La jueza María Servini constató que la ciudadana Elena Kuklina, acusada de gestionar viajes de embarazadas rusas a la Argentina, percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH). Así lo confirmaron fuentes judiciales a partir de documentación que recibió la magistrada.
La información contradice al organismo previsional, que había salido a su vez a desmentir la versión. Servini recibió copia de los pagos acreditados de la AUH en la cuenta bancaria de Kuklina.
La jueza había denunciado por “defraudación contra la administración pública” a Kuklina, organizadora de los viajes para parir en el país con el objeto de conseguir la ciudadanía y el pasaporte argentino, al plantear que recibe la AUH. Ese expediente, por presunta defraudación, quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini.
Las pruebas que sugerían que Kuklina percibía un beneficio social del Gobierno fueron halladas en el departamento en el que vivía en Puerto Madero, donde pagaba un alquiler mensual de US$ 3.000. Durante un allanamiento judicial, se encontraron documentos que daban cuenta que la mujer cobraba dos asignaciones universales por hijo (AUH).
Según la pesquisa realizada en su juzgado, Servini determinó que la mujer reside en ese departamento junto a su pareja y sus hijos.
El hallazgo sorprendió a la Justicia. “Los papeles como beneficiaria estaban en el departamento, por eso se extrajo testimonio y se mandó a sorteo para que se investigue. ¿Cuántos casos más puede haber? y “¿Qué puede salir de esa línea?”, fueron preguntas que se realizaron en estos días en los despachos.
En medio de la polémica, la Anses, conducida por Fernanda Raverta, informó que hará una presentación este jueves a primera hora en la Justicia para acompañar la documentación que, según indicaron, demuestra que la mujer no cobra ni cobró en ningún momento dicha asignación.
No obstante, desde la Justicia insistieron que la documentación que tienen en su poder expone lo contrario.
Interrogantes
La investigación sobre la presunta red detrás de las embarazadas rusas que llegan al país, que está a cargo de la jueza federal María Servini, avanza cruzando comunicaciones telefónicas de los detenidos para determinar si hay otras agencias y funcionarios involucrados que colaboraban para que las mujeres obtengan documentos en tiempo récord, según se pudo saber de fuentes al tanto del expediente.
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La jueza Servini –que comenzó esta causa en diciembre– está de licencia, pero el juez Ariel Lijo continúa con las investigaciones. Los imputados en la causa son tres: la ciudadana rusa Elena Kuklina, casada con el ruso Ruslan Yuslashev, quienes administrarían una agencia que ofrecía estos servicios, y la gestora Olga Guz. Hubo allanamientos el jueves pasado en dos inmuebles de Puerto Madero, una torre de departamentos situada en Juana Manso al 500 y un edificio en Azucena Villaflor al 500.
Ahora, la Justicia amplió la investigación sobre la llegada de embarazadas rusas al país y está investigando la posible existencia de funcionarios que actúan en complicidad con las agencias que les venden paquetes de servicios, incluido el parto, la internación y los documentos argentinos.
Los imputados aún no fueron indagados porque se está terminando de reunir evidencia sobre los eventuales delitos por los que se los investiga. No fueron detenidos en los allanamientos.
