‘Señora, somos grandes ¿Usted es tarada? ¿Es mogólica? ¿Es discapacitada?… Vuelva con él y déjese de molestar”. De esta manera Julieta María Ormaechea, titular del Juzgado de Paz de San Vicente, le hablaba a una mujer que había denunciado a su marido por la violencia que ejercía en la familia.
Estas frases, junto a otras que muestran el nivel de maltrato de la jueza, constan en un expediente que también acusa a Ormaechea de mandar a quemar montones de expedientes de causas de violencia de género. Al ordenar la incineración de denuncias no ratificadas, impidió su incorporación a cualquier estadística. Además, eran denuncias originales remitidas por la Comisaría de la Mujer.
En ese expediente se detalla “un actuar impropio de un magistrado”. Y detalla graves errores, como exigir la ratificación de las denuncias, cuando la ley 12.569 de Violencia Familiar nada dispone al respecto, imponiendo un requisito que limitó el acceso a la justicia e impidió el dictado de medidas urgentes. Ante esta actitud, la Subsecretaría de Control Judicial señaló que en la jueza había quedado clara “la tergiversación del procedimiento establecido por la ley de Violencia Familiar, prevaleciendo la aplicación a ultranza del principio dispositivo, que choca contra los fines esencialmente protectorios de la norma, que prioriza la exigencia de una urgente intervención y respuesta del magistrado interviniente”.
También se le critica el haber exigido patrocinio letrado en etapas procesales donde no era necesario. Exigió a las denunciantes que se desplazaran a lugares lejanos, complicando las denuncias y sus trámites, burocratizando denuncias de por sí complejas. El expediente habla de “requisitos dilatorios y burocráticos”. También se denuncia que la jueza “negó de forma sistemática las medidas cautelares protectorias”, que “denegó alimentos en supuestos en que su determinación resultaba urgente” y también que “celebró audiencias en forma conjunta entre las víctimas y victimarios”. La ley 12.563 lo prohíbe: “… El juez o jueza interviniente citará a las partes y en su caso al Ministerio Público, a audiencias separadas, bajo pena de nulidad, en días y horas distintas…”.
El procurador bonaerense, Julio Conte Grand, presentó una denuncia contra la jueza “por quebrantar las normas protectorias en violencia familiar” de la Ley 12.569 de Violencia Familiar de la provincia de Buenos Aires. La denuncia del procurador es del 17 de abril de 2019. Ahora, la Suprema Corte bonaerense resolvió suspender a la jueza por 90 días.
“Surge la imperiosa necesidad de adoptar acciones de carácter urgente que permitan evitar la repetición de nuevos hechos, como así también garantizar el efectividad de la investigación en las distintas esferas de responsabilidad comprometida y el ejercicio de la actividad jurisdiccional sin perjuicio de la oportuna intervención del jurado de enjuiciamiento”, concluye la resolución, firmada por los seis miembros de la Corte Suprema.
PS
