La historia en torno de Ana María Figueroa parecía estar terminada, pero ahora amenaza con revivir. Desde Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora, empezaron a advertir que el oficialismo buscará la semana próxima forzar una sesión en el Senado de la Nación para darle acuerdo al pliego de la exjueza de la Cámara de Casación, desplazada por la Corte Suprema tras haber cumplido 75 años y quien se resistía a abandonar su cargo.
De concretarse la convocatoria del Frente de Todos que esperan en la oposición, que explora una alianza con la bancada intermedia que se escindió del Frente de Todos (denominado Unidad Federal e integrado por cinco legisladores), se daría un nuevo choque de poderes entre el Senado, cuya presidenta es Cristina Kirchner, y el máximo tribunal de Justicia, que cesó a la magistrada por no haber conseguido un nuevo nombramiento.
Legisladores de Juntos por el Cambio dijeron a LA NACION que el oficialismo habría conseguido el apoyo de los senadores peronistas rebeldes para conseguir quorum y llevar la semana próxima al recinto el tratamiento de la ley de alquileres, una iniciativa relacionada con los créditos UVA, los pliegos de unos 70 jueces ya enviados por el Poder Ejecutivo e insistir con el nombramiento de Figueroa, a quien se considera cercana al kirchnerismo.
Esta es una jugada que ya intentó el oficialismo hace un par de semanas, pero se frustró porque no logró el número y después la Corte cesó a Figueroa en sus funciones. Ahora insistirían, con el agravante que se trataría de una exjueza. Los movimientos percibidos en el kirchnerismo son los que pusieron en alerta a la oposición en el Senado.
La Nacion
Figueroa, que se desempeñaba como presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, cumplió 75 años el 9 de agosto pasado, edad tope que fija la Constitución para permanecer en su cargo. Como no consiguió un nuevo acuerdo del Senado, ni una nueva designación presidencial, la Corte dispuso por una resolución dejarla cesante el día de su cumpleaños, con lo que ya no es más jueza.
No obstante, el oficialismo en el Senado quiere darle acuerdo y así plantear un conflicto de poderes con la Corte, al sostener que el máximo tribunal avanzó sobre atribuciones del Poder Legislativo. “Es una provocación, sería una aberración jurídica, ya que no es más jueza. Si eso ocurre. quedaría demostrado que en lugar de ser una jueza de la ley, Figueroa era una jueza del poder”, dijo a LA NACION Federico Pinedo, exsenador, dirigente de Pro y referente de Patricia Bullrich.
Desde el oficialismo, senadores del Frente de Todos dijeron que ven a la oposición desorientada y preocupada con la campaña electoral por lo que entienden que pueden tener una oportunidad de llevar el tema al recinto. No obstante reconocen que les está costando juntar voluntades y que un dato que tendrá peso es el resultado de las elecciones del domingo en el Chaco, donde el gobernador Jorge Capitanich se juega su revalida en el poder.
Un triunfo peronista es una cosa y un éxito del radicalismo, al contrario, significaría una herida en el animo de los legisladores necesarios para el quorum.
La semana pasada el bloque oficialista avanzó en el Senado con cambios al proyecto de ley de alquileres que aprobó la oposición en la Cámara de Diputados con el fin de mantener los contratos de tres años y ajustar los precios cada seis meses, bajo un nuevo índice.
En un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, el Frente de Todos consiguió el apoyo parcial del bloque Unidad Federal y logró el dictamen de mayoría para imponer su propuesta. El jefe del interbloque, José Mayans, ya dijo que se iba a tratar la semana próxima en el recinto.
Santiago Filipuzzi
Si el Senado aprueba en el recinto el dictamen mayoritario, la discusión volverá a Diputados, que podrá aceptar los cambios introducidos o insistir con la versión aprobada hace tres semanas. Será una votación con final abierto entre oficialismo y oposición.
El oficialismo mantuvo la duración de tres años de los contratos pero propuso actualizaciones cada seis meses, un punto intermedio entre la ley actual (un año) y la media sanción (cuatro meses). Además, se acordó fijar un índice en la ley en lugar de dejarlo librado a un acuerdo entre partes. Ese índice será el coeficiente “Casa Propia”, que publica el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, y que tiene en cuenta el menor índice entre el promedio de variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período.
Los senadores de Unidad Federal Guillermo Snopek, Carlos “Camau” Espínola y Eugenia Catalfamo (cuyos votos son claves en el recinto) acompañaron el dictamen, con disidencias. Se mostraron a favor de mantener los contratos de tres años y la actualización cada seis meses, que calificaron como “un punto de equilibrio”, pero en cuanto al índice proponían una combinación entre inflación (en un 40%) y salarios (en un 60%).
A sabiendas de que ya tendrían el número para el quorum, con el apoyo de los senadores de Unidad Federal, Juntos por el Cambio está tratando de hacer “control de daños”. Es decir, se reunirán la semana próxima con estos senadores peronistas rebeldes para tratar de convencerlos de que no voten todo el menú que propone el oficialismo, sino que se opongan a algunas iniciativas.
Una de las preocupaciones de Juntos por el Cambio es la lista de 70 jueces, fiscales y defensores oficiales que el presidente Alberto Fernández ya envió el Senado. Los jueces los eligió de las ternas que le envió el Consejo de la Magistratura. Son magistrados que participaron en los concursos y cuyos nombres fueron enviados por el Consejo de la Magistratura al Presidente.
Entre los más de 70 jueces, fiscales y defensores oficiales hay abogados y funcionarios enrolados o que adhieren a asociaciones de magistrados afines al kirchnerismo. También hay casos donde los postulantes elegidos por el Presidente no integran las ternas vinculantes que le envió el Consejo de la Magistratura.
Se trata de tres casos en tres fueros estratégicos donde se definen conflictos entre empresas y el Estado. Son postulantes para el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal (que dirime los juicios contra el Estado), en el fuero Civil y Comercial Federal (que tiene a su cargo los juicios comerciales vinculados a empresas de servicios públicos) y en la Sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Civil y Comercial Federal (que define la relación entre el Gobierno y las empresas).
Así las cosas, para integrar la Sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Civil y Comercial Federal fue enviado el pliego de María Laura Manin (que no se encontraba en la terna, sino que estaba en el segundo lugar de la lista complementaria). Manin es funcionaria del ministro del Interior y referente camporista, Eduardo de Pedro.
En el concurso para cubrir seis vacantes en juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, el Gobierno envió el pliego de Juan Rafael Stinco, quien se encontraba en el primer lugar de la lista complementaria. Así quedaron fuera de carrera 13 postulantes de las listas principales. Stinco, que fue asesor de Axel Kicillof en el directorio de YPF e integró el directorio de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), había quedado el número 19 en el concurso, por detrás de sus contendientes.
Para la Justicia Civil y Comercial Federal se remitió al Senado la postulación de María Stupenengo, quien no estaba en la terna y ocupaba el primer puesto de la lista complementaria elevada por el Consejo de la Magistratura. Ocupó el séptimo lugar en el concurso, por debajo de otros seis postulantes.
El Gobierno envió también al Senado el pliego de magistradso que estaban en la terna que integran la lista Celeste de la Asociación de Magistrados, la más afín al oficialismo o que fueron integrantes o adherentes de la agrupación Justicia Legítima, un organización de funcionarios judiciales que adhiere a las políticas judiciales del Gobierno.
