El sistema previsional administrado por Anses contaba en diciembre con 9.905.314 aportantes únicos, que representan el 48% de la población económicamente activa, según el último Estado de Situación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
A fines de 2021 había 5.420.234 beneficiarios, lo que equivale al 75,9% de la población en teórica edad pasiva. El 95,9% de estos beneficios otorgados corresponden al régimen general, y dos tercios de ellos los recibieron tras haberse adherido a diversas moratorias.
Informalidad previsional:el análisis de una especialista
“Este es un problema histórico de la Argentina. Actualmente solo hay 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres que a la edad para jubilarse pueden acreditar 30 años de servicio”, le dijo a TN la abogada dedicada al derecho previsional María Emilia Carrozza.
En este sentido, la asesora letrada agregó: “Además los aportes luego arrojan un haber jubilatorio muy bajo, y la tasa de sustitución es del 45% cuando debiera ser superior al 70%. Todo esto provoca un desaliento en el interés por realizar aportes previsionales, porque después no se ve reflejado el esfuerzo contributivo en el haber”.
Por su parte, más de 600.000 personas siguen trabajando para complementar sus haberes. El resto de la población en edad de jubilarse la componen quienes reciben la Prestación Universal de Adultos Mayores, PUAM (3,3%); los pasivos de regímenes por fuera de Anses (12,2%); y quienes no poseen ninguna cobertura (8,6%).
Estos últimos pueden clasificarse en quienes continúan trabajando en el mercado formal (4%); quienes continúan trabajando en el mercado informal (1,6%); y quienes se encuentran inactivos (3%).
Con respecto a los principales motivos que provocan el muy alto índice de informalidad previsional, Carrozza señaló que “la situación económica y el trabajo en negro impactan en el nivel de aportes. Pero no solo de los trabajadores sino también de las empresas, que a veces por falta de control estatal no realizan el depósito de los aportes cuando están en condiciones de hacerlo”.
Informalidad previsional: algunas de las posibles soluciones
El sistema sólo cubre el 51% de los beneficios que paga. Al comparar los ingresos contributivos del sistema con los pagos de beneficios, es decir, al analizar la capacidad de autofinanciamiento, se observa que el SIPA presentó en diciembre un déficit de $144.016 millones.
Un motivo por el cual desde la OPC señalaron que existen solo dos caminos para cerrar la brecha: duplicar la cantidad de activos aportantes; o en su defecto incrementar 26 puntos porcentuales los aportes sobre las remuneraciones.
En esta misma línea, la abogada previsional propuso: “Habría que hacer una diferencia en el nivel de aportes que realizan las grandes empresas y el de las Pymes, aunque sin afectar derechos laborales y previsionales de los empleados. Porque si no terminamos teniendo ‘empleados de primera’ con aportes en blanco y ‘empleados de segunda en negro’”.
A su vez los monotributistas, para quienes días atrás el Congreso aprobó el alivio fiscal, equivalen al 16,9% de los ciudadanos que realizan aportes. Sin embargo, estos apenas representan el 1,3% del financiamiento contributivo del sistema.
Además, de acuerdo con las cifras del SIPA cerca de 1,3 millón de personas se encuentran desocupadas y por ende no realizan ningún aporte.
Consultada sobre las acciones que podría llevar a cabo el Estado para tratar de mejorar este preocupante escenario para los jubilados del futuro, indicó: “Se debe realizar una modificación estructural de la ley de jubilaciones y pensiones (Ley 24.241), para que se vea reflejado el esfuerzo contributivo en la determinación del haber, o sea la forma de cálculo”.
La representante jurídica añadió que “hay que impulsar incentivos para el blanqueo laboral dirigido a las pymes. Además, debe haber un control por parte del Estado sobre el ‘trabajo en negro’, y generar condiciones para que existan más emprendimientos productivos que permitan una mayor creación de empleo registrado”.
Según el análisis del órgano legislativo, por el momento las jubilaciones del régimen general no permiten mantener el nivel de consumo de los activos.
En ese sentido, una reducción de la tasa de reemplazo alejaría aún más la principal premisa de un sistema previsional, que es garantizar la distribución intergeneracional del ingreso.
Por último, Carrozza dio su proyección para los próximos años en el nivel de aportes al sistema previsional: “Yo siempre tengo una visión positiva. Si seguimos un modelo de país productivo e inclusivo de quienes ya estuvieron fuera del mercado laboral el número de aportantes debería tender a mejorar”.
El kirchnerismo impulsa en el Senado una moratoria para jubilarse sin los 30 años de aportes
El interbloque del Frente de Todos del Senado de la Nación anunció a inicios de mayo en conferencia de prensa un proyecto de ley vinculado con temas previsionales, que incluye la posibilidad de que se puedan jubilar quienes no tienen 30 años de aportes. A fines de junio la iniciativa recibió la media sanción en la Cámara Alta, y ahora espera su tratamiento en Diputados.
Durante la presentación estuvieron presentes los jefes del interbloque oficialista, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti; la titular del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, y el senador porteño Mariano Recalde, entre otros.
El proyecto, que no fue consultado con el Ministerio de Economía, establece un plan de pagos para deudas previsionales y tiene como objetivo “la inclusión”, explicó Fernández Sagasti, al considerar que se trataba de “una medida urgente” que el Senado debía abordar.
“Se hace dificultoso que las personas que cumplen este año 60 y 65 años puedan cumplir con los requisitos de los 30 años de aportes para poder jubilarse este año y el año que viene”, fundamentó la legisladora y especificó que, de aprobarse la norma, “a partir de julio, podrían jubilarse una de cada diez mujeres y tres de cada diez varones”.
