Opinión:
Las clasificaciones con las que se ha ordenado la política en los últimos tres lustros están registrando una acelerada mutación. Las grandes polarizaciones, kirchnerismo o antikirchnerismo, macrismo o antimacrismo, son cada vez más insuficientes para comprender la totalidad del paisaje. Dentro de cada bloque, además, se verifican realineamientos. El más extraño ocurre en el seno del Frente de Todos. Desde la derrota de las primarias de septiembre del año pasado, en esa fuerza se había profundizado una línea divisoria entre quienes seguían a Cristina Kirchner y quienes sostenían a Alberto Fernández. A medida que pasan las semanas, ese ordenamiento se va volviendo más difuso, porque es cada vez más difícil encontrar dirigentes dispuestos a acompañar al Presidente. Hasta presuntos talibanes como Jorge Ferraresi, Gabriel Katopodis y Juan Zabaleta, cuya prioridad es sobrevivir en el conurbano, se están pasando, sigilosos, a las filas de los Kirchner. La razón es muy sencilla. De Fernández nadie sabe decir adonde va. O, para formularlo de un modo más exacto: pocas veces se ha visto a un líder que ponga al desnudo con tanta frecuencia que ignora sus propios intereses. La vida cotidiana del Presidente está minada por una contradicción permanente, ya no entre lo que hace y lo que dice, sino entre lo que hace y lo que necesita.
Fernández ofrecerá una nueva exhibición de esta incongruencia entre los medios y los fines en las próximas horas, cuando se reúna con los gobernadores peronistas para insistir con el proyecto de convertir a la Corte Suprema de Justicia en un insólito organismo interprovincial. Ni Arturo Sampay se animó a soñar con una Corte así, ultraperonista. La conjura se celebra cuando el máximo tribunal tiene que dirimir un conflicto entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por el reparto de la coparticipación federal. Existe una fantasía, a la que el kirchnerismo es muy proclive, según la cual los jueces sólo se rigen por criterios de facción. Aun en un país en el que la Justicia está tan politizada esa creencia es incorrecta. En la Corte, como en cualquier juzgado, se requiere algún apego por los argumentos jurídicos y las pruebas que figuran en los expedientes. Sin embargo, si hubiera, como seguramente hay, un factor político detrás de las decisiones, Fernández ha decidido hacerlo jugar en su contra. Es posible que los máximos magistrados del país estén tentados de demostrar que no son obedientes a presiones. Y que contesten al cónclave de hoy con un pronunciamiento que le dé la razón a la Ciudad. Hay que realizar un esfuerzo notable para conseguir ese resultado de un cuerpo compuesto por un cordobés, dos santafesinos y un correntino.
Existen varios indicios de que la semana próxima la Corte podría ordenar que se restablezca el giro corriente de fondos que reclamó Horacio Rodríguez Larreta en un recurso de amparo, mientras se sigue estudiando la cuestión de fondo sobre la distribución de la recaudación. Hay un solo criterio que permitiría entender la lógica que conecta la decisión de agredir a la Corte junto a un club de gobernadores, con la expectativa de conseguir que esa misma Corte consienta a los agresores: ese criterio es el autocomplaciente empecinamiento de Fernández en considerar que las derrotas son victorias.
La controversia por la coparticipación federal es nada más que un aspecto de una incoherencia más amplia. Varios colaboradores del Presidente interpretan, con sagacidad, que el mayor error político que él cometió en lo que va de su mandato ha sido romper el puente que había tendido con Larreta. Para esos dirigentes, Fernández y Larreta estaban llamados a ser socios en un juego estratégico: llegar a acuerdos y establecer nuevos conflictos, que recrearan la agenda pública de tal modo que Cristina Kirchner y Mauricio Macri se fueran jubilando. Fernández demostró no comprender su propia conveniencia el día que, frente a un levantamiento salarial de la Policía Bonaerense, decidió arrebatar recursos a los porteños. Lo más interesante es que no lo hizo por su propia voluntad, sino como un acto reflejo frente a las órdenes que recibía de Cristina y Máximo Kirchner. O, con mayor precisión, como un acto reflejo frente a lo que él sospechaba que eran los deseos de Cristina y Máximo Kirchner. Ellos sí tienen siempre claro cuáles son sus intereses.
A partir de aquel momento se abrió para el Presidente una vía dolorosa, por la cual renunció a tener un aliado importante en la oposición, pero sin conquistar a cambio el cariño de sus ídolos. Al revés, el Presidente terminó en una ruptura con los Kirchner, que hoy le aconsejaría tener un canal de comunicación con sus rivales. Pero esos rivales ya no quieren fotografiarse con un mandatario que, además de demostrar que no se puede confiar en su palabra, se hunde en la impopularidad.
