El abogado Gustavo Morales deberá continuar detenido en el penal de Villa Urquiza por otros 45 días. Así lo resolvió el juez Guillermo Di Lella, al hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) y de la Fiscalía de Estado, quienes argumentaron que persisten riesgos procesales y que la investigación está en una etapa decisiva. La defensa había solicitado el arresto domiciliario por cuestiones de salud, pero la Justicia lo descartó.
Morales está imputado porque habría instigado un intento de sedición policial ocurrido en febrero pasado, hecho que fue desarticulado por las autoridades. Según la acusación de la fiscal Mariana Rivadeneira, el letrado no sólo alentó la huelga de efectivos policiales, sino que incluso habría sugerido la toma de la Casa de Gobierno. A raíz de estos hechos, el juez Gonzalo Ortega le había impuesto una prohibición de realizar manifestaciones públicas, la cual fue desobedecida, lo que motivó la prisión preventiva inicial.
Durante la extensa audiencia, Morales tomó la palabra y se defendió: “Lo único que pretendo es recuperar la libertad para cubrir las necesidades de mis dos hijas. Lo único que hice fue brindar asistencia legal a quienes me la solicitaron”, dijo, visiblemente afectado.
Su defensa, integrada por los abogados Carlos Garmendia y Diego Piedrabuena, calificó el proceso como “insólito”. “Es el único de los imputados por esta presunta sedición que está detenido. La fiscalía quiere hacerle cargar con toda la responsabilidad, cuando su único error fue hablar de más”, sostuvo Garmendia. Además, insistieron en que Morales padece problemas de salud que se han agravado en prisión, por lo que reclamaron su traslado al régimen domiciliario.
Rivadeneira y la auxiliar fiscal Brenda Deroy rechazaron el planteo defensivo. “No estamos diciendo que Morales se fugará, pero sí hay elementos que nos permiten sostener que puede interferir en el proceso. De hecho, ya lo ha hecho, con campañas públicas de desprestigio e intentando amedrentar a quienes investigamos el caso”, apuntó Deroy.
Entre los nuevos elementos que respaldaron su posición, mencionaron el testimonio de un testigo clave que manifestó temor a sufrir represalias, y la aparición de mensajes de una sindicalista del MPF que habría filtrado información procesal a Morales. “Esto confirma que el riesgo procesal no solo se mantiene, sino que se ha intensificado”, remarcaron.
El abogado José María Molina, representante de la Fiscalía de Estado, adhirió a la solicitud del MPF y subrayó la gravedad institucional del caso. “Estamos en una instancia clave. No garantizar el avance del proceso sería un error gravísimo”, advirtió.
Uno de los puntos de discusión giró en torno al estado de salud de Morales. Garmendia presentó informes médicos que describen un deterioro físico durante su estadía en prisión. Sin embargo, el MPF replicó que el detenido ya fue trasladado a Villa Urquiza para estar más cerca del hospital Avellaneda, donde puede recibir atención especializada.
“Hay cientos de detenidos con problemas similares o peores, y ninguno tiene la cobertura médica que hoy tiene el doctor Morales”, señaló Molina.
Tras más de seis horas de audiencia, el juez Di Lella resolvió prorrogar la prisión preventiva por 45 días más y ordenó que Morales continúe recibiendo la atención médica requerida. En cuanto al pedido de arresto domiciliario, decidió no expedirse, ya que esa solicitud deberá ser resuelta en una instancia de impugnación. La defensa, por su parte, ya apeló la resolución.
