La Cámara Federal porteña abrió hoy la puerta para que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros funcionarios de su gobierno, sean indagados por presuntas violaciones a los derechos humanos, aplicando el principio de “justicia universal”.
Los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens reabrieron una causa en la que Maduro fue denunciado por supuestas víctimas de su gobierno y una organización internacional. La investigación había sido impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli.
El fallo exhorta a “la producción de las medidas de carácter preventivo que solicitara el Representante del Ministerio Publico Fiscal en oportunidad de instar la acción, así como toda otra que se estime conducente”.
“Deviene imprescindible para contrapesar el accionar delictivo ejecutado por las autoridades estatales del gobierno venezolano, por lo que deberá ordenarse al Juez instructor (Sebastián Ramos, ndr) que las implemente con celeridad”, subraya el fallo.
Los camaristas Bruglia y Bertuzzi adelantaron que “en caso de hallarse reunidos los requisitos legales se proceda a avanzar en la convocatoria a indagatoria de los aquí imputados”.
Llorens, por su parte, fue más allá y pidió incluso la captura de Maduro.
“Es impostergable que el juez resuelva la petición de convocar a declaración indagatoria a Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello (diputado de la Asamblea nacional y hombre fuerte del Chavismo, ndr) y todos aquellos identificados como responsables”, sostuvo.
Además, pidió que “se someta a juicio a todos los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, que fueran denunciados en las presentes actuaciones, debiendo disponer todas las medidas cautelares urgentes que permitan la sujeción de los responsables al proceso, como ser su orden de captura inmediata”.
El fallo destaca “la inmediata necesidad de asumir una resolución teniendo en cuenta la particularidad de los hechos, cuyos resultados -por su contemporaneidad y las modalidades de su ejecución- no admiten dilación ni demora alguna en las medidas de tutela que se deben de inmediato adoptar a fin de evitar mayores perjuicios a los posibles derechos inculcados”.
La causa se inició por una presentación de la organización internacional Clooney Foundation for Justice y Amnistía Internacional, que denunciaron ante la Justicia argentina al Estado Venezolano por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno venezolano desde 2014 hasta la actualidad.
La denuncia fue presentada en Comodoro Py el 14 de junio pasado y quedó registrada con el número 2001/2023, está caratulada como “averiguación de delito”.
La principal denunciante es Rosa María Orozco Seijas, quien en un blog en internet contó: “El 22 de mayo se cumplieron tres meses de la muerte de la joven Geraldine Moreno, luego de que el pasado 19 de febrero recibiera un disparo en el rostro propinado por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante una manifestación en Carabobo”.
“Moreno estuvo hospitalizada desde la noche de aquel 19 de febrero hasta el mediodía del 22 de febrero cuando murió en una clínica de Naguanagua”, abundó.
La mujer le envió una carta al general Antonio Benavides Torres, comandante general de la GNB, en la que expresó que “el respeto por la familia y la dignidad de las personas” fue “pisoteado” por integrantes de esa fuerza de seguridad.
“Un Guardia Nacional la destruyó, dejándome en una soledad que usted no imagina, porque no le ha tocado. Me quitaron mi vida, mis ganas de vivir, mi amiga, mi hija adorada, mi Geral. Usted dice que la GN, soldados, patriotas, nunca han levantado un fusil en contra de los venezolanos, usted me dirá ¿quién fue entonces? ¿Quién le quitó la vida a mi hija Geraldín y por qué la funcionaria de la mal llamada Guardia del Pueblo que agredió a Marvinia Jiménez aún anda suelta maltratando a más venezolanos, así como los funcionarios de la GN del destacamento 24 en el estado Carabobo?”, se preguntó.
El caso está judicializado en Venezuela pero las organizaciones que lo denunciaron en la Argentina sostienen que en los tribunales de Caracas no hay garantías de una investigación imparcial.
