“Ya nació!”, gritó Paula desde el baño de su casa. Su mamá, desesperada, le exigía a la obra social una ambulancia con urgencia porque su hija no podía caminar. No solo el parto se desencadenó inesperadamente. También el embarazo. Paula se enteró el día anterior cuando fue a atenderse por los dolores que tenía.
El médico de guardia del Sanatorio San José, en la ciudad de Buenos Aires, le dijo que tenía un embarazo de cuatro semanas. Le recetó buscapina y paracetamol para que tomara cada seis horas, no le hizo ningún examen ginecológico, le dio de alta y le dijo: “los dolores ya se te van a pasar”
Pero Paula tenía un embazado a término, de 36 semanas, y su hijo nació muerto. El médico que la atendió en rigor no lo era. No estaba inscripto en el Ministerio de Salud de la Nación y el número de matrícula con la que ejercía no existe. Ahora es buscado por la muerte del bebé de Paula y por el caso están acusados y en instancia de juicio oral y público el director del sanatorio y el jefe de guardia por el delito de homicidio culposo.
La historia comenzó el 17 de febrero de 2016 cuando Paula -su nombre completo se mantendrá en reserva- amaneció con fuertes dolores en la panza y la vagina. A la tarde fue a la guardia del Sanatorio San José. El médico Alvaro Jesús Teran le ordenó un análisis de sangre completo y una ecografía abdominal y otra transvaginal. Luego terminó su turno. Quién comenzó a atender a Paula fue Félix Lovato, quien le dijo que tenía un embarazo de cuatro semanas y una infección urinaria. No le hizo las ecografías, le dio buscapina y parecetamol y el alta a las 23 horas y le indicó que volviera al día siguiente para controlar el embarazo.
Paula volvió a su casa, se acostó a dormir y a las 2.30 volvió a sentir los dolores abdominales cada vez más fuertes. Su mamá llamó al sanatorio para pedir una ambulancia y le dijeron que no tenían. Se comunicó con la obra social de su hija -del sindicato de pasteleros- y mientras reclamaba una urgente atención porque por los dolores su hija no podía caminar escuchó a Paula desde el baño: “Ya nació!”. La ambulancia llegó a las 4.30 y la trasladaron nuevamente al sanatorio San José. Paula, de 25 años, llegó a la clínica con su bebé atado al cordón umbilical.
Allí le dijeron que el nene había nacido muerto por doble circular de cordón y placenta. El niño pesó 3.600 gramos y le informaron que su embarazo en rigor era de 36 semanas y que ya estaba en término. Por la muerte del bebe se inició una causa judicial que estuvo a cargo del juez de instrucción Alejandro Ferro.
Lo primero que se constató fue que Lovato no era médico. Su nombre no figura como profesional en el Ministerio de Salud y la matrícula con la que ejercía -159.429- y que pone en sus ordenes, no existe. La investigación también determinó que no hay constancias de que Lovato haya trabajo en la clínica. Solo un intercambio de mails en los que se pide que le paguen las suplencias que había hecho a comienzos de febrero. En el expediente judicial tampoco queda claro su nombre: aparece como Lovato o Lovat. Hoy está con “búsqueda de paradero” ya que hasta ahora no fue encontrado después de distintas medidas de prueba. Eso significa que lo buscan y técnicamente no está prófugo porque no pudo ser notificado de la causa.
Paula declaró en la causa que nunca supo que estaba embarazada. Contó que tuvo todos los meses su ciclo menstrual, que no notó cambios en su cuerpo, siguió usando la misma ropa y tenía una vida normal. Dijo que había subido un poco de peso, lo que no le llamó la atención porque siempre le pasaba y porque había empezado a trabajar en una casa de comidas rápidas.
El médico del Cuerpo Médico Forense que intervino en la causa concluyó que en la atención de Paula hubo mala praxis. El doctor Carlos Poggi sostuvo que de los propios análisis de laboratorio surgía un embarazo a término que requería un examen obstétrico completo y hasta una internación. “Llama la atención que en una paciente de edad fértil que consulta por dolor abdominal y que tenía en su vientre un feto de 3.600 gramos, que expulsó en el corto plazo, no haya constancia del examen abdominal en dicha consulta, dado el tamaño del abdomen debía haber llamado la atención del profesional actuante”, concluyó el perito.
