EL CALAFATE.– El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz confirmó ayer que el abogado Fernando Basanta no está matriculado. El dato podría dificultar la designación del hombre de confianza de Máximo Kirchner como integrante del máximo tribunal santacruceño. El pliego de Basanta, que se encuentra listo para ser aprobado hoy en la Legislatura con el voto por mayoría del Frente de Todos, despertó fuertes críticas desde diferentes sectores políticos y gremiales, que cuestionan su cercanía al kirchnerismo.
El ejercicio profesional de la abogacía durante por lo menos seis años es una de las condiciones que establece la Constitución provincial en su artículo 127 para quienes aspiren a integrar la máxima Corte provincial. Sin la matriculación, no es posible el ejercicio de la abogacía, al menos en Santa Cruz. En las últimas horas, dos amparos se presentaron con este argumento, en un intento de detener el nombramiento del abogado, de 42 años, actual fiscal de Instrucción Nº1 de Río Gallegos.
En Santa Cruz, los abogados se matriculan ante la Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia. Ese organismo ayer confirmó que Basanta no está matriculado allí. “Teniendo a la vista los registros de inscripción en la matrícula de abogados/as que lleva esta secretaría de superintendencia y jurisprudencia a mi cargo, no surge que el Dr. Basanta, Fernando Miguel, se encuentre inscripto al día de la fecha”, enuncia la nota firmada por Matías Neil, secretario de Superintendencia del TSJ, en respuesta a la nota enviada por el diputado Gabriel Oliva, del partido provincial Encuentro Ciudadano.
“La extrema cercanía de Basanta con el kirchnerismo debería ser el límite para integrar el máximo tribunal de la provincia. Pero además su designación está por fuera de la ley”, señaló el diputado Oliva tras recibir la respuesta del TSJ sobre la falta de matriculación de Basanta para ejercer la abogacía en la provincia.
Según registros oficiales consultados, Basanta fue aportante de la campaña del Frente para la Victoria en 2015, en las elecciones que dejarían a Alicia Kirchner al frente de la gobernación. La cuñada de Cristina Kirchner lo nombró ministro de Gobierno, cargo en el que estuvo hasta 2019. El 10 de diciembre de 2019, Basanta dejó el cargo, pero solo se quedó pocos días sin trabajo: fue designado por decreto de Kirchner el 27 de diciembre de ese mismo año al frente de la Fiscalía de Instrucción Nº1 de Río Gallegos, cargo en el que aún se encuentra.
Su aporte a la campaña en 2015 explica su trayectoria más ligada a la actividad política que al trabajo judicial. Durante años fue un reconocido militante y formó parte del círculo cercano de Máximo Kirchner. Según el currículum presentado ante los legisladores, Basanta se recibió de abogado a los 34 años en la Universidad de Buenos Aires, mientras se desempeñaba como director nacional de Relaciones con el Poder Legislativo dentro del Ministerio de Justicia de la Nación.
En las últimas horas se presentaron dos acciones de amparo en la Justicia provincial para cuestionar el nombramiento que la Legislatura se apronta a efectuar mañana. Por un lado, lo hizo el gremio de los trabajadores judiciales, que solicitaron que no se designe a Basanta por no contar con los seis años en el ejercicio de la abogacía y presentaron una medida cautelar para que se detenga el nombramiento: el juez Marcelo Bersanelli –cuyo pliego está en el Senado de la Nación– para integrar la Cámara de Apelaciones de Piedra Buena, rechazó la medida cautelar –es decir, la suspensión del nombramiento en el cargo–, pero le dio curso a la medida de amparo.
En la misma línea, desde el radicalismo, los diputados Daniel Roquel y Nadia Ricci también iniciaron una acción de amparo para frenar el nombramiento: “No puede ser designado quien no acredita tener la experiencia mínima ni la preparación para el ejercicio de ese cargo, una vez más se quieren llevar puesta la Constitución y las leyes”, argumentaron.
En tanto, en las últimas horas se hizo pública una proclama colectiva y ciudadana impulsada por la asociación civil Patagonia por los Derechos Humanos y firmada por gremios, partidos políticos y asociaciones profesionales donde reiteran la falta de años en el ejercicio de la abogacía y recuerdan que los años que Basanta se desempeñó como ministro no pueden computarse como ejercicio de la abogacía
