El pedido de juicio político promovido contra Cristina Kirchner, está respaldado por las atribuciones conferidas por el artículo 53 de la Constitución Nacional. El cual, indica que sólo la Cámara de Diputados, ejerce el derecho de acusar ante el Senado al vicepresidente en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.
Las razones para promover el juicio político pasan por el hecho de que se considera a Cristina Kirchner de tener conductas de enorme gravedad institucional, alterar el orden institucional y el sistema democrático que consagra la Constitución Nacional. Y es que se señala que desde su posición de vicepresidenta realizó maniobras con el objetivo de atentar contra la independencia del Poder Judicial de la Nación y someterlo a sus intereses personales y políticos.
Esto vendría a implicar un avasallamiento al Poder Judicial, por lo que también significa una grave alteración del orden constitucional debido a que se trataría de garantizar la impunidad de la vicepresidenta, obstruyendo el funcionamiento de la Justicia. Y es que se le endilga a Cristina Kirchner la implementación de un plan de impunidad que se basaría en una serie de medidas e intenciones para llevar a cabo su fin.
Juicio Politico a CFK Diciembre 2020 by Tucumán Despierta on Scribd
En primer lugar, estuvo el proceso de desactivación o vulneración del sistema de protección de testigos e imputados colaboradores. Luego, se procedió a la liberación de funcionarios del gobierno del que Cristina Kirchner fue presidenta, investigados por presuntos hechos de corrupción. Pero también fue clave el desistimiento del rol de querellante de la Oficina Anticorrupción, en causas de corrupción en las que se investiga a la vicepresidenta.
Luego, se avanzó en pos de implementar reformas legislativas, como la denominada Reforma judicial y la modificación de la Ley de Ministerio Público Fiscal. En ese sentido, se intentó avasallamiento al Poder Judicial por medio de la destitución encubierta de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Cabe mencionar la violación a la independencia del Ministerio Público, así como al Intento de destitución del Procurador General interno, Eduardo Casal.
Ni hablar de lo que fue la carta de Cristina Kirchner en la que ejerce presión hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por todos estos fundamentos, es que la finalidad de este proceso consiste en una investigación por parte del Congreso sobre la conducta de la vicepresidenta con el fin de determinar incurrió en alguna de las causales previstas para la remoción del cargo que ostenta.
En el caso de juicio político contra Cristina Fernández de Kirchner, la causal de mal desempeño se debe a las consecuencias de su obrar para las instituciones o para la confianza pública. Esta causal permite una valoración amplia ya que no sólo se trata de la falta de idoneidad no solo profesional o técnica, sino también moral, como la ineptitud, la insolvencia moral, todo lo cual determina un daño a la función, o sea a los intereses generales de la Nación.
La evidente conducta tendenciosa, maliciosa e irregular que tendría Cristina Kirchner, cuando presionaría al Poder Judicial para lograr morigerar su situación procesal en diversas causas donde se la investiga por corrupción, no hace más que generar perjuicio y deshonra al país y debe ser considerado un impedimento para el correcto ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución Nacional.