Pero nada de eso ocurrió porque a Paula no le hicieron las ecografías. A partir de la mala praxis del médico de guardia surgió en la investigación una pregunta: ¿cómo una persona sin matricula y que no está inscripta en el Ministerio de Salud puede ejercer la medicina? Y la respuesta de la justicia fue por qué las autoridades de la clínica lo permitieron. Y por eso la responsabilidad judicial recayó en Pablo Da Ponte, director médico del sanatorio San José, y del jefe de guardia, Luis Camputaro. Los dos responsables de la contratación de los médicos.
“Los imputados no cumplieron el mandato que los obligaba a evitar la producción del resultado, que consistía en llevar un debido control sobre el personal contratado para ejercer la medicina y supervisar sus actuaciones”, sostuvo el juez Ferro en la resolución en la que procesó a los médicos por el delito de homicidio culposo.
El magistrado explicó que la contratación de un médico tiene un procedimiento: el jefe del área lo propone y la dirección médica lo habilita. En este caso, ambos acusados se responsabilizaron mutuamente, según surge de sus declaraciones indagatorias a las que accedió Infobae.
El director médico Da Ponte, que sigue en el cargo, reconoció que la contratación de los médicos tenía su aprobación final pero a propuesta de cada jefe de área, ya que las tareas estaban delegadas. También sostuvo que había contrataciones excepcionales por vacantes momentáneas sobre todo en la guardia, donde en los cambios de turno los médicos avisaban que no podían ir. Explicó que en esos casos al reemplazante solo se le pedía documento de identidad, la matricula y el seguro de praxis y que así trabajaban durante siete días hasta que toda la documentación sea regularizada. Y que esa tarea quedaba a cargo del jefe del área.
Por su parte, el jefe de guardia Camputaro dijo que no tenía la facultad de contratar médicos y que esa tarea era de la Dirección Médica. Que él solo avalaba la documentación de quien se postulaba y que la elevaba a la Dirección.
En la causa consta que tanto Da Ponte como Camputaro conocían que Lovato o Lovat trabajaba en el sanatorio. Es porque Camputaro le envío a Da Ponte un mail en el que pedía autorización para pagarle a Lovato por las guardias que había hecho del 3 al 10 de febrero, siete días antes de atender a Paula. Da Ponte contestó que para eso necesitaba toda la documentación. Sin embargo, los investigadores judiciales no encontraron en la clínica ninguna documentación sobre Lovato. Tampoco en el registro de guardia la noche que atendió a Paula.
El juez Ferro entendió que ambos médicos permitieron con su falta de control sobre el personal “la actuación de un supuesto médico que, conforme se acreditó en el proceso, no se encontraba siquiera habilitado para ejercer la medicina”. Y que con esa omisión contribuyeron a la muerte.
[su_quote style=”default” cite=”” url=”” class=””]La muerte del niño podría haberse evitado o reducida considerablemente la posibilidad de su producción, de haberse realizado aquellos controles, que hubieran podido brindar a la paciente una asistencia médica correcta, realizada por un especialista, habilitado por la autoridad para el ejercicio de su profesión, agregó.[/su_quote]
En la misma línea se pronunció la fiscal Marcela Sánchez cuando pidió la elevación a juicio del caso: “como profesionales y responsables de la supervisión y control de los profesionales actuantes en dicha institución médica, permitieron la actuación de una persona sin habilitación médica legal y por cuya actuación la paciente regresó a su domicilio donde finalmente dio a luz a su bebé, como producto de una serie de intervenciones negligentes de los profesionales”.
Da Ponte y Camputaro fueron procesados por el delito de homicidio culposo. El médico Teran -el primero de la guardia que atendió a Paula- fue sobreseído porque se entendió que su actuación fue correcta. Los procesamientos fueron confirmados por la Cámara del Crimen y el caso pasó a juicio oral y está en el Tribunal Oral Criminal 5.
Los dos acusados pidieron una probation, que es suspender el juicio y a cambio hacer tareas comunitarias. Pero luego Camputaro retiró el planteo. Da Ponte -especialista en medicina clínica y neumonología y que trabaja en el hospital Pirvovano- ofreció una reparación de 100 mil pesos, inhabilitarse por un año para ejercer la medicina y hacer un curso sobre seguridad de los pacientes y atención de las personas en la universidad “Isalud”. Pero el fiscal de juicio Juan Manuel Fernández Buzzi se opuso y el juez Adrián Pérez Lance rechazó el pedido.
Ahora se espera que se fije la fecha del juicio oral mientras se busca dar con el falso médico Lovato o Lovat.