El otro campo en el que la inconsistencia entre los caminos que emprende el Gobierno y los lugares a los que pretende llegar es sorprendente es el de las relaciones exteriores. Sobre todo si se recuerda que, en un país que está en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la orientación de su diplomacia es todavía más determinante de su política económica. El problema de Fernández es más grave porque ese entendimiento con el Fondo ya ha naufragado.
Las autoridades del organismo internacional aprobaron para la Argentina un programa ajeno a sus propios patrones técnicos. Un plan que, según el director para América Latina Ilan Goldfajn, no ofrecería solución alguna a los problemas del país. El programa tendría un solo propósito: evitar un default de la caudalosa deuda contraía por Macri. En consecuencia, el principal objetivo del Fondo sería garantizarse que el Banco Central acumule un monto suficiente de reservas como para poder cumplir ante cada vencimiento.
Si se observa el desarrollo de la gestión económica de estos meses, es evidente que esa pretensión quedará insatisfecha. La consultora Econviews, que lidera Miguel Kiguel, elaboró una comparación entre la acumulación de reservas monetarias y los compromisos asumidos por Martín Guzmán y Miguel Pesce frente al Fondo. Allí se consigna que las reservas netas fueron en marzo 3922 millones de dólares; en mayo, 3775 millones de dólares; para cumplir con el Fondo, en junio deberían saltar a 6425 millones de dólares; en septiembre deberían llegar a 6725 millones de dólares, para terminar el año en 8125 millones de dólares. Quiere decir que, en lo que resta del año, el Central debería aumentar sus reservas internacionales en más del 100%.
Se trata de una quimera, que se vuelve más lamentable cuando se advierte que la economía experimenta un boom exportador. Este año habrá ventas al exterior por 90.000 millones de dólares, lo que acaso constituye un récord absoluto, que se debe al aumento de precios de las commodities, derivado de la invasión de Rusia a Ucrania. Es imposible aprovechar esa expansión porque han estallado también las importaciones. No sólo las de gas, afectadas por los precios. También el Central pierde dólares por el sinfín de operaciones que realizan los tenedores de pesos para refugiarse de la pulverización de la moneda que produce la inflación. La falta de confianza en la gestión de Fernández es tan aguda que el Banco Central, que en temporada de cosecha debería estar sumando alrededor de 1200 millones de dólares por mes a sus reservas, no consigue acumular más de 200 millones de dólares.
Es evidente, entonces, que el Gobierno tiene un problema con la meta de reservas acordada. Asoma en el horizonte, sin embargo, un inconveniente más delicado. Ya no un problema con la meta de reservas, sino con las reservas. En pocos meses las liquidaciones del sector agropecuario menguarán. Pero se dispararán las importaciones energéticas: Kiguel calcula que entre junio, julio y agosto sumarán 3600 millones de dólares. Quiere decir que no hay que descartar un cuello de botella cambiario, que obligue a una devaluación. Sería la peor noticia para una inflación que tampoco se comporta como se habían imaginado Guzmán y sus interlocutores del Fondo: para ellos no debería superar el 48% anual, pero hoy promete ser de más del 80%. La escalada de los precios abrió una polémica sobre la estrategia salarial del oficialismo. Desde el Congreso se auspició el otorgamiento de sumas fijas, al estilo de Néstor Kirchner, que tienden a beneficiar más a los sectores de bajos ingresos. Se impuso, en cambio, el ministro de Trabajo Claudio Moroni que, aliado a la CGT, reabrió las paritarias.
Los de la inflación son valores indicativos, no metas. Pero introducen una distorsión en otro parámetro fijado en el acuerdo, que es la necesidad de remunerar los ahorros con una tasa de interés real positiva. Kiguel demuestra que, por ejemplo, en abril, cuando la inflación fue del 6%, la tasa de política monetaria mensual fue del 3,9%.
El descalabro impacta sobre las cuentas fiscales. Si no quiere transgredir la meta de asistencia del Central al Tesoro fijada para el segundo trimestre, de 438.500 millones de pesos, en junio Guzmán sólo podría contar con 59.000 millones de pesos. En abril y mayo consumió 380,5 miles de millones de pesos. Es comprensible, entonces, la versión que indica que el principal impulsor de una suba de retenciones fue el ministro de Economía, pero que tuvo más potencia la voz de Julián Domínguez, de Agricultura. El Presidente osciló entre uno y otro, desmentido por uno de sus colaboradores, como si se tratara de un subsecretario.
