La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este viernes 11 de junio la detención domiciliaria de Martín Báez, quien está en el penal de Ezeiza desde hace más de dos años en la causa conocida como “La ruta del dinero K“, en la que fue condenado.
El hijo mayor de Lázaro Báez está condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero.
Ahora, Casación le ordenó al Tribunal Oral que le otorgue la domiciliaria sin la condición de tener que pagar antes la caución que ellos habían establecido de 531.437.500 millones de pesos. De esta forma, Martín Báez dejará la prisión de Ezeiza y continuará detenido en su casa.
El Tribunal Oral Federal 4 había establecido la cifra de la caución a pagar como condición de salir en detención domiciliaria, pues la prisión preventiva que se le impuso en febrero de 2019 estaba vencida, más allá de la condena fijada recientemente en el juicio al que se le sometió, ya que la misma no está firme.
En su descargo a la imposición de la caución, la familia de Martín Báez expuso que todos los bienes para poder hacer frente a la caución estaban embargados en el marco de la causa judicial, más allá que el Tribunal Oral insistía en que sí tenía patrimonio para hacer frente a la fianza.
Pero la defensa apeló el fallo del Tribunal Oral y tomó cartas en el asunto la Cámara de Casación, que ahora con las firmas de Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma le ordenó que primero le otorguen la prisión domiciliaria y luego le impongan una caución.
Los jueces de Casación evaluaron que Martín Báez puede cumplir la prisión en su propio domicilio y bajo el cuidado o vigilancia del “Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.
Además, tuvieron en cuenta que ni el fiscal de juicio ni el fiscal ante la Cámara se opuso a lo pedido por la defensa de Báez.
De esta forma, Martín Báez saldrá en prisión domiciliaria tal cual ocurrió con su padre a fines de 2020, pues estuvo más de cuatro años en prisión preventiva lo que excedió aquello que marca la ley de dos años prorrogable con fundamento por otro más.
