A medida que avanza la investigación de la fiscala Adriana Giannoni, más claro queda el papel que desempeñó en la tragedia cada uno de los mencionados por este medio. La muerte de Érica es culpa de los abuelos, al tiempo que la responsabilidad de lo ocurrido corre por cuenta del Estado. Así se pudo comprobar a partir de un informe elaborado por los propios integrantes de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAyF).
Este documento se realizó apenas cuatro días antes de la muerte de Érica y dejó al descubierto una serie de irregularidades en el accionar del Estado. Por ejemplo, en más de un año desde que se produjo la salida de la Sala Cuna de la niña y sus hermanitas, los abuelos a quienes se les entregó la guardia de las menores, nunca se presentaron ante las entrevistas de seguimiento pactadas por los mismos responsables de la DINAyF.
De haberlo hecho, se habrían percatado de que Érica y sus hermanitas dormían en el suelo a pesar de que el Estado les proveyó de camas. Además, quedaban a cargo de una tía de tan solo 15 años, quien no estaba dispuesta a cuidarlas, una responsabilidad que no podía recaer en ella. Otras de las cosas que llamaron la atención en el informe es que desde la DINAyF habían constatado otro problema en torno a la realidad que debió sufrir la niña.
Y es que habían constatado que la abuela de la niña no quería hacerse cargo del cuidado de la niña y sus hermanas. Cabe recordar que ella ya había sido denunciada por violencia contra su propia hija y fue quien le habría provocado el traumatismo de cráneo a Érica, herida que a la postre la terminaría matando. Pero las irregularidades no terminan aquí. Porque además, como ya se informó en notas anteriores, desde la DINAyF, estaban al tanto de las denuncias.
Se trata de aquellas que realizaron oportunamente los vecinos que vivían en el asentamiento donde residían los abuelos de Érica y siete personas más en apenas dos habitaciones que conformaban una precaria vivienda. Pero también referentes del comedor al que asistían las menores denunciaron y no se los escuchó. Es cierto que desde la DINAyF pidieron a la Justicia que se las devuelva a la Sala Cuna y que se las considere en situación de adoptabilidad.
Pero dicha presentación se hizo tarde, apenas cuatro días entes de la muerte de la pequeña. Desde la DINAyF se pudo hacer más ya que tiene facultades para rescatar a niños que estén atravesando situaciones límites como la de Érica. Pero no lo hicieron y en su lugar apenas solicitaron el frio trámite burocrático de una medida cautelar. Por otro lado, aun resta definir la situación de la Defensoría de Menores y del juez de Familia que intervinieron en este caso.
Y es que el magistrado Víctor Carlos fue quien dispuso que la niña quedara bajo el cuidado de su abuelo, alguien que ya tenía antecedentes previos por violencia de género. El camino a la imputación penal de los profesionales y funcionarios de la DINAyF está cada vez más cerca por abandono de persona seguido de muerte. Mientras tanto, desde el organismo solo hacen silencio ante la evidencia de que son responsables de la muerte de Érica.
