Así como el Frente de Todos sabe que no tiene número suficiente para aprobar el Juicio Político contra la Corte Suprema en el recinto de Diputados, en Juntos por el Cambio son conscientes que no pueden frenar el proceso previo en comisión, donde el oficialismo tiene mayoría. Bajo esa realidad, la oposición asegura que irá al debate a “desnudar el relato”, controlar, bloquear y judicializar si es necesario cada requerimiento o acción que consideren ilegal.
“Siempre el camino de la Justicia está abierto”, apunta uno de los legisladores que integra la comisión. “Tanto nosotros como los afectados directos pueden recurrir a la Justicia. Por eso es importante estar en el debate, verificar las pruebas y medidas que se tomen. Además si se abre una instancia judicial, será tomado todo lo que se diga y presente en el debate”, agrega otro diputado de JxC.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, mientras tanto, ya radicó una denuncia ante la Organización de Estados Americano (OEA).
En el proyecto, de 410 páginas, el oficialismo incorporó los chats filtrados ilegalmente entre Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad con licencia y Silvio Robles, vocero de Rosatti. También solicitó intervención de la oficina de escuchas (Dajudeco), para pedir entrecruzamientos de llamadas.
Esos son algunos de los puntos que ya generan alerta en JxC y podrían ser eje de judicialización. La oposición asegura que sería inconstitucional requerir informes de llamados sin la intervención de un juez.
El Frente de Todos tiene 16 legisladores propios sobre los 31 que integran la comisión, número suficiente para abrir sumario y autorizar pruebas. “Nosotros no podemos fabricar votos que no tenemos, pero vamos a estar para objetar cada punto y poner en evidencia las inconsistencias de cara a la opinión pública”, coinciden en JxC.
“En definitiva montaron un circo en el que buscarán hacer un escrache a los jueces, ventilar cuestiones privadas y desgastarlos a ver si en el camino alguno renuncia”, afirma el diputado del PRO, Pablo Tonelli.
El oficialismo también convocará a decenas de testigos, entre ellos gobernadores, ministros, juristas K y miembros de organizaciones de Derechos Humanos.
Frente a eso, la oposición no descarta sumar testigos propios. También está entre sus herramientas exigir la apertura de los juicios políticos que ellos presentaron contra el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner.
En total hay 18 peticiones de juicio político presentados solo en este año por la oposición no solo contra ellos, sino también contra varios ministros como Aníbal Fernández, Eduardo “Wado” de Pedro, Martín Soria y Santiago Cafiero.
El oficialismo, es sabido, buscará quebrar a JxC recordándole el proyecto de juicio político que la Coalición Cívica presentó contra uno de los miembros de la Corte: Ricardo Lorenzetti.
La oposición también meterá una cuña en el oficialismo: insistirán en conocer la postura del ministro de Economía Sergio Massa, quien no hizo declaraciones sobre el tema pero tiene tres legisladores propios en la comisión de Juicio Político que se mantendrán alineados a la postura del Frente de Todos.
“Massa se hace el distraído. También es responsable del futuro del país y tiene que opinar sobre las cuestiones que están ocurriendo”, declaró días en Futurock el legislador Juan Manuel López.
El presidente convocó a extraordinarias a partir del 23 de enero, se espera que desde esa semana que coordine un cronograma de reuniones en la comisión. Dada la cantidad de testigos convocados y la cantidad de planteos que hará la oposición se espera un debate tedioso y extenso.
Puede llegar a coincidir, con la publicación de los fundamentos de la condena a Cristina Kirchner, que se espera para los primeros días de marzo. También la resolución de Casación sobre el caso Hotesur.
