El ex “Rey de la carne” Alberto Samid (71 años) enfrenta una posibilidad de una condena de 7 años de prisión por supuesta evasión impositiva y asociación ilícita que se ve agravada ahora por su decisión de no presentarse al juicio oral y profugarse en Bélice. Pero asumió ese riesgo porque apuesta a una estrategia de “prescripción de los delitos por los que está acusado en la causa”, según fuentes judiciales. La semana próxima, precisamente, las defensas y el fiscal del juicio Gabriel Pérez Barbera discutirán sobre si delitos cometidos entre 1993 y 1998 están prescriptos o no o si la prescripción (el tiempo en que el estado tiene derecho a enjuiciar a alguien) fue interrumpida por varios hechos. Para algunas de las defensas la prescripción sería en junio y por eso Samid especularía con volver después de esa fecha, según las fuentes.
Si Samid no es capturado en las próximas semanas, el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 1, integrado por los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michillini, deberá decidir si emite sentencia solo para el resto de los acusados. En este caso hipotético, debería hacerse otro juicio para el día que Samid sea encontrado y extraditado a la Argentina.
Además del empresario, son juzgados su hermana Alicia y un sobrino Claudio Pielo, entre otros acusados de integrar una asociación ilícita que cometió maniobras delictivas para evadir el pago del Impuesto al Valor Agregado en la venta de carne en los frigoríficos. Los otros acusados son Francisco Burgos, María Susana Moreno, Lilian Lastoria, Luis Balanho, Zoraida Martín, Roberto Cañete y Teresa Fornasier.
Además, de una eventual condena está en juego el pago de multas y embargos ya que el Estado le reclama 23 millones de pesos evadidos entre 1993 y 1998 que no incluyen los intereses generados hasta la fecha lo que aumentaría la cifra significativamente.
En estos años, Samid era formalmente presidente de los frigoríficos NEA y FIMOGRAN, pero a través de testaferros habría manejado otros como por ejemplo, según el fiscal Bravill S.A., Establecimiento Faraón S.A., Feet Up S.A., Frigoeste S.A., Friogorífico Morón S.A., Frigorífico Yaguané S.A., Kander S.A., Nieve Onda S.A., Sellery S.A., Sidela S.A., Vinnie S.A. y Unión del Sudoeste S.A., entre otras.
De acuerdo a Pérez Barbera, la organización usó matrículas para faenar carne a través de sociedades fantasmas y/o empresas insolventes, que iban cambiando de denominación y de testaferros pero que siempre fueron manejados por el denominado “grupo Samid””.
De esta forma, el grupo se quedó indebidamente con tributos fiscales así como evadió impuestos en particular el IVA, para de esa manera maximizar ganancias.
Como agravantes, el fiscal afirmó que durante ese período desde el “grupo Samid” hubo “amenazas y coacciones, así como actos de atentados contra la autoridad” contra inspectores de la DGI y el SENASA. Una inspectora dijo que, por ejemplo, allegados a Samid le gritaron que “se dejara de romper las pelotas porque si no iba a terminar en los corrales” En su alegato, el fiscal citó un informe de la Fuerza Aérea sobre la empresa EMIR SA que presidida por el sobrino de Samid, “era la empresa dueña del avión privado que usaba el propio José Alberto Samid para hacer viajes desde Morón”, tal como declararon testigos. Como gesto de poder en estos frigoríficos, otros testigos hablaron que llegaba en un helicóptero a los frigoríficos para pagar los sueldos y hace decir que el gobierno quería cerrar las plantas.
