Fernanda Raverta lleva tan sólo quince días al frente de la Anses, organismo central en un Gobierno que pondera el rol del Estado como herramienta de igualdad. El ser la primera mujer en ocupar la cúspide del directorio -y no ser economista, dato no menor- no le hace temblar la voz. “No dudé en agarrar”, dijo firme, en alusión al llamado de Alberto Fernández.
“Estamos prácticamente cubiertos, pero como trabajadora social pienso que se puede ampliar y mejorar”, relató ante Crónica respecto de las múltiples ayudas bajo el formato IFE, jubilaciones y asignaciones universales.
“Sí, juro”, salió de su boca el 11 de diciembre. Aquel miércoles se hacía cargo de Desarrollo de la Comunidad en la provincia de Buenos Aires. Meses después, eso pasó a la historia. Desde el 1º de mayo es la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, la entidad que articula los beneficios del Estado con la comunidad. Y ese beneficio, como consecuencia de la pandemia, se acrecentó en los últimos meses.
“Esto es una emergencia económica que traíamos del gobierno anterior, que nos puso en estado crítico. A eso se sumó una emergencia sanitaria”, destacó desde las oficinas centrales de la Anses, ubicadas sobre avenida Córdoba.
La mayor preocupación que sale del organismo es el Ingreso Familiar de Emergencia. “Estamos terminando de trabajar una propuesta para pagar por segunda vez el IFE”, reconoció la ex diputada nacional. Hasta el momento el cobro llegó a 4.733.000 personas, pero aún falta menos de la mitad, ya que calificaron unos 8.700.000 beneficiarios. La inscripción está cerrada.
La funcionaria pidió ojo clínico en los sistemas de pagos. En cuanto al “punto efectivo” (sistema que con los datos personales envía una clave para hacer el uso del cajero automático), “estuvimos cruzando información y haciendo un esfuerzo enorme para ver si cada uno de los celulares o los correos electrónicos son de una sola persona”, detalló.
Días atrás, Crónica había adelantado que los bancos aplican descuentos indebidos sobre el IFE. “Nos parece injusto que los $10.000 no lleguen a quien corresponde”, agregó. Para ello la Anses está articulando su trabajo con entidades bancarias.
Raverta entiende que la crisis arrastrada de años “se profundizó, sobre todo, con aquellos que generaban sus ingresos a partir de estar fuera del mercado formal del trabajo“, un número elevado en nuestro país.
Por eso no niega tajantemente que la ayuda del Estado llegó a su final. “Estamos prácticamente cubiertos, pero como trabajadora social pienso que se puede ampliar y mejorar. La dinámica de lo social requiere que la posibilidad de revisar sea constante”, resaltó.
En esa línea dedicó unas palabras a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que llega a las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión. “La estamos revisando porque genera discrecionalidad entre jubilados. Y este es un proyecto político que entiende la universalidad como eje central. El derecho tiene que ser el mismo”, resumió.
En la entrevista también adelantó el reimpulso de la tarjeta Argenta, pero hizo hincapié en “que tenga el lugar que tenía”. Su función es “que estimule el consumo de proximidad y el desarrollo de las políticas productivas locales”. Para Raverta, “en los últimos años se desvirtuó su sentido por necesidad”.