Todas las evidencias indican que el acuerdo con el Fondo fracasó. Lo que queda por saber es qué nivel de convulsión traerá consigo, con los meses, ese fracaso. Se cumple, entonces, la profecía de Cristina Kirchner. Y la de los profesionales más ortodoxos de la economía, encabezados por Ricardo López Murphy: el entendimiento era inviable.
Desde el Gobierno se realizan gestiones para conseguir en el Fondo lo que Halperín llamaría “la ficción consentida” de que el programa sigue vigente. Una de las argucias sería descontar de los cálculos del déficit parte del gasto social. El incumplimiento reabre una discusión en el Fondo y, sobre todo, en el gobierno de los Estados Unidos, que tiene la palabra decisiva en ese organismo. Debe recordarse que, como la señora de Kirchner, como el diputado López Murphy, también Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, pronosticaba que el barco iba a hundirse a poco de zarpar.
Frente a este inventario de contratiempos, a Fernández se le ocurrió que lo más eficaz para alcanzar sus objetivos sería amenazar a Joe Biden con una asamblea bolivariana, paralela a la Cumbre de las Américas que se va a realizar la semana próxima en Los Ángeles. Para Biden la reunión es un contratiempo. Está obligado a celebrarla porque, para disculparse de la inasistencia inopinada de Donald Trump a la última cumbre celebrada en 2018 en Lima, el Departamento de Estado se propuso como anfitrión de la siguiente. Sin embargo, la escena regional no es la mejor para la Casa Blanca. Andrés Manuel López Obrador en México, Jair Bolsonaro en Brasil, Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Buenos Aires y el uribismo derrotado en Colombia no son compañías amigables. Hoy los tres aliados principales de Washington son países de menor porte: Costa Rica, Chile y Uruguay.
Para agravar las dificultades de Biden, Fernández tuvo la iniciativa de realizar una contracumbre, a la que invitaría, como presidente de la Celac, a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El más activo con la idea fue Santiago Cafiero, que habló de la ocurrencia con su colega mexicano Marcelo Ebrard. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró enseguida que él no acompañaba ese emprendimiento. Adelantó, sí, que no iría a Los Ángeles, en queja porque esos tres gobiernos no habían sido invitados. Reveló también que le había pedido a Fernández que concurriera para expresar el malestar por las exclusiones.
Desalentado por López Obrador, Fernández pasó de participar en dos asambleas a no estar en ninguna. Le insinuó a Horacio Verbitsky, en una entrevista publicada en El cohete a la luna, el domingo, que no viajaría. Fue una sorpresa, porque desde el viernes la Casa Rosada estaba acreditando a los periodistas que suelen acompañar al Presidente en sus giras por el exterior. Ni Verbitsky le creyó.
La pretensión de Fernández tenía dos inconvenientes. Uno, práctico: ¿quién le habrá hecho creer que Maduro, Díaz-Canel u Ortega pondrían un pie en Estados Unidos, donde pueden terminar encarcelados? Cafiero se desentiende ahora del proyecto y señala que el culpable fue el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello, quien desarrolla una especie de diplomacia paralela desde la Casa Patria Grande Néstor Kirchner. El otro inconveniente es conceptual, y todavía persiste. El conflicto de Rusia con Europa se acelera y encarniza. El embargo europeo a los hidrocarburos rusos es, desde el lunes, casi total, y fue respondido desde Moscú con un corte en el suministro de gas para Dinamarca y los Países Bajos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pasó ayer el día en Washington, discutiendo posiciones más severas frente a Putin. Mientras Suecia y Finlandia gestionan su incorporación a esa alianza militar, para espanto del gobierno ruso.
En este contexto, Fernández viaja a Los Ángeles para convertirse en abogado de tres tiranos aliados a Putin. Se le podría pedir que no lo hiciera en nombre de los derechos humanos. Pero ya es sabido que, en esa materia, la axiología del kirchnerismo es un acordeón. Tampoco evita hacerlo en nombre del pragmatismo.
Aunque, a último momento, el Presidente giró en sus aspiraciones. Las últimas noticias afirman que no sólo estará en la cumbre de Biden. En vez de poner su energía en una contracumbre, ahora espera ver a Biden en Washington, en julio. Jorge Argüello le consiguió la tan ansiada foto, a cambio de la cual la Argentina votó en contra de Rusia en Naciones Unidas. La visita a la Casa Blanca que Argüello no pudo conseguir para Cristina Kirchner cuando era su embajador. Maduro, Díaz-Canel, Ortega, mirarán la escena mientras refunfuñan. Se preguntarán si no fueron usados como palancas para que Fernández, desde el otro lado de su ambigüedad, los salude desde la capital del Imperio.
Por: Carlos Pagni
