El juez rechazó de inmediato ese hábeas corpus por cuestiones de seguridad del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Pero Pérez Corradi, a través de su defensor oficial, consiguió llevar su planteo hasta la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.
En esa instancia, el defensor oficial aseguró que el rechazo al pedido del interno por parte del magistrado como de los camaristas provocaba el «agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención en el marco de la restricción al derecho a la libertad física» porque la resolución violaba abiertamente «los derechos al esparcimiento, a informarse, a peticionar a las autoridades, el acceso a la justicia, a la defensa y a no sufrir malos tratos en el marco de la detención carcelaria, todos garantizados constitucionalmente».
Sin embargo, los jueces del máximo tribunal penal explicaron que la instalación de un receptor de señal digital prepago implicaría «la participación de personas ajenas al establecimiento para su activación, atentando esto contra la seguridad o el orden del mismo; que al tratarse de un sistema prepago, el peticionante o cualquier otro interno podría acceder a canales pornográficos, lo que se encuentra prohibido».
Existen, por otra parte, alternativas compatibles con el reglamento interno del SPF como el decodificador de Televisión Digital Abierta.
Y, lo más importante de todo, que «ese artefacto posee una antena del tipo VHF-UHF, con la que se podría llegar a captar o interferir las comunicaciones realizadas en el establecimiento con los equipos de radio fijo o manuales debido a su frecuencia de recepción de señal».
Pérez Corradi cumplió el 19 de junio cinco años en la cárcel. En ese tiempo, los tribunales porteños en lo Penal Económico (TOPE) 2 y en lo Criminal Federal (TOCF) 5 le dieron por cumplidas dos penas: una de 2 años y 5 meses por intentar traficar 50 kilos de efedrina como si fuera pólvora y otra de 2 años y 4 meses por lavado de activos de la «mafia de los medicamentos». El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 porteño además le otorgó la libertad condicional tras cumplir dos tercios de los 7 años por traficar 13 mil kilos de efedrina para narcos mexicanos.
La jueza federal María Servini, por su parte, volvió a dictarle en abril la falta de mérito para procesarlo o sobreseerlo como autor intelectual de las ejecuciones de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina el 7 de agosto de 2008 en algún lugar que todavía no pudo identificar.
Lo que no consiguió fue autorización para tener una antena de tv en su celda. Éste podría haber sido su último hábeas corpus en la Argentina: Encripdata pudo saber que la jueza Arroyo Salgado firmaría en los próximos días su entrega a los Estados Unidos.
