Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete, dijo durante el fin de semana que para el Gobierno el escándalo por el Olivosgate “está terminado”. Otra manifestación de voluntarismo político en estado puro. Evidencias a la vista, es el propio Alberto Fernández quien, ante la necesidad de definir una estrategia en la Justicia y emparchar el daño que causó en la opinión pública, mantiene vigente el incómodo affaire.
Posee, pese a todo, una ventaja. Como suele ocurrir con aquellos pleitos que afectan a cualquier poder de turno en la Argentina, la Justicia parece haber ingresado en la administración prudente de los tiempos. Nunca hay que olvidar que la política transita un tramo clave del calendario electoral. El fiscal Ramiro González, a cargo de la causa, sigue con la recopilación de pruebas de aquel festejo de cumpleaños de Olivos. Habría que estar atentos a otro detalle.
La causa cayó por ahora en el Juzgado Federal 7 a cargo de Sebastián Casanello. El juez derivó toda la investigación en el fiscal. Pero afirman en oficinas de Comodoro Py que Casanello, por razones de estricta índole personal, podría en algún momento renunciar a su cargo. Incluso, irse a vivir al extranjero. Se trataría de otro escollo. Mientras aquello sucede, el Presidente deja trascender indicios que apuntan a condicionar la tarea del fiscal González.
Otra vez el portavoz resultó Cafiero, “No creo que se haya cometido un delito”, anunció. El Jefe de Gabinete no es abogado. Se encargó, solamente, de transmitir una idea presidencial. ¿Cuál? Como aquella celebración no habría sido diseminadora de contagios del COVID el delito, según esa interpretación, no se habría consumado. La inmensa mayoría de los especialistas en Derecho Penal sostiene lo contrario.
El delito se materializó (artículo 205 del Código Penal) con la simple violación de la norma que había dictado el Presidente para imponer una cuarentena dura a la sociedad. Las consecuencias, en este caso, no contarían. Resulta inconcebible no suponer que la orientación de la Casa Rosada sería indiferente para el fiscal González. Alberto Fernández, en tanto, cavila acciones complementarias que exhiban su buena disposición a colaborar con la Justicia.
Incluso con alguna señal simbólica tendiente a reparar el daño. Curiosa contradicción, ¿Qué daño si, según Cafiero, no existió la comisión del delito? El abogado presidencial en esta causa, Gregorio Dalbón, fue quien anunció que Alberto estaría dispuesto a donar una parte de su sueldo como suerte de “reparación voluntaria”. Tal vez, existiría una presentación espontánea ante la Justicia. Previo a las PASO del 12 de septiembre. Sólo una casualidad.
Nadie conoce en el oficialismo el efecto que podría tener ese manojo de acciones en un electorado que, según las encuestas, registró un fuerte impacto emocional (de desengaño) cuando se divulgaron las primeras fotografías del Olivosgate. El planteo del presente importará poco una vez que se conozca el resultado electoral. Según sea, se barajará de nuevo. Pero el Gobierno siente que se enfrenta a una emergencia… “la de perder”.
