A partir del 21 de mayo, y durante un año como mínimo, Cristina Kirchner estará sentada en el banquillo de los acusados: desde ese día enfrentará por primera vez un juicio en su contra por corrupción. La foto mostrará a la ex Presidenta junto a sus principales ex funcionarios vinculados a la obra pública y a quien fue durante una década su socio comercial, Lázaro Báez. El juicio por el direccionamiento de los contratos viales en Santa Cruz a favor del Grupo Austral por 46.000 millones de pesos contará con más de 160 testigos, entre ellos los ex jefes de Gabinete de los gobiernos kirchneristas y varios de los empresarios procesados por pagar coimas a la anterior gestión.
En la Sala AMIA, la de mayores dimensiones de los Tribunales de Comodoro Py, se realizará la semana próxima la primera audiencia del principal juicio a la senadora de Unidad Ciudadana. Tras el retraso causado por la muerte del juez Jorge Tassara, el inicio del juzgamiento a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que iba a comenzar en febrero, ahora casi coincidirá con el comienzo de la campaña electoral. Fuentes judiciales calculan que las audiencias durarán al menos hasta mayo del próximo año.
Cristina Kirchner está obligada a ir el primer día, cuando estará sentada junto a otros quince acusados. A partir de entonces, podrá solicitar no asistir hasta que sea su turno de declarar.
En principio, hasta la feria judicial de invierno el TOF 2 intentará realizar una audiencia semanal, que quedará fijada para los lunes. Después se evaluará sumar una más para darle celeridada una causa que cuenta con 60 cuerpos y más de 70 cajas de documentación, sin contar los expedientes de los 52 contratos viales que recibió Lázaro Báez desde 2005 a 2015 como dueño del Grupo Austral.
Se estima que en la primera audiencia fijada para el mediodía del 21 de mayo, habrá más de 60 personas, si se suman los 16 imputados y sus abogados defensores, más las partes acusadoras -Oficina Anticorrupción (OA), Unidad de Información Financiera (UIF)-, y el personal de la fiscalía a cargo de Diego Luciani.
El Tribunal constituido por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, y la jueza Adriana Palliotti de suplente, ya había solicitado acondicionar la sala para el normal desarrollo del juicio. En ese mismo espacio, Amado Boudou escuchó la condena por el caso Ciccone; Julio De Vido recibió la sentencia por el juicio por la Tragedia de Once y es donde Lázaro Báez enfrenta la instancia oral por “la ruta del dinero K”, la mayor causa por lavado de dinero.
Los testigos
El TOF 2 aceptó en principio un total de 160 testigos, que en su mayoría trabajan o trabajaron en la Dirección Nacional de Vialidad, y también profesionales del mismo organismo pero de Santa Cruz. Por otro lado, habrá ingenieros y especialistas que evaluarán las licitaciones viales adjudicadas al Grupo Austral. En esta primera etapa, el Tribunal no aceptó a periodistas como testigos, pero sí incorporó varios libros de investigación sobre los negocios entre Cristina Kirchner y el empresario K.
Por pedido de Cristina Kirchner, serán citado como testigos los ex jefes de gabinete de la gestión kirchnerista, Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Sergio Massa. Además, los jueces aceptaron el pedido de la senadora para llamar a un grupo de empresarios: Carlos Wagner (ex titular de la Cámara de la Construcción), Enrique Eskenazi (dueño del Grupo Petersen), Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri y ex dueño de Iecsa), Eduardo Eurnekian de Corporaciones América.
La fotografía de la primera audiencia mostrará en un mismo lugar a Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal), José López (ex secretario de Obras Públicas), Lázaro Báez (dueño de Austral Construcciones) y Carlos Kirchner (ex secretario Coordinador). Estos últimos cuatro cuentan con prisión preventiva, pero sólo el primo del ex presidente Néstor Kirchner está detenido en esta causa. El resto están presos por otros expedientes.
“Como medida de seguridad que dispone el Servicio Penitenciario Federal, los cuatro detenidos estarán sentados en un mismo sector“, explicaron fuentes judiciales a Clarín. A pocos metros de ellos estará ubicada Cristina.
Jefa de la asociación ilícita
La acusación contra Cristina, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, entre otros ex funcionarios, y Báez, es haber constituido desde el Gobierno con la participación de organismos vinculados a la obra pública, una “organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”. La ex presidenta está procesada como jefa de la asociación ilícita.
El juez federal Julián Ercolini fue quien procesó a Cristina Kirchner y dio por corroborada la existencia de un “esquema de beneficios exclusivos y permanentes en favor” de Báez en “detrimento de las arcas del Estado”. Ello se hizo, según el juez, a través de “simulación de licitaciones, falsas constituciones de UTEs con firmas del empresario K, sobreprecios del 64,72%, adjudicación de nuevas obras pese a incumplimientos sistemáticos, la presentación de un mismo certificado de capacidad técnica, celeridad al momento de entregarle obras y anticipos a Báez”, entre otros puntos.
Esta operatoria posibilitó que entre 2004 y 2015 Lázaro Báez incrementara sus bienes en un 12.127%. El patrimonio de Austral Construcciones -su firma insignia, que hoy tiene una quiebra decretada-, tuvo un crecimiento de 45.313%, según un informe sobre el cual trabaja el Tribunal Oral como parte de la prueba que sustenta el “direccionamiento a favor del grupo Báez”.