Próspero Marcelo Sosa les negó entidad para juzgarlo al juez y a las partes en el juicio que se le lleva a cabo por desobediencia judicial, y dijo que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) no existe porque no ha sido creada por ley. Ergo, a su juicio, no tienen entidad los abogados, fiscales y jueces que se han formado en la UNT. “He terminado. Quiero que este caso no siga”, dijo al terminar sus palabras el martes. Luego, mientras se interrogaba el último de los testigos, hizo movimientos de incomodidad, dijo algunas palabras que no se entendieron y expresó con exasperación: “¡me quiero ir ya!”. Pero se terminó quedando hasta el final de los alegatos. El juez de Santiago del Estero, Sebastián Diego Argibay, a cargo por subrogancia de la audiencia, dictará su fallo hoy a las 11.
Sosa es un vecino de San Javier que ha erigido en el kilómetro 28 de la ruta 338 el barrio privado Las Pirámides, que está dentro del sector sur del parque Sierra de San Javier, que es propiedad de la UNT desde que fue expropiado en 1948 por la Nación. Esta se lo cedió a la Universidad para que construya allí su Ciudad Universitaria, cuya construcción quedó inconclusa en 1951. Dos décadas después, la UNT definió que 14.130 hectáreas que posee en San Javier serían el parque, al que considera reserva ambiental.
Dentro del terreno expropiado vivía la familia de Sosa, que está en conflicto con la casa de Altos Estudios. Esta lo querelló en 1998 por usurpación, causa que prescribió en 2008 por falta de seguimiento de la acción penal.
A partir de entonces Sosa comenzó a hacer el barrio. En 2018 la UNT le hizo una nueva querella por reivindicación y por dañar el ambiente del bosque nativo, a raíz de lo cual la Justicia le ordenó no seguir construyendo, no talar ni abrir caminos. Como luego se demostró que no había cumplido, se le inició la querella por desobediencia.
El martes en la entrada del tribunal de la Justicia Federal, en el edificio de Las Piedras y Congreso, Sosa dijo que la UNT no tiene derechos, que “hace una punta de años que tengo ganado el juicio y que las familias que han comprado lotes en el barrio les dice que él no tiene la culpa de que la UNT esté cometiendo injusticia. Con respecto al acuerdo de la UNT con EDET y la SAT para no entregar más líneas de servicios, dijo: “ya vamos a arreglar. Tenemos que aprender a convivir”.
Posesión vs. escritura
En la audiencia del martes, hizo uso de la palabra y pidió disculpas primero por su manera de expresarse: “Yo soy grosero pero esto no va más allá del derecho. Animosidad no tengo”. Y luego desencadenó su defensa: dijo que no lo consultaron para acusarlo, que “todos los jueces, fiscales, partes y entenados defienden los mismos intereses. Ustedes vienen delinquiendo desde la dictadura. ¿Por que se arrogan el derecho de juzgarme?”
Dijo que su familia vive hace más de 100 años en ese predio y que al haber ganado la querella que le hizo la UNT por usurpación ese sobreseimiento es el título que él tiene y negó que la escritura de la UNT sea verdadera. Incluso dijo que la UNT “no existe; para que la universidad exista tiene que tener una ley de creación. ¿Tiene que tener una ley?, le pregunto a usted”, le dijo a la secretaria de la sala. El juez le advirtió que no le pregunte nada a nadie, que sólo haga su exposición. “Ah, bueno, usted no me puede prohibir a mí que no me exprese en el sentido que yo quiera”, respondió.
Y siguió. Dijo que la Reforma Constitucional del 94 ha incorporado “los derechos colectivos de la izquierda” y que los derechos que valen son los individuales y además que le están haciendo un juicio que no tiene sentido. “Con el nuevo Gobierno no hay derecho colectivo, aunque esté en la Constitución”. “No le acepto a usted, señor juez, ninguna autoridad sobre mi persona. Usted es amigo de estos otros jueces. Yo voy a elegir algún juez en Comodoro Py. He terminado. Quiero que este caso no siga”.
Luego el fiscal Agustín Chit hizo pasar a los testigos, oficiales de la Policía Federal y gendarmes que participaron en los operativos de reconocimiento del terreno en los que se constató que desde 2018 se había seguido construyendo en el barrio y que se habían talado árboles y hecho caminerías.
A su turno, el querellante por la UNT, Máximo Castro, hizo pasar a los testigos -el ingeniero geodesta Julio César Robles, quien realizó el plano de mensura de San Javier y explicó el informe de Google Earth que dio cuenta del crecimiento del barrio; y el geólogo Julio César Martensen, quien habló sobre el daño ambiental.
Fue durante esta declaración cuando Sosa expresó su malestar y dijo “¡Me quiero ir ya!” Luego se tranquilizó.
Pedido de prisión
El fiscal Chit expuso sobre la desobediencia a la orden de la justicia y sobre la situación en el barrio, lo consideró autor de desobediencia judicial y la multa correspondiente y pidió una pena de un año de prisión y 100 millones de pesos de multa; retrotraer al estado anterior a la fecha de notificación de la medida, el 7 de diciembre de 2028, y demoler las construcciones; y que se deje reservado para el caso de que corresponda que los compradores de buena fe puedan repetir el concepto en contra de Sosa. También pidió inhibición de bienes.
A su turno, el querellante Castro se adhirió al alegato de Chit y dejó en claro que la materialidad del hecho ha quedado configurada “cuando Sosa se atribuía el dominio de las tierras y vendía los lotes haciendo firmar boletos de compraventa donde se reservaba para sí los derechos para iniciar los juicios de prescripción adquisitiva”. “Nadie compra un terreno para no construir”, expresó. “El permitía que se desmonte y se construya”. Pidió el máximo de la pena, que decomise los bienes usados para cometer el delito y que se instale un puesto de Gendarmería.
El defensor de Sosa, Roberto Díaz Taddei, dijo que no se configuró el delito de desobediencia judicial, porque no se probó que haya sido Sosa el que desmontó, construyó o abrió caminos, y que los acusadores no les preguntaron a los vecinos quién lo hizo. Pidió el sobreseimiento de su cliente.
