Al menos 25 expedientes de corrupción que tienen como principales acusados a ex funcionarios kirchneristas y a Cristina Kirchner se encuentran elevados a juicio oral desde hace más de tres años. A pesar de que ya se cerró la investigación y que pueden ser juzgados los casos están lejos de contar con una fecha de inicio para el debate oral.
Parte de esos datos surgen de la última auditoría sobre expedientes que realizó el Consejo de la Magistratura. Allí se expuso que aún hay 157 causas en trámite en los Tribunales Orales Federales. De todos los casos que llegaron a dicha instancia, sólo el 1,9% obtuvo una condena.
Un recorte cercano sobre el informe de la Magistratura revela que de 2018 a la fecha fueron elevadas más de 25 causas de corrupción kirchnerista a juicio. Desde el caso Odebrecht-Aysa por el circuito de coimas que la firma brasileña pagó a funcionarios argentinos, pasando por la desviación de fondos en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) que llevó en su momento a prisión a Julio De Vido, como también el caso de los Cuadernos de las Coimas, calificada por los investigadores como el mayor escándalo de corrupción de los últimos veinte años.
El listado es más amplio e incluye a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, enviada a juicio oral por la compra del edificio de la Procuración, el primer escándalo de corrupción K que tras 14 años llegó a juicio: Skanska. También causas que involucran a empresario K como a Lázaro Báez y a Cristóbal López por la compra-venta de un terreno en Comodoro Rivadavia, causas contra Ricardo Jaime, el expediente por enriquecimiento ilícito contra César Milani, las valijas de Antonini Wilson, el Plan Qunita, Sueños Compartidos, son algunos de los casos de mayor renombre.
Los más de veinticinco casos de corrupción K cuentan con un tribunal asignado, pero a la fecha habiendo transcurrido más de cuatro años desde que algunos fueron elevados a juicio oral, no hay fecha cercana para los respectivos debates inicien.
Los desalentadores plazos cuentan con otro agravante: la mitad de los Tribunales Orales que juzgan los casos por corrupción se encuentran vacantes. A marzo de este año, según los números del Consejo de la Magistratura, hay 246 cargos vacantes.
La radiografía de Comodoro Py expone esa crisis en la administración de la justicia. Sólo cuatro tribunales orales cuentan con sus tres jueces titulares, se trata del TOF 1, 3, 7 y 8. Los restantes deben contar con las subrogancias de los demás magistrados, incluso el TOF 6 es el único que no cuenta con ningún cargo cubierto, tiene sólo suplentes.
¿Cómo impacta esto en los casos elevados a juicio oral? Aquellos que se encuentran en desarrollo muchas veces ven alterado su funcionamiento, pasan de dos audiencias semanales a una, ya que alguno de los integrantes del Tribunal subroga otro y deben realizar otros debates orales.
La primera consecuencia es que los juicios por corrupción se prolongan más de lo correspondiente. Las estadísticas indican que los casos por corrupción pueden llegar a demorar de diez a catorce años en etapa de instrucción, ejemplos sobran: la causa por enriquecimiento contra Carlos Menem acumula más de 20 años. El caso de la concesión del predio de la Rural se investiga desde 1991. Las causas vinculadas al atentado de la AMIA demandaron más de una década en los tribunales federales, y la lista sigue.
Según datos de la Corte Suprema en la justicia federal existen 1.630 causas de corrupción entre las que siguen su curso y ya se cerraron. La cifra es llamativa, aunque mucho más lo es el letargo con el que avanzan los expedientes: de ese total unos 1.138 expedientes permanecen abiertos y sólo 197 (el 17,3%) fueron elevados a juicio oral de manera total o parcial. Pero la gran mayoría de esos juicio ni siquiera arrancaron.
En el Consejo de la Magistratura las cifras son otras, pero igual de desalentadoras. Resulta que se auditó hasta el 2017 y recién esta semana se enviaron los oficios a las diferentes instancias judiciales para recabar la información de los últimos años.
Un primer número muestra que en el período 1996 – 2016, se tramitaron en todo el fuero federal con asiento en la Capital Federal, más específicamente en Comodoro Py, 3.914 causas de corrupción. De ese universo de expedientes, 936 continúan abiertos habiendo transcurrido más de veinte años desde que esas causas iniciaron.
La semana pasada la Corte Suprema de Justicia anuló un fallo de la Cámara de Casación y abrió el debate, una vez más, sobre la imprescriptibilidad de los casos de corrupción. La prescripción implica el fin de las acciones penales, y ocurre cuando en un expediente no hubo resultados -ni medidas procesales que “interrumpan” la prescripción- transcurre un plazo superior al de la pena máxima contemplada para el delito que se está juzgando. Por ejemplo, una acusación por defraudación contra la administración pública prescribe a los seis años de que en el expediente no haya contado con movimientos.
Hay causas que acumulan más de dos décadas en Comodoro Py desde que inician hasta que llegan a la instancia de juicio oral. Es allí donde el proceso judicial culmina, con una sentencia. Pero para muchos, esto tarda en llegar e implica que las personas bajo investigación transitan todo ese tiempo con un procesamiento que los llevó a ser enviados a juicio, pero sin una resolución del mismo.