La Secretaria Adjunta de la Seccional N°5 de la Provincia de Tucumán de la Unión de Empelados de Justicia de la Nación, Alejandra Martínez, manifestó que ayer se presentó ante la Legislatura un pedido de juicio político contra Daniel Leiva debido a “las inconductas graves” en las que habría incurrido el vocal de la Corte. Según dijo, con el caso Pedicone “demostró ser un juez que no tiene parcialidad, ni independencia, al tiempo que responde a un “patrón” político que es el vicegobernador Osvaldo Jaldo.
Por esta razón, dijo, es que Leiva no puede seguir perteneciendo al Poder Judicial, razón por la cual se hizo el pedido sobre su destitución. A pesar del entramado judicial, expresó no tener dudas de que se le dará curso al pedido realizado. En ese sentido, se mostró confiada en que la Comisión de Juicio Político estará a la altura de las circunstancias. También, hizo mención al papel que jugará la sociedad “que necesita una Justicia independiente”.
Defender la independencia de la Justicia es un pedido desde siempre desde el sector gremial que representa Alejandra Martínez, declaró. También indicó que no permitirán que se atropelle a jueces ni a fiscales, lo mismo que a funcionarios y empleados independientes, por lo que no es de esperar “actitudes mansitas” de parte de este sector que no permitirá “que el hilo se corte por lo más delgado”. “El que tiene que renunciar o ser destituido es el Dr. Daniel Leiva”, dijo.
Cabe recordar que se está preparando un bocinazo previsto para el próximo 10 de septiembre bajo el lema #LeivaGate. La concentración será en calle Monteagudo y avenida Sarmiento y desde allí se dirigirán hasta la Legislatura de Tucumán con el fin de hacerse escuchar y defender la independencia del Poder Judicial, ya que allí se debería sustanciar el juicio político presentado contra la figura del juez de la Corte, Daniel Leiva.
Por otra parte, opinó sobre el pedido de licencia del Ministro Fiscal Subrogante, el Dr. Daniel Marranzino. Martínez recordó que fue él quien mandó a la causa “al viejo sistema del código cuando por la fecha en que se realizó la denuncia, es decir, el 1° de septiembre, correspondía que se lo hiciera con el nuevo código procesal”. Esto significa que el asunto se tenía que dirimir en una audiencia oral y pública.
Esto hubiera permitido que la ciudadanía ejerciera su derecho a saber qué fue lo que ocurrió entre el magistrado Leiva y el juez Pedicone teniendo acceso a esta información. Sin embargo, Marranzino decidió hacer lo contrario y mantuvo en el oscurantismo en lugar de hacer el trámite más transparente, explicó Alejandra Martínez, ya que el sistema viejo implica la parte escrita propia del sistema penal, lo cual implica más demora.
También se refirió al giro adoptado por Fernando Valladares, el secretario judicial que labró el acta y que en las últimas horas declaró que jamás escuchó los audios a pesar de haber sido quien redactó la denuncia, sino que escribió lo que Pedicone le habría dictado. “Es un mentiroso y no puede seguir estando dentro del Poder Judicial porque ya perdió total credibilidad y ya no es de la confianza de la institución”, expresó Alejandra Martínez.
Acerca de la veracidad de los audios y la posibilidad de tomarlos como prueba legítima, habló su abogado, el Dr. Gustavo Morales quien señaló que el año pasado en la por entonces Cámara Penal, Sala 2, en el caso Ruiz Agustín convalidó la utilización de unos audios como medio de prueba incriminatorio en contra del entonces director de Empleo e Intermediación Laboral, Agustín Ruiz. En los mencionados audios aparecen las voces de las tres víctimas.
En ese caso, Ruíz les exigió una parte del dinero que cobraban hace un par de años. Lo que el Tribunal dejó en claro es que cuando un funcionario público propone una reunión fuera de su ámbito laboral o de desempeño, en caso de ser filmado o grabado, sin haber sufrido ningún tipo de coacción para expresar libremente su opinión, la prueba es válida y no puede invocarse luego la vulneración de ninguna garantía.
El mencionado fue condenado a 3 años de prisión más 5 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Y esto constituye un precedente cercano y que ocurrió en Tucumán. Por lo tanto, la Justicia no debería oponer resistencia a la hora de convalidar los audios en el caso de Pedicone contra Leiva, los cuales serán claves a la hora de determinar la veracidad de la denuncia contra el vocal de la Corte Suprema.
El Dr. Morales declaró que esta intromisión de Leiva en un caso del juez Pedicone era la tercera vez que tenía lugar. Las veces anteriores fueron en ocasión de solicitar que lleve a juicio oral al Dr. José Roberto Toledo. “Tenían que pintarle los dedos”, habría sido el pedido de Leiva. La segunda vez que trata de influir fue cuando le pidió confirma el sobreseimiento a favor de Javier Noguera, el intendente de Tafí Viejo.
Las celdas que tienen los celulares y que permiten ubicar las llamadas entrantes y salientes desde los teléfonos celulares podrían demostrar la veracidad de los dichos de Pedicone. En ese sentido, el Dr. Morales adelantó a Tucumán Despierta lo que será motivo de ampliación del juicio político que existe un “incesante intercambio de llamadas telefónicas entre Leiva y Jaldo”. Y es que los audios tendrían registrados los pedidos de Jaldo en favor de Bussi”.
En los entrecruzamientos telefónicos estarían registradas las llamadas entrantes y salientes del número de celular de Leiva junto con las celdas. Por esta razón, consideró que “la desgracia de Jaldo y de Leiva está echada”. Por último, explicó que Leiva incurrió en lo que se denomina “autopuesta en peligro”, debido a que fue él mismo quien pidió reunirse con Pedicone, según viene manifestando desde el primer momento el camarista.
