Se inicia la misión del Gobierno ante el FMI en un clima de fuerte incertidumbre

El Gobierno parece atrapado en una cinta caminadora. Cada paso con en el que cree que avanza parece dejarlo en el mismo lugar. La resolución del acuerdo por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) aún tiene una distancia por acortar, según dejó entrever Kristalina Georgieva sólo unas horas antes de la llegada de un equipo técnico del Ministerio de Economía y el Banco Central (BCRA) a Washington. Mientras el Gobierno intenta dar señales de acercamiento, desde el organismo multilateral y la oposición son cautos, y piden un rumbo claro y consensuado.

Hay pocas certezas. Una de ellas es que el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentaría su “plan plurianual” en el Congreso el 15 de este mes, según confiaron tres fuentes a LA NACION. El economista platense guarda bajo siete llaves la clave: el ritmo que –cree- debe tener la convergencia fiscal. A su vez se desconoce cómo financiará los años de rojo en las cuentas públicas que quedan por delante, y cómo afectará al tipo de cambio la titánica necesidad de acumular reservas con una brecha de 100%. La duda, ¿habrá una devaluación más agresiva? Se tratan de señales que, como el crecimiento y la inflación, hacen a uno de los prospectos que Guzmán y los técnicos del FMI comparten: la sustentabilidad de la deuda.

Por otro lado, a través de sus declaraciones oficiales, el Fondo puso énfasis en la lucha contra la suba de precios, la pobreza, la protección de los más vulnerables, y un aspecto de la economía argentina que en Washington genera particular inquietud: darle un mayor impulso sector privado en la actividad y la creación de empleo, un tema que recorre su comunicados. En Buenos Aires sólo hablan del “rol de Estado”.

“Si nosotros llegáramos a un acuerdo pronto eso significaría comenzar a pagar en 2026 al FMI”, buscó sorprender el pupilo de Joseph Stiglitz en la CGT esta semana. Tal afirmación, para calmar ansiedades, no es una novedad. El diseño original de un Programa de Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés) tiene cuatro años de gracia y un plazo de 10 para la devolución del préstamo. Este desembolso servirá para refinanciar el Stand-By Agreement (SBA) que pidió Mauricio Macri en 2018.

Un consenso interno en el Frente de Todos que Guzmán lleva a la negociación es que no tenga que haber más ajuste que ya el registrado en algunas partidas sensibles. Sin embargo, un achicamiento del déficit fiscal sin rebaja del gasto real sólo puede significar dos cosas: más impuestos o más inflación. El crecimiento será acotado por la falta de dólares de las reservas. El REM del BCRA ya prevé más inflación en 2022 que este año –más recaudación- y hombres como Roberto Feletti o Máximo Kirchner hablan de retenciones o leyes de envases (subas de impuestos o creaciones de nuevas tasas). La suba de precios de 52,1% prevista para el año que viene podría hacer el ajuste, como este año, sobre jubilaciones y salarios.

El desafío político para el kirchnerismo son las tarifas. Los subsidios costaron más de US$10.000 millones este año y costarían más en 2022. En la Casa Rosada ya aceptan que el actual esquema actual es inviable. La Cámpora avala una segmentación, de difícil implementación. Un trabajo de los especialistas Alejandro Einstoss y Julián Rojo difundido el viernes estimó que para el año que viene los subsidios económicos, rondarían entre US$11.300 millones o US$15.600 millones dependiendo -entre otras cosas- de si hay o no acuerdo con el Fondo. Tales magnitudes complejizan el panorama sin reservas en el BCRA.

El programa seleccionado especialmente por Guzmán obliga a aceptar reformas estructurales. En diálogo con LA NACION, Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT, sugirió que el Fondo no pedirá una reforma laboral (ni él ni la CGT en su conjunto la avalaría), pero quizás sí cambios previsionales a largo plazo. El secretario general de Sanidad, uno de los sindicalistas más cercanos al Presidente, se sumó al coro de voces que advierten que es “necesario” un acuerdo con el organismo multilateral.

