El canciller Santiago Cafiero ordenó al embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, que apoyara una resolución presentada por Antigua y Barbuda y acompañada por Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Uruguay, que condena la persecución religiosa y la censura de prensa ejercida por el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega.
La votación resultó a favor por 27 votos, 4 abstenciones, 1 voto en contra y 2 ausencias. San Vicente y Granadina rechazó la condena, se abstuvieron Bolivia, El Salvador, Honduras y México, los dos ausentes fueron Colombia y Nicaragua -que renunció a la OEA-, y los restantes estados miembros condenaron las acciones dictatoriales del régimen sandinista.
Raimundi no estaba de acuerdo con la posición de la Cancillería -que cumplía con las instrucciones de Alberto Fernández- y faltó a la cita diplomática: en su lugar, votó a favor María Cecilia Villagra, representante alterna ante la OEA.
El embajador Raimundi no adelantó al Ministerio de Relaciones Exteriores que cedía su responsabilidad diplomática a la representante alterna Villagra. Fue su decisión unilateral.
Entre sus aspectos más importantes, la resolución aprobada sobre Nicaragua establece lo siguiente:
“1. Condenar enérgicamente el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, así como el hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno y sus acciones en Nicaragua.
2. Reiterar su insistencia en que el Gobierno de Nicaragua libere de inmediato a todos los presos políticos, cese la persecución y la intimidación de la prensa independiente y garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
3. Renovar el ofrecimiento del Consejo Permanente de trabajar con el Gobierno de Nicaragua para que se adhiera a las Cartas rectoras de la OEA y restablezca la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua, de acuerdo con el derecho internacional”.
Ortega intensificó la persecución de la Iglesia de Nicaragua por sus constantes denuncias contra el régimen sandinista, que multiplica la detención de presos políticos, endurece la censura previa sobre los medios de comunicación y viola -sistemáticamente- los derechos humanos.
“Mis buenos amigos y hermanos, solamente notificarles que la Policía esta mañana me ha notificado que no tengo permiso para salir, no puedo salir a las calles, a procesiones, a actividades fuera del templo parroquial, así que creo que me están vigilando”, dijo el sacerdote Anibal Manzanares en un mensaje distribuido ayer en sus redes sociales.
El sacerdote Manzanares pertenece a la comunidad eclesiástica de Terrabona, a 70 kilómetros de Managua, que por decisión política de Ortega se trasformó en un escenario de constante persecución religiosa. Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y superior de Manzanares, cumplió ya ochos días de retención ilegal y fue acusado de organizar grupos violentes.
Junto al obispo Álvarez se encuentran otros cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos, prohibidos en su libertad por decisión política de la Policía Nacional. Los detenidos ilegalmente están en la Catedral de Matagalpa, que ayer fue vigilada por un dron manejado por la dictadura de Ortega.
“Profundamente preocupado porque, a pesar de todas las exhortaciones al Gobierno de Nicaragua —contenidas en declaraciones, resoluciones y mandatos de la Asamblea General y del Consejo Permanente de la OEA— para que cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos, el ambiente de opresión se ha agravado, con un número creciente de arrestos y detenciones arbitrarias, el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, la toma autocrática de las alcaldías de cinco municipios cuyos titulares eran de un partido político de la oposición, la intensificación de la represión de los periodistas y de la libertad de los medios de comunicación, y ataques a monjas y sacerdotes de la fe católica romana”, sostiene la decisión de la OEA que apoyó la Argentina junto a Chile, Costa Rica, Uruguay, Perú, Canadá y Estados Unidos.
Y añade la resolución: “Consciente de que este empeoramiento de la situación fue confirmado en un informe oral del 16 de junio de 2022 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y alarmado debido a que en el informe se expresa grave preocupación porque el Gobierno de Nicaragua continúa perpetrando detenciones arbitrarias y los detenidos se encuentran en condiciones deplorables”.
Alberto Fernández instruyó a Santiago Cafiero para acordar una posición común con Chile y Perú respecto a la resolución que se aprobó -por amplia mayoría- en la OEA. El canciller avanzaba con la posición presidencial cuando se encontró con la resistencia ideológica de Carlos Raimundi, embajador argentino en el foro regional.
Raimundi tuvo una larga militancia en la Unión Cívica Radical (UCR) y finalmente decantó en las cercanías de Cristina Fernández de Kirchner. El representante ante la OEA propuso la abstención de la Argentina frente a la resolución condenatoria que apoyaban Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos, entre otros países.
Tras un corto e inesperado debate, Cafiero junto Gustavo Pandiani-subsecretario para América Latina y el Caribe- dieron por terminada la discusión e instruyeron a la representación argentina ante la OEA para que vote a favor de la condena a la dictadura de Ortega por perseguir a la Iglesia Católica, censurar a los medios de comunicación y multiplicar la detención ilegal de los líderes políticos de la oposición que exigen la vigencia de los derechos humanos en Nicaragua.
Raimundi resistió hasta el final, la orden del canciller Cafiero: no fue a la reunión del Consejo Permanente de la OEA, y fue reemplazado por María Cecilia Villagra, quien votó a favor de condenar a la dictadura de Ortega.
