Han transcurrido dos semanas desde que el pasado 11 de agosto se realizara la segunda presentación del pedido de informes a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar. En ese sentido, cabe recordar que esta acción tuvo lugar como consecuencia de que, en el primer pedido de informes, el presidente del tribunal que debe juzgar a Jorge Yapura Astorga por corrupción, contestó con evasivas y sin informar lo solicitado.
Es por ello, que el denunciante solicitó un nuevo pronto despacho, teniendo en cuenta el lapso de tiempo transcurrido, así como también a causa de la falta de contestación por parte de magistrados y funcionarios de la más que cuestionada Cámara Penal Sala III° Conclusional, cuyo titular, el juez Fabián Adolfo Fradejas, pareciera tener más autoridad que la misma presidenta de la Corte Suprema local.
Esto se debe al hecho de que este también cuestionado magistrado hace lo que quiere, mientras la Dra. Sbdar mira para otro lado haciéndose la distraída, como ya es costumbre por estas latitudes. O tal vez cabe otra posibilidad, justamente, la de que el tribunal contaría con la venia del vocal del máximo tribunal, Daniel Leiva, hombre del vicegobernador y presidente de la legislatura Osvaldo Jaldo, a quien se encuentra muy ligado.
Y es que el vicegobernador sería el “protector” de Yapura Atorga acusado de corrupción. Esto se debe a que la Sala III° debe llevar adelante el juicio oral del ex intendente de Tafí del Valle y actual legislador jaldista, y no solo pareciera a toda costa intentar de proteger al procesado, sino que, además, se niega a informar las razones planteadas por el denunciante en la presentación anterior sobre la que dio cuenta Tucumán Despierta.
Es por ello que cabe preguntarse: ¿Acaso podrían incidir en este hecho, sobre todo, presuntos actos de corrupción de parte de los jueces que integran dicho tribunal? Al respecto, cabe mencionar que dichos actos consistirían en demorar la causa en contra de Yapura Astorga para dilatar el juzgamiento y la segura condena al acusado y a los integrantes de su círculo cercano que también fueron denunciados y se encuentran procesados.
Se infiere que esto se debe al temor que infunde en los magistrados el poder político de los sindicados. Sobre todo, la Sala III° Penal Conclusional cuando se trata de juzgar a políticos corruptos. Y es que, en un año, la Justicia de Tucumán, con este accionar, demuestra que no actúa con causas que son sensibles al poder político. Parecería que la Sala III° de la mano de su titular, Dr. Fradejas, estarían protegiendo a Yapura Astorga por medio de su silencio e inacción.
Mientras tanto, la Dra. Claudia Sbdar lo deja actuar a sus anchas, razón por la cual podría conjeturarse a esta altura que existiría una suerte de pacto espurio que le asegura al legislador jaldista acusado por corrupción que nada malo le pasará en materia judicial. Es por ello que cabe preguntarse: ¿Acaso son tantos los intereses que se manejan dentro del Poder Judicial que preside la presidenta de la Corte Suprema local que le impide actuar conforme a derecho?
