En el marco de un importante trabajo de investigación que venimos realizando desde tucumandespierta.com, hoy te mostramos un nuevo caso, a raíz de que siguen apareciendo comunas de la provincia con dineros “desaparecidos”. Sin embargo, lo cierto es que no habría ningún funcionario denunciado penal ni civilmente por parte del Tribunal de Cuentas, a pesar de que los dineros vienen sin rendirse desde el año 2017.
En esta oportunidad, este modus operandi tuvo lugar en la Comuna de San Pedro de Colalao, donde a los funcionarios a cargo en ese momento, se los declaró patrimonialmente responsables de casi 40 millones de pesos, los cuales deberán ser actualizados al momento de su pago efectivo.
Lo cierto es que, al día de la fecha, el Tribunal de Cuentas no realizó el cobro por las vías que estipula la ley de administración financiera de la provincia, en los juzgados de cobros y apremios, para que el Estado pueda recuperar los dineros desaparecidos (no rendidos) por parte de los funcionarios que manejaban la comuna en esa gestión. Esta grave situación apenas se refiere al año arriba mencionado, es decir, el 2017 (hace 7 años aproximadamente). Es por ello que cabe preguntarse entonces: ¿Qué sucedería en el caso de que se comenzara a conocer los años anteriores? ¿Acaso el Tribunal de Cuentas realizó las demandas correspondientes para recuperar el dinero por miles de millones de pesos en los últimos años que no aparecen en la mayoría de las comunas de la provincia o mira para otro lado?
El viejo dicho popular reza que no es mala la verdad, sino el hecho de que no tiene solución. En ese sentido, lo cierto es que el Tribunal de Cuentas, a cargo del presidente Miguel Terraf junto a los vocales Sergio Diaz Ricci y Marcelo Vidal, incumplen el artículo 175 de la Ley de Administración Financiera de la provincia. Lo cual resulta en un total contrasentido teniendo en cuenta que es justamente la función inherente a este ente de control cuya principal misión brilla por su ausencia, es decir, la de controlar y velar por el erario público.
Sin embargo, a la fecha no existen en los juzgados I y II de Cobros y Apremios demanda alguna con el fin de recuperar los más de 400 millones que no “aparecen” de las comunas de El Manantial, San Pablo y Los Sosa. ¿Cómo es posible entonces que hasta el momento el Tribunal de Cuentas no haya iniciado las correspondientes acciones en los tribunales para recuperar el dinero público?
Al respecto, cabe recordar que Juan Carlos Bernard fue sancionado por el mismísimo Tribunal de Cuentas tras una larga investigación en la que el funcionario se declaró en rebeldía por no presentarse a declarar. La resolución declara al ex comisionado como responsable de la falta de rendición de $151.112.621,03 millones, por lo que dicha resolución debería ser un punto de inflexión.
Y es que, para colmo, cabe mencionar que se trata de un monto de por sí escalofriante. Pero que, además, deberá ser actualizado hasta la fecha de su efectivo pago, por lo que aumentará más y más con el correr del tiempo. Sin embargo, el dinero no “aparece” y, lejos de constituir un problema para el mencionado, actualmente se encuentra ocupando el cargo de subdirector de Comercio Interior de la provincia.
Pero la localidad de El Manantial es apenas la punta del iceberg de una situación que se repite en otras comunas del interior de provincia, y que la investigación llevada a cabo por Tucumán Despierta sobre las mismas, permiten que mostremos a la opinión pública cómo se manejan los dineros de los tucumanos, los cuales navegan en un océano de aguas turbias y mucha impunidad desde hace varios años.
En ese sentido, recordemos también que en el caso de la comuna de San Pablo y Villa Nougués se estableció que existen Fondos Pendientes de rendir de las mencionadas localidades, correspondiente al último bimestre del año 2021, sobre Comprobante de Observación Nº 1155 por un importe $5.886.119,49, una cifra que no fue rendida en el Tribunal de Cuentas de la provincia.
Sergio Luis Castro, quien se desempeñaba en ese período sobre el que no rindió cuentas de los fondos, como comisionado comunal de San Pablo y Villa Nougués. A causa de esta irregularidad, el Tribunal de Cuentas de Tucumán dispuso la Apertura de un Sumario de Cuentas. Por último, el acuerdo N° 1352 del 4 de abril del año pasado, también dispuso la sustanciación de un Sumario de Cuentas en esta comuna.
