En los últimos días, comenzó a hablarse sobre la posibilidad de que se intervenga el Poder Judicial de Tucumán. Desde este medio fuimos los primeros en hacer hincapié sobre esta necesidad cuando nadie hablaba de ello. Va siendo hora de que la sociedad en su conjunto, junto con representantes del pueblo tanto, en el Poder Legislativo como en el Judicial piensen, en la posibilidad de articular fuerzas para ver la posibilidad de llevar esto adelante.
Y es que la sociedad está harta de contemplar la grave crisis institucional en la que está sumergida la justicia de Tucumán. Se trata de una crisis que no tiene parangón al menos en el último medio siglo y es que en el último tiempo han sobrado los casos y las razones por las cuales hoy por hoy se hace indispensable la posibilidad de que desde la Nación se haga algo para evitar que la situación actual se profundice y derive en un completo caos.
La denuncia que realizó el juez Enrique Pedicone en contra del vocal de la Corte Suprema de Justicia Daniel Leiva, permitió a la sociedad darse cuenta de la casi inexistente línea divisoria entre los distintos poderes sobre los que se sustenta la existencia de la democracia y de la república. Con este caso quedó clara, la espuria relación que existe entre la Justicia y el poder político que en Tucumán es un verdadero monopolio de parte del oficialismo.
Esto es algo que no debiera de sorprender si se tiene en cuenta que el máximo tribunal está conformado en su gran mayoría por jueces que en su momento se desempeñaron como funcionarios del Poder Ejecutivo, tanto bajo el mandato de José Alperovich como de Juan Manzur. Algo como esto solo puede suceder, sin que a nadie le llamé demasiado la atención, en provincias históricamente feudales como Tucumán y las del resto del noroeste argentino.
Se trata de la misma Justicia que lejos de proteger a los ciudadanos de bien, aprovecha cualquier artilugio para liberar delincuentes violadores y asesinos. La sociedad tucumana ha sido testigo de cómo esta tendencia del Poder Judicial culminó con el asesinato de la empresaria Ana Dominé o la violación seguida de muerte de la pequeña Abigail. Como si esto fuera poco, incluso hasta se pierden expedientes y es algo que no sorprende a nadie.
Pero se trata de un Poder Judicial, que está integrado por personajes nefastos como el juez Francisco Pisa, quien se dio el lujo de absolver a quien se terminaría convirtiendo en el femicida de la docente salteña Paola Tacacho. Durante seis años, la víctima advirtió sobre el infierno de acoso a la que fue sometida por parte de Mauricio Parada Parejas, y este magistrado en particular y la Justicia tucumana en general, nada hicieron por ella.
Ni hablar de la postergación del juicio oral y público al que desde hace meses debería ser sometido el ex intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga junto con su círculo íntimo más cercano. Es por ello que cabe preguntarse ¿Cuántos más sucesos lamentables como los descritos hasta aquí deberán seguir sucediendo para que desde la Nación se intervenga de una buena vez el Poder Judicial de Tucumán? Ojalá que cuando esto ocurra no sea ya demasiado tarde.
