Las denuncias de los presos que sufren castigos en la cárcel de Villa Urquiza llegarán a la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Aunque no se desarrollará una audiencia pública para conocer los detalles del escandaloso caso, los miembros del máximo tribunal resolverían en los próximos días un habeas corpus colectivo que solicitó el defensor de varios de los detenidos que vienen aportando datos y pruebas sobre el tráfico de drogas en el penal.
Hace más de una semana, el defensor Gustavo Morales presentó un pedido para que se atendiera a los internos que aún permanecían en esa unidad carcelaria y que, según sus dichos, estaban soportando amenazas y malos tratos por parte del personal del servicio penitenciario para que no siguieran denunciando irregularidades.
“Una vez más emerge otro gran negocio a través de las rejas, que es la venta de estupefacientes en las Unidades 1 y 2, poniendo a varios reos en una posición extremadamente delicada”, denunció el profesional en el escrito en el que solicita la medida cautelar.
“La negativa inmediata a esta delictiva propuesta, la pérdida laboral; el armado de infracciones inexistentes; la demora excesiva en el pago de los peculios o directamente en la falta de pago de las actividades que realizan diariamente con responsabilidad”, expresó en el texto. “No cabe duda que este dezleneable accionar del personal del servicio penitenciario no sólo es conocido, sino también avalado por las máximas autoridades del penal”, agregó.
Morales también señaló que sus defendidos están en condiciones de denunciar algunas irregularidades que se producen con la comida de los reclusos. “No sólo saben de algunos negociados sobre la compra y venta de la carne, sino que además se les da para comer arroz y fideos en mal estado, y se los sirven en tachos que están a la par de los baños y están colapsados”, insistió.
El trámite
El pedido de habeas corpus fue presentado en el juzgado de Instrucción de Facundo Maggio, que se encontraba de turno. El juez se inhibió y envió el planteo al Juzgado de Ejecución y Sentencia de la capital, que está a cargo de Roberto Guyot, que hizo lo mismo porque fue denunciado por los presos.
Morales solicitó un per saltum, es decir, que el caso sea tratado por la Corte Suprema, ya que se trataba de una situación que merece una rápida resolución. El expediente, según confirmaron fuentes del máximo Tribunal, fue remitido al Ministerio Público Fiscal (MPF) para que, tal como establecen las normas procesales, diera a conocer su opinión sobre el asunto. “Estimo que el lunes ya tendrán la respuesta y deberán resolverlo en el transcurso de la semana. Los detenidos la están pasando mal porque sufren todo tipo de persecución para que no declaren”, insistió el letrado.
La medida que interpuso el abogado es para internos que hasta el momento no declararon en la Justicia Federal ni en la ordinaria por el tráfico de estupefacientes y las irregularidades que se están cometiendo. Según confió el letrado, al menos cuatro personas pueden aportar nuevas y valiosas pruebas sobre el caso.
Morales defiende a Gonzalo Giri y Atanacio Ledesma, reos que denunciaron haber sido torturados en reiteradas oportunidades por haberse negado a vender las drogas que supuestamente le entregaban los guardiacárceles. También asumió la querella del reo que dijo haber sido abusado sexualmente por un compañero de encierro por la misma razón, y asesora al interno que confirmó la versión del violento ataque.
Estos cuatros presos, por orden de la Justicia, fueron alojados en el Destacamento Falivene, donde reciben una protección especial. La Policía, ante el reclamo de los vecinos y los pedidos del Poder Judicial, reforzaron la presencia de efectivos y las medidas de seguridad para evitar todo tipo de inconvenientes.
