El fiscal federal Carlos Stornelli volvió a pedir la detención de 14 manifestantes que protagonizaron los destrozos el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso, cuando se estaba tratando la Ley Bases. Este pedido deberá ser resuelto por la jueza federal María Servini de Cubría.
Así lo confirmó el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en el programa TN de Noche. “La Justicia había liberado a 17 de los 33 detenidos, pero aportamos nuevas pruebas y el fiscal volvió a pedir que detengan a 14 de ellos”, aseguró.
Además, expresó: “Entre limpieza y reparaciones, los destrozos nos costaron 278 millones de pesos. A ese monto le vamos a agregar 21 millones más, que serán repartidos a siete locales de la zona a los que les rompieron vidrieras, puertas o a los que les robaron partes de la mercadería”.
“Los que cometieron esos desmanes no son manifestantes, son delincuentes. De 33 detenidos, la mayoría tiene antecedentes por otros delitos, son gente con prontuario. Puede haber manifestaciones y no terminan de esta manera. Nosotros hacemos cumplir la ley. ¿Por qué un manifestante va con una granada en la mochila o con un pomo con combustible?”, agregó Macri.
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En este sentido, explicó: “Los que se manifestaron tenían como objetivo impedir que se tratara la ley. Lo intentaron llevar adelante desde afuera y también desde adentro, los mismos senadores. Hubo un buen manejo de la presidenta del Senado. Es gente que está organizada que quiere generar daño y lastimar”.
El viernes, la jueza federal María Servini de Cubría había dejado presos a 16 de los 33 detenidos por causar destrozos en los exteriores del Congreso, en tanto que liberó a otras 17 personas que estaban entre los arrestados, como se pudo saber. Ahora, la magistrada deberá resolver si da lugar o no al pedido de la fiscalía para arrestar a 14 de los que habían sido excarcelados.
Los detenidos están siendo investigados por varios delitos leves que tienen que ver con resistencia a la autoridad, lesiones y daños. Sin embargo, se prevé que sean juzgados también por alzamiento contra el orden constitucional, que establece penas más severas.
