En las últimas horas, el legislador del PRO, José Macome, presentó un proyecto de ley con el objetivo de modificar el funcionamiento del ERSEPT, ante la crisis generada por los cortes de energía y la mala calidad del agua que sale de las canillas en varios barrios de Tucumán. Uno de los principales cambios en el funcionamiento del organismo que debe controlar la prestación de las empresas de servicios públicos es que contempla penalizaciones para los funcionarios del ERSEPT, hoy a cargo Luis Morghenstein, exintendente de la Las Talitas.
De aprobarse este proyecto de ley impulsado por Macome, si el ERSEPT no resguarda los derechos de los usuarios ni garantiza la prestación continua y de calidad de los servicios, los funcionarios podrían ser sancionados como una falta grave e incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Se entiende por evidente incumplimiento objetivo a los hechos públicos y reiterados de ausencia o disminución de los distintos servicios, así como la falta de sanciones frentes a los incumplimientos contractuales de las prestadoras”, especifica el proyecto.
La iniciativa del legislador opositor también contempla que el Ersept difunda en su página web todas las resoluciones que emita, las multas a las empresas concesionarias, los balances de las empresas, entre otras cosas, y que incorpore un 0800 que sea atendido por una persona –no por un contestador automático– para que los usuarios puedan realizar reclamos.
Además, el proyecto de ley exige la transparencia en la designación del directorio mediante un concurso de antecedentes, agravando las incompatibilidades en los casos de conflicto de intereses con las prestadoras, extensible al cónyuge y colateral hasta el segundo grado. Por último, la iniciativa quiere que el Poder Legislativo sea el contralor del Ersept y no el Poder Ejecutivo, como es en la actualidad.
Macome fundamentó su proyecto de ley en que “el Ersept debe asumir seriamente el rol de control y para ello es necesario que se desempeñe con eficiencia, ya que tiene la responsabilidad de proteger a la parte más vulnerable en un contrato de adhesión, donde los abusos pueden intensificarse si las empresas perciben la falta de supervisión o complicidad por parte de las autoridades reguladoras”, esgrimió.
“No podemos permitir que estas situaciones pasen desapercibidas para las empresas prestadoras de servicios sin que haya consecuencias. La imposición de sanciones correspondientes y el control en la calidad y continuidad del servicio, está en cabeza del ERSEPT”, continuó.
“El ERSEPT no es parte de las prestadoras, tal como se comporta en la actualidad, por eso presentamos este proyecto que busca ajustar las responsabilidades de este organismo de control para resguardar los derechos de los usuarios y garantizar la prestación continua y de calidad de dichos servicios”, señaló
“Con estas modificaciones buscamos que el ERSEPT cumpla con la misión para el que fue creado: proteger a los usuarios garantizando que las empresas prestadoras cumplan con los términos del contrato de concesión. Debe ser un organismo que brinde respuestas y soluciones a las demandas de la sociedad”, concluyó Macome.