Y la dispuso por la falta de regularización del Comprobante de Observación Nº 5213 (5º bim/17) por la suma de $8.131.524,16; Nº 5042 (6º bim/17), por la suma de $3.278.419,09 y Nº 4864 (3º bim/2017), por la suma de $5.812.627,52, todo lo que asciende a la suma de $17.222.570,77. Pero en este caso, se dispuso la sustanciación de un Juicio de Cuentas por la falta de regularización de los saldos pendientes ya no sólo contra Sergio Luis Castro en su carácter de comisionado comunal de estas localidades.
Sino también en contra de su propio hermano, es decir, Daniel Fernando Castro, en su carácter de Comisionado Comunal de San Pablo y Villa Nougués en ese período mencionado.
Como si todo esto no fuera suficiente, desde Tucumán Despierta corrimos el velo hace unas tres semanas acerca de un nuevo escándalo en otra comuna del interior.
La Comuna de Los Sosa, donde a los funcionarios a cargo, se los declaró patrimonialmente responsables de casi 124 millones “sin rendir”. Pero no es todo, también te mostramos la grave denuncia que pesa sobre el delegado José Albarracín.
En la cual el Sr. Ramón Alberto Soria, quien es el secretario Habilitado de esta comuna, realiza una grave denuncia en la cual deja asentado que el delegado José Albarracín vendió terrenos de propiedad de la comuna para pagar deudas del hijo, que serían del juego. De acuerdo al Expediente N° 1781-270-RAS-2022, Soria Ramón Alberto, en su carácter de secretario Habilitado de esta comuna, denunció al Comisionado Comunal de Los Sosa poniendo en conocimiento del Tribunal de Cuentas “actos de disposición de inmuebles de propiedad de la Comuna Rural de Los Sosa de manera irregular”.
Lo cierto es que lo más concreto de la denuncia se conoció a continuación. Y es que el denunciante indica que el delegado Comunal de Los Sosa, es decir, José Albarracín, “vendió a particulares, como parte de pago de una deuda contraída por el ex delegado comunal (su hijo) durante el mandato 2015-2019, terrenos otorgados a la comuna mediante Ley Nº 9288 de expropiación con destino a la construcción de viviendas sociales del padrón Nº 45.623 Sección H, Lámina 76”.
Tucumán Despierta es el único medio que continúa mostrándote la inacción del Tribunal de Cuentas y los dineros que no aparecen en las comunas de la provincia. En su momento, manifestamos estar abriendo una “caja de pandora”. Pero tal parece que ningún poder está dispuesto a dar la cara por el pueblo, al cual su contribución por medio de impuestos nadie cuida.
Y pareciera no importarles a los tres poderes en los que se divide la república. Es por ello que cabe preguntarse: ¿Qué esperan para despertarse el presidente del Tribunal de Cuentas Miguel Terraf y los vocales Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci? Y es que, al menos hasta este domingo, no existiría ninguna demanda para que el Estado provincial recupere los dineros que desaparecieron, es decir, el Tribunal de Cuentas no tan solo estaría incumpliendo sus deberes y obligaciones de denunciar en la justicia penal.
Sino también en los juzgados de Cobros y Apremios para embargar a estos funcionarios que ya fueron encontrados patrimonialmente responsables de los cientos de millones de pesos desaparecidos por el propio Tribunal de Cuentas. Lo curioso es que este organismo utiliza estos juzgados para funcionarios de bajo rango y los demanda por sumas insignificantes comparadas con las mencionadas.
Pero cuando se trata de demandar y cobrarles a delegados comunales mirarían para otro lado. ¿Por qué? Cabe recordar que el Art. 175 y concordantes de la Ley de Administración Financiera N° 6.970/99 y sus modificatorias reza:
“Los fallos condenatorios del Tribunal de Cuentas tendrán fuerza ejecutiva y constituirán título suficiente para iniciar el cobro por la vía establecida para las ejecuciones de los tributos provinciales, mediante copia legalizada del mismo”.
¿Entonces qué esperan las autoridades del organismo de contralor de los dineros públicos? Finalmente, ¿Los tres máximos responsables del Tribunal de Cuentas están cumpliendo con sus deberes de funcionarios públicos? Lo revelado hasta aquí por parte de nuestro medio deja en claro que, parecería que no.
Para finalizar reiteramos la pregunta que nos hacemos semana tras semana, ¿Intervendrá la justicia alguna vez en Tucumán de oficio para investigar los millones que desaparecen de las arcas públicas? o:
La justicia es como las serpientes, sólo muerde a los que van descalzos…
