El portazo que dio Máximo Kirchner al renunciar a la presidencia del bloque legislativo del oficialismo en Diputados es consecuencia de un análisis frío del efecto que podría tener para él y para su agrupación, La Cámpora, el acuerdo que propone firmar el presidente Alberto Fernández con el FMI. Lo poco que se conoce de los compromisos que está haciendo Martín Guzmán, se asemeja a “veneno puro” para el proyecto político que comanda el hijo de Cristina.
El ajuste estricto al que se ataría el Gobierno este año y el próximo pone una vara gigantesca al peronismo unido que los Kirchner tutelan para ganar las elecciones de 2023. El hijo de la vicepresidenta tiene claro que las posibilidades de retener el poder el año que viene son escasas en cualquier circunstancia, pero cree que hay formas y formas de perder. Su visión de Guzmán es la de un técnico egocéntrico, sin mirada política.
Máximo coincide en el diagnóstico de su madre respecto de que el ajuste disimulado de Guzmán para sumar puntos con el FMI condenó al Frente de Todos al desastre electoral en las legislativas de 2021. Esa derrota derritió las últimas esperanzas de quienes veían al líder de La Cámpora como candidato a presidente o a gobernador en 2023. El proyecto de “los pibes” (que ya empiezan a mirar de cerca los 50) terminó de ordenarse hacia otro rumbo.
El objetivo no es construir candidaturas sino ocupar espacios de poder real, perdurable: intendencias, bancas legislativas nacionales, provinciales y municipales, alguna gobernación, puestos administrativos en áreas con cajas robustas y en directorios de empresas con participación estatal. El norte que fijó el capitán Máximo presupone un período en el llano, en la oposición de un hipotético gobierno de Juntos por el Cambio.
El refugio añorado es la provincia de Buenos Aires, donde el hijo de Cristina se hizo nombrar, no sin esfuerzo, presidente del Partido Justicialista. Allí, donde la ausencia de ballottage facilita la posibilidad de un triunfo, no le importaba apuntalar la reelección de Axel Kicillof, un jugador afín pero nunca asimilado a “la orga” camporista. La decisión de Fernández al borde del default desacomodó los planes de Máximo.
En su visión, compartida por casi todo el kirchnerismo duro y por la propia Cristina, los niveles de déficit que aceptó Guzmán, sumados a las metas de emisión monetaria, de tasas de interés y la suba de tarifas energéticas, impiden pensar en un modelo de crecimiento del salario real y de alto consumo en los próximos años. Las metas de 2023 garantizan una campaña sin plata, con un achique del rojo fiscal cercano a 1 punto del PBI.
El esquema solo cierra con una inflación alta, difícilmente menor a 50%, garantía de que el descontento social de 2021 se prolongue en el tiempo. Ya quedó en evidencia el año pasado que la provincia de Buenos Aires -la fortaleza a cuidar- puede caer si ese clima se cristaliza. Pero existe otra cuenta que enardece a Máximo: el programa en discusión con el FMI puede ser un lastre de larga duración para sus sueños de poder.
Máximo tal vez esté haciendo los cálculos correctos. El desfiladero que eligió Alberto Fernández compromete a los próximos dos gobiernos a políticas de austeridad o al menos de prudencia fiscal, supervisadas por las grandes potencias internacionales. Siembra, por consiguiente, obstáculos inmensos para una fuerza que promueve políticas expansivas, de impulso al consumo y con un papel dominante del Estado.
“¿Alguien cree que se puede pagar en 10 años?”, había interpelado a propios y extraños Máximo en agosto pasado. Los plazos eran una obsesión para él justamente porque lo ve como una amenaza perdurable para La Cámpora, una agrupación que por sobre todas las cosas vende futuro y a la que aún le cuesta ofrecer figuras atractivas para el votante común. “¿Y no saben qué pasaría si vamos al default?”, responden en el peronismo que acompaña a Fernández.
Máximo actuó con la racionalidad del superviviente. Al ponerse enfrente del acuerdo se queda con la bandera de la rebeldía. Es lo que pide el rumbo de construcción política que persigue. Imagina un fracaso del régimen económico que viene y quiere dejar en claro a cualquier precio que él se opuso. Por la misma fría lógica política su renuncia es acotada a un cargo legislativo. No implica la salida de La Cámpora de un gobierno en el que ocupa cargos fundamentales.
Con acceso a cajas millonarias y redes de poder -como la Anses y el PAMI-. Son colinas vitales para una organización creada y alimentada desde el Estado. Sus integrantes lo consideran un derecho adquirido: se ven como los verdaderos depositarios del voto peronista, en representación de Cristina Kirchner. Alberto Fernández, en cambio, sería algo así como el “okupa” que describió tiempo atrás la exdiputada Fernanda Vallejos.