Por si hay algún desprevenido en la sala, el Fondo sí pide una reforma laboral en la Argentina, pero el menú de cambios estructurales es una decisión del gobierno argentino. En el FMI creen que la economía nacional necesita una reforma previsional, una laboral, una tributaria y más apertura de la economía.

El consenso político y social

El otro inconveniente con el que deberán lidiar el Presidente y su ministro de Economía de Economía es la búsqueda de avales en la oposición (y en el Frente de Todos). El consenso político y social es un reclamo repetido del Fondo. “Espero que Martín Guzmán no mande un plan plurianual al Congreso. Eso no lo vamos a discutir. Lo que envíe tiene que ser el acuerdo con el Fondo”, amenazó el diputado de Juntos por el Cambio Luciano Laspina en la °27 Conferencia de la UIA en Parque Norte.

El reloj de arena avanza sin cesar. Con una macroeconomía muy desordenada y sin certezas, el Gobierno acentuó la desconfianza, lo que se vio reflejado en la suba del Riesgo País, que ya superó los 1900 puntos pese a la “exitosa” reestructuración de la deuda. Esos bonos nuevo valen hoy muy poco. Incluso la calificadora de riesgo Moody’s advirtió esta semana que la Argentina corre grandes riesgos de caer nuevamente en default. Pidió que el país arregle con el FMI para recuperar la confianza.

Hoy llegará a la capital de EE.UU. la misión argentina que buscará acercar posiciones con el staff técnico del Fondo. Se quedarán allí varios días afinando el lápiz. Por el Ministerio de Economía viajaron el viceministro, Fernando Morra; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; y el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi. Además, estará Sergio Chodos, director por el Cono Sur ante el Fondo. Por el BCRA, en tanto, negociarán Jorge Carrera y Germán Feldman.

El jueves, el Presidente reclamó al Fondo que “antes de cerrar un nuevo acuerdo, haga su evaluación de lo que fue el fallido programa Stand-By por el que se desembolsaron 44.000 millones de dólares que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales”. El Fondo ya tenía contemplado realizar ese análisis, una práctica habitual del organismo, y ayer dijo que se prepara para difundir su “autopsia” del préstamo que concedió al gobierno de Mauricio Macri antes de Navidad. El informe que el economista noruego Odd Per Brekk trabaja desde hace meses es de alto voltaje político. El Directorio Ejecutivo del Fondo revisará ese trabajo en la semana del 20 de diciembre, y una vez que lo apruebe, lo difundirá.

Lo que pareció un gesto de buena voluntad y acercamiento se disipó rápidamente. La encargada de bajar las expectativas del gobierno argentino fue la propia Georgieva, hoy mucho más debilitada que al inicio de la negociación por el escándalo ético en el que quedó envuelta por su gestión en el Banco Mundial. Georgieva, que para el oficialismo siempre fue una aliada, tiene escaso margen para confrontar con el asesor del Departamento del Tesoro de EE.UU. y hombre que negoció el SBA con Macri, David Lipton. La directora gerente dijo a Reuters el viernes que todavía queda “mucho por hacer” para cerrar la negociación.

En 2018, el gobierno de Cambiemos cerró un SBA con el Fondo por US$57.000 millones de los que se desembolsaron unos US$44.000 millones. La gestión de Alberto Fernández busca ahora refinanciar esa deuda con un EFF. La fecha límite, autoimpuesta por Guzmán en la negociación con el Club de París, es marzo de 2022. El acuerdo aún debe atravesar varias etapas internas en el Fondo antes de llegar al llamado “Staff-Level Agreement”, el paso previo antes de que el programa vaya al Directorio Ejecutivo, controlado por el G7. En el país, en tanto, debe superar la interna oficial y el paso por el Congreso. Aún queda por delante un espinoso recorrido.