El diputado por Tucumán, Carlos Cisneros, tuvo su primer revés en el Congreso de la Nación, luego de que el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, le frenara un proyecto de ley de su autoría.
El parlamentario tucumano y también gremialista de la Asociación Bancaria impulsaba la creación de un llamado “Impuesto Patria” que buscaba ser cobrado a aquellas personas con patrimonios supuestamente elevados con el objetivo de utilizar esos recursos para fortalecer el sistema sanitario argentino en medio de la crisis de la pandemia por el coronavirus.
La baja del proyecto, que llevaba la firma de otros diputados del extracto sindical, fue decidida por el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que elabora uno similar junto a su par Carlos Heller ─que sería presentado después de Semana Santa─ y no veía con buenos ojos medirse con los integrantes de su bloque en plena pandemia.
El proyecto presentado por Cisneros consistía en crear un impuesto del 1.25% sobre los bienes que superen los 10 millones de pesos registrados en el país y de 1.75% en el exterior. Proponía además un impuesto del 10% de su declaración jurada a quienes tengan una rentabilidad superior a 50 millones de pesos. El destino de la recaudación era material sanitario, pero no para ser controlado sólo por Ginés González García: planteaba que debía coparticiparse con las provincias y estas a su vez con los municipios.
La idea de este nuevo gravamen provocó un fuerte rechazo por parte de especialistas que afirmaban que “carecía de técnica tributaria y conceptos jurídicos precisos”, además de atacar directamente a la clase media.
Para el abogado especialista en derecho tributario Diego Fraga, el proyecto “desconoce la realidad, ya que en el medio de una crisis sin precedentes y con el arrastre de los anteriores problemas económicos, pretende hacer pagar impuestos extraordinarios no sólo a los altos patrimonios, sino también a gran parte de la clase media, mediante una sobretasa de Bienes Personales para personas humanas y sucesiones indivisas”, indicó en La Nación.
Por su parte, el proyecto que Kirchner y Heller llevan a cabo busca crear un impuesto extraordinario -por única vez- a las “grandes fortunas” y estudia gravar no sólo los bienes patrimoniales, sino también las utilidades de las empresas.
“Para establecer un criterio general, suponemos que estamos hablando de un universo de alrededor de un 1 por ciento de la población con altos patrimonios: las grandes corporaciones, los bancos, las grandes compañías de seguros, los grandes laboratorios, las grandes cadenas de supermercados, entre otros. En ese universo incluimos a los fondos transparentados a través del último blanqueo”, explicó Heller.
El propio presidente Alberto Fernández respaldó esta iniciativa y dijo que “ver quién tiene más recursos, y qué puede aportar, es legítimo y está reconocido constitucionalmente”. “Hay un sinfín de fallos de la Corte (Suprema de Justicia) en ese sentido”, agregó.
La baja del proyecto impulsado por integrantes de la Bancaria y otros sindicatos se da a cuatro días del caótico viernes 3 de abril, que provocó que miles de jubilados se agolparan en las puertas de los bancos tras 14 días con las entidades bancarias cerradas.
Esto causó un fuerte cruce entre Sergio Palazzo, titular del gremio de trabajadores bancarios y el presidente Alberto Fernández, que los acusó de haber causado que los adultos mayores deban violar la cuarentena para cobrar sus salarios.
