La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, reiteraron el pedido de indagatoria al exgobernador de Tucumán José Alperovich en una causa por distintos hechos de abuso sexual ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán.
“Se vislumbra un cuadro probatorio con la suficiente entidad que permite encuadrar la situación fáctica a la norma procesal delimitada en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, dándose en la especie el estado de sospecha al que ésta alude”, sostuvieron Vismara y Labozzetta en el sitio Fiscales. En ese artículo se estipula que el juez podrá interrogar a una persona en el momento en que existen motivos suficientes para sospechar que cometió un delito.
El y la fiscal habían formulado en diciembre de 2020 un pedido de indagatoria para Alperovich y en diciembre del año pasado reiteraron la solicitud en base a la ampliación de la acusación que hicieron contra el también exsenador. En el dictamen que presentaron la semana pasada, marcaron que ya se llevaron adelante una serie de medidas y mencionaron que, debido a toda la prueba incorporada hasta el momento, no había más cuestiones que resolver que impidieran el llamado a indagatoria.
En la primera solicitud que hicieron, Vismara y Labozzetta habían repasado las dos situaciones mencionadas por la denunciante, ocurridas en diciembre de 2017 dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Tras el fallo donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires, solicitaron una ampliación de la acusación por las situaciones denunciadas que habrían ocurrido en Tucumán.
“En su gran mayoría, los casos de abuso sexual como el presente se cometen en un ámbito de intimidad en donde no siempre es posible contar con testigos presenciales de lo ocurrido. Por ello, las mujeres víctimas de esta clase de agresiones y abusos enfrentan grandes dificultades al momento de denunciarlos, todo lo cual ha llevado al trazado de políticas públicas que, desde el servicio de justicia, se vienen desarrollando hace algunos años, a fin de garantizarles una asistencia eficaz y oportuna”, habían explicado los representantes del Ministerio Público en el dictamen que presentaron en diciembre de 2021.