciar casta de empleados. Es decir, se hace necesario poder separar la paja del trigo.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) agremia a la casta que detenta el poder de la Justicia; mientras que la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), reúne a sus trabajadores. Dentro de la AMFJN, las dos fracciones mayoritarios rechazan pagar impuesto a las Ganancias.
Tanto su actual presidente, Marcelo Gallo Tagle, de cercanía política a Juntos por el Cambio; como el juez Alberto Lugones, que presidió la asociación durante el gobierno de Macri, de mayor afinidad al kirchnerismo. Uno de los argumentos que esgrimen es el de garantizar una Justicia independiente.
Pero, lo cierto es que sus privilegios e ingresos millonarios, los alejan de la realidad diaria del pueblo trabajador y pobre. Por el contrario, sus condiciones de vida los acercan mucho más a los ricos y poderosos del país, siendo una casta que administra la justicia al servicio de las grandes patronales.
“Que cobren lo mismo que un trabajador”, es una consigna que en la semana que se esfumó para jamás regresar caló profundo en medio de una sociedad cada vez más empobrecida y sensibilizada crisis social y económica que no da respiro ni tregua alguna a la inmensa mayoría de los argentinos.
Sobre el tema, el diputado Nicolás del Caño expresó: “Estamos de acuerdo en que los jueces paguen ganancias. Además, planteamos que cobren lo mismo que un trabajador. Decimos terminar con las jubilaciones de privilegio de jueces, expresidentes, exvicepresidentes y demás. Son un privilegio absoluto y hay que terminar con esto.
En este contexto, nunca faltan los que le hacen el juego a la casta siendo en verdad sus cómplices. Tal es el caso de Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), rechazó que se aplique el impuesto a las ganancias a los trabajadores de la justicia.
Aunque evitó hacer la pertinente diferenciación con el gremio de magistrados. La única verdad es la realidad y lo cierto es que hace años que los trabajadores de distintos sindicatos y sectores del país, vienen reclamando que se los exima de pagar este impuesto, ya que el salario no es ganancia.
Al mes de noviembre, el piso para éste impuesto aplicará para salarios de $330.000 brutos, sin descuentos. En ese sentido, hay que indicar que hay una contradicción básica: esto se debe a que el salario es lo opuesto a la ganancia que las patronales obtienen de las horas de trabajo no pagas (plusvalía).
Todos los trabajadores bajo convenio deberían estar exceptuados de pagar este impuesto, no así los gerentes y quienes cumplen funciones vinculadas al comando empresarial. Mientras tanto, muchas rentas financieras que juegan en la bolsa de valores, no pagan impuesto a las ganancias.
Además, pocos están al tanto de que los que más pagan son los trabajadores y pobres. Esto se debe al hecho de que la mayor recaudación impositiva del Estado proviene del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que pagan por igual en cualquier consumo, tanto trabajadores de bajos ingresos, desocupados, como grandes empresarios.
Es por ello que es necesario cambiar esta matriz impositiva profundamente injusta; orientando la recaudación con impuestos progresivos sobre los jueces que, además, constituyen el poder más importante dentro de los que se divide la República en materia de control del Estado, así como de la corrupción.
Se trata de una justicia que, en muchos casos, en realidad no actuarían, sino que mirarían para otro lado. Sin embargo, los jueces y fiscales están al pie del cañón cuando les tocan el bolsillo millonario y es entonces que salen a lo loco a denunciar persecución.
Un poder del Estado que se siente “perseguido” cuando de tributar se trata, pretendiendo recibir un trato diferenciado y olvidando un principio básico de que todos somos iguales ante la ley, bueno todos, salvo esta miserable “casta judicial”…
