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La impunidad de Cristina Kirchner lleva al borde del abismo al sistema republicano de gobierno

Una vez más, se manosean las instituciones en pos de los espurios intereses de la coalición gobernante que consiste en blindar a la vicepresidenta, aunque para conseguirlo se destruya al Estado de Derecho

cfk 25 de setiembre
Vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner
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En diciembre del año pasado se señaló desde varios ámbitos que el reemplazo de la vacante que se había producido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación era en verdad una oportunidad imperdible que debía aprovecharse sin más para promover una designación responsable que recayera en una candidata ejemplar, y no para la picardía de designar jueces afines al gobierno de turno.

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Corte Suprema de Justicia de la Nación

Precisamente esto último es lo que, en la semana que se fue para nunca más volver, el oficialismo demostró que tiene como único objetivo al impulsar, y lograr, la aprobación en la Cámara de Senadores de un proyecto de ley para aumentar el número de jueces del tribunal. O, en otras palabras, lo que bien podríamos catalogar como un sistema republicano de gobierno que se está haciendo pedazos.

Esto se debe al hecho de que desde el kirchnerismo se está acomodando a un sistema judicial que debería de ser independiente pero que a causa de que es elegido por la propia política, lo cierto es que el único fin al que apunta Cristina Kirchner es a lograr esto último para así lograr impunidad. Y para ello está dispuesta a ir por todo nuevamente, incluso si eso implica destruir el sistema republicano de gobierno.

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En ese sentido, está claro que, de manera algo incoherente con la exigencia de las mayorías agravadas que las normas exigen para otras decisiones, esta puede aprobarse con las mayorías que se requieren para cualquier ley. Es decir, que basta apenas unas cuántas manos que se levantan de manera genuflexa y demagógica sólo para darle el gusto a un ser a todas luces nefasto como Cristina Kirchner.

Al respecto, es menester dar cuenta acerca de que la manera obsesiva en que los legisladores oficialistas se han ocupado de un asunto absolutamente ausente de las preocupaciones de los ciudadanos autoriza a sospechar lo evidente: se trata de un manotazo tendiente a influir sobre el tribunal que probablemente termine resolviendo la suerte de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

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Congreso de la Nación Argentina

Pero también la de varios de sus colaboradores en las causas en que son investigados por hechos de corrupción. Una vez más, la agenda de los políticos se muestra divorciada de la de sus representados. En las intervenciones con que pretendieron defender la iniciativa, los senadores que responden a la vicepresidenta alegaron razones insustanciales e infundadas de que la Corte Suprema puede ser “otra” por el mero hecho de agregarle jueces.

En esa línea, está claro que no hace falta ser ningún experto en la gestión para saber que ninguna organización se vuelve en verdad más eficiente por sumarle más gente si no se revisan sus procesos de trabajo, porque de lo contrario solo habrá más volumen de cosas mal hechas. En un tribunal colegiado donde cada juez debe revisar lo que opinan los demás solo aumentarán los atascos.

No son menos disparatados otros motivos que destacan los legisladores, como el equilibrio entre hombres y mujeres (precisamente, la vacante que hay para cubrir fue dejada por una mujer, y hasta 2014 la Corte Suprema tuvo dos juezas) y la inconcebible “representación de las provincias”, una función que la Constitución nacional no le asigna al máximo tribunal, al que el oficialismo pretende convertir descaradamente en un órgano político más.

Habría que recordarles a los legisladores que son y/o se hacen los “ingenuos” que los jueces no “representan” a nadie, sino que aplican la Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia. Si las cosas se parecen a sus dueños, está claro que esto se trata de un verdadero mamarracho propio de los patéticos sirvientes de Cristina Kirchner en que se convirtieron los legisladores que responden a los espurios intereses se la vicepresidenta.

La iniciativa en debate en el Congreso es desesperada y grotesca, pero también el síntoma de un problema muy grave. La ciudadanía debe tomar conciencia de que la decisión no pasa por definir tal o cual número de jueces que tienen a su cargo resolver sobre la libertad, la propiedad y el honor de todos los argentinos (no solamente de Cristina Kirchner), sino por la responsabilidad con que actúen los que designan a esos individuos concretos.

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Oscar Parrilli, impulsor del proyecto kirchnerista

Y es que la elevación a quince miembros para integrar la Corte no hace más que consolidar la trampa implementando una colonización de la Justicia por parte de Cristina Kirchner con lo cual se terminaría de derrumbar el Estado de Derecho y hasta el mismo sistema republicano de gobierno solo por el capricho de la vicepresidenta quien acelera la velocidad para que nuestro país se convierta en Venezuela.

Paradójicamente, en momentos en que nuestro país procura dar señales de confianza a los inversores y organismos de financiamiento internacionales de que habrá de cumplir con sus compromisos, se persigue sancionar una ley que ciertamente pondrá en jaque la independencia de la máxima instancia del sistema judicial argentino, cuya función es justamente la de dar previsibilidad y garantías de que las normas y los acuerdos serán cumplidos.

La seguridad jurídica es un requisito imprescindible para poder contar con inversiones genuinas que permitan generar el crecimiento que tanto necesitamos. De tal manera, se trata de una decisión, de las más cruciales, de la que dependerá que la Argentina sea o no un país donde las reglas se ubiquen por encima de los intereses de cualquier facción y donde no sea manoseada la Constitución.

Los dirigentes no son tan ignorantes, y por eso su responsabilidad es mayor: saben que muchos de los reales problemas que hoy tienen los argentinos, incluidas la inseguridad, la falta de empleo de calidad por insuficiente inversión y el éxodo de jóvenes calificados, dependen en buena medida de que el país parece dispuesto a seguir viviendo, para usar la expresión del recordado jurista Carlos Nino, “al margen de la ley”.

En definitiva, en la semana que se esfumó para jamás retornar, quedó más que claro que si no se le coloca un freno al peligrosísimo cambio radical en la conformación de la Corte, nuestro país podría llegar a tener las horas contadas en lo que hace a su sistema de gobierno republicano. Sobre todo, antes de que la cuestión se profundice de tal manera que sea imposible impedir la destrucción del Estado de Derecho y el surgimiento de la “Argenzuela” de Cristina Kirchner.