El fiscal Mario Villar a cargo de la causa contra Cristina Kirchner por las obras públicas de Vialidad Nacional en la provincia de Santa Cruz prepara un pedido para agravar su condena de 6 años de prisión por corrupción a los 12 años de cárcel como solicitó durante el juicio oral su colega Diego Luciani.
Faculta de Derecho, UBA
La Cámara de Casación Penal está revisando la condena contra Cristina Kirchner por fraude contra la administración pública y convocó a una serie de audiencias. Allí, la fiscalía va a argumentar en favor de mantener las condenas y agravarlas, según cada caso, y va a pedir que se revoque la absolución de la vicepresidenta por el delito de asociación ilícita y del resto de los acusados que fueron liberados de culpa y cargo.
La primera de estas audiencias tendrá lugar el 26 de febrero y ese día argumentará el fiscal de Casación, Mario Villar ante los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
En esa audiencia, el fiscal Villar tiene previsto pedir que se rechace el recurso de Casación de la exvicepresidenta y solicitar que se agrave su condena.
Ignacio Sánchez
Hay dos caminos para solicitar que se sumen años a los que recibió Cristina Kirchner.Los jueces del tribunal oral federal Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso impusieron la pena máxima por administración fraudulenta que son 6 años de prisión. Consideraron que las 51 licitaciones de obra pública de la provincia de Santa Cruz direccionadas en favor de Lázaro Báez como un solo hecho de fraude.
La fiscalía puede argumentar que fueron más de un hecho, incluso porque en el período en que los hechos tuvieron lugar (desde el Gobierno de Néstor Kirchner a los dos de Cristina Kirchner) hubo tres administraciones y, con ese argumento, pedir que se sumen más años al castigo.
La otra manera de ir por un agravamiento de la pena es argumentando contra la absolución por asociación ilícita, como había ensayado en el juicio oral el fiscal Luciani. Ahí el límite son los 12 años de cárcel que pidió la fiscalía como condena en ese momento.
Por eso en caso de que se rechace esta pretensión, Villar puede argumentar por agravar el fraude contra el Estado.
A pesar de que Cristina Kirchner está condena a seis años de prisión, no quedó presa porque esa sentencia debe ser revisada primero por la Cámara de Casación Penal y luego por la Corte Suprema de Justicia. Solo si la Corte rechaza todos los recursos de la defensa y deja firme el fallo, la exvicepresidenta podría ser detenida. Cristina Kirchner no tiene fueros que eviten su arresto, pero tiene más de 70 años, por lo que puede pedir cumplir su pena en su casa.
En la Cámara de Casación Penal ya comenzaron los trámites para revisar la condena, que incluye una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Hornos, Borinsky y Barroetaveña, que ya realizaron a mediados de diciembre pasado una audiencia de organización de las próximas reuniones en las que el fiscal Villar y los abogados defensores de los acusados argumentarán en favor y en contra del fallo.
Estuvo ausente la UIF, que es la única querellante que permanece en la causa. El nuevo Gobierno ya decidió que la UIF no iba a ser querellante en causas penales, por lo que debería retirarse si se sigue con esa política. Los letrados de la UIF del Gobierno anterior, en una controversial decisión, evitaron acusar a Cristina Kirchner y solo pidieron una leve pena para exfuncionarios menores. Ahora se espera que directamente se retiren.
El fiscal de Casación Mario Villar quiere además que se condene a quienes fueron absueltos en el juicio oral; entre ellos, el exministro de Planificación Julio De Vido, los exfuncionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner- y el exfuncionario de Santa Cruz, Héctor Garro. Las defensas, por otro lado, quieren revocar la condena y que se dispongan absoluciones.
Las audiencias para que todas las partes (fiscal y defensas) expongan ante los jueces serán el 26 y 29 de febrero, el 7, 14 y 25 de marzo y el 4 de abril. Después, los jueces se tomarán los 20 días hábiles que prevé el Código Procesal para definir si confirman la condena a 6 años, mandar a dictar otra más grave, si la revocan o si la reducen.
La revisión de la Casación es la etapa final en todo lo relativo a la discusión de la materialidad de los hechos y la prueba. Luego de su fallo, solo quedaría el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, reservado única y excepcionalmente a cuestiones de índole constitucional. Si la Corte deja firme el fallo, debería ejecutarse.
Más allá de este caso, Cristina Kirchner debe enfrentar dos nuevos juicios orales que amenazan con demorarse: uno de ellos por el caso Hotesur-Los Sauces, por lavado de dinero, que está vinculado con la causa de Vialidad, y el otro por la firma del Pacto con Irán, que fue denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman como una manera de buscar la impunidad de los iraníes sospechosos del atentado contra la AMIA.
En el caso Hotesur y Los Sauces está pendiente un recurso ante la Corte Suprema de Justicia que impediría realizar el juicio en lo inmediato y para la realización del juicio oral por el caso del Pacto con Irán no están aún definidos los integrantes del tribunal oral que debe intervenir, ya que hubo una seguidilla de excusaciones y recusaciones que mantiene la incertidumbre sobre quiénes son los jueces que realizarán este juicio.
