Nélida lo repite una y otra vez. Como si se convenciera para juntar valor. “Si me pasa algo, fue la Policía; yo quiero que alguien siga con esta lucha”. Está -dice- “convencida” de que algo pasará y hasta espera que sea contra ella y no contra sus hijos.
El 31 de mayo de 2020, Nélida Sabino (48) le compró un celular nuevo a su hijo, que tenía 15 años. Él salió, contento, a mostrárselo a su novia. Pero en el camino se peleó con un grupo de adolescentes y se lo robaron. Esa escena, ese rato de conflicto entre jóvenes y que podría haber sido un poco de mala suerte, terminó en pesadilla.
Es que su hijo se agarró a trompadas con esos chicos para evitar que le sacaran su flamante teléfono. Un vecino que lo reconoció llamó a Fabián, su papá, para que fuera a buscarlo de urgencia.
La pelea se expandió y terminaron todos haciendo denuncias cruzadas. Nélida apenas alcanzó a ponerse las zapatillas para salir corriendo que ya estaba en la comisaría 6ta. de Claypole, donde la víctima del robo pasó a ser víctima de extorsión.
Esa pelea terminó con denuncias cruzadas, el chico se quedó sin celular y encima acusaron a su papá de tener un arma y disparar al aire para terminar con la trifulca, algo que no pudo ser probado y que terminó desestimado por la Justicia, que no encontró evidencias de que aquella acusación fuera cierta.
“Yo quería entrar con mi hijo, pero no me dejaban, aunque era menor. La familia de los chicos que le habían robado empezó a hacer problema, a gritar en la puerta. Y los policías se aprovechaban, nos querían separar. No me dejaban pasar con mi hijo por el tema del Covid. En eso veo que se lo llevan al fondo a mi marido y ahí no entendía nada”, recuerda Nélida sobre esa madrugada.
Y sigue: “Después pasé y veía a mi marido pálido y una pila de papeles que le mostraban. Él estaba re asustado porque de joven había tenido antecedentes, estuvo preso unos meses, pero cumplió su pena y cambió de vida. Pero quedó con terror a la Policía, como si por haber tenido ese error no tuviera derecho de reclamar nada, o tuviera que dejar que le hicieran lo que quisiera”.
Fabián González (50) ahora trabaja en un cementerio haciendo tareas de mantenimiento y dejó atrás sus problemas con la ley después de haber cumplido una pena de seis meses de prisión hace más de 30 años.
“Sus antecedentes ya quedaron archivados porque son de hace muchos años, pero él no lo sabía. Los policías lo amenazaron con imputarlo por tenencia de arma tras la pelea con estos vecinos, pero no debían más que notificarlo -según dispuso el fiscal- y esperar que investigue la Justicia a ver qué había pasado”, sintetiza el abogado de Nélida y Fabián, Cristian De Fazio.
El letrado señala: “Fue una pelea con denuncias cruzadas, nada más. Ellos vieron que él no sabía y, según quedó probado en el juicio, se les presentó la oportunidad y aprovecharon para cometer una extorsión”.
Fue así que, bajo amenaza, les pidieron 200 mil pesos para no inventar una acusación en su contra que -según le mintieron- derivaría en su detención. González, aterrado, aceptó.
Nélida tiene nueve hijos. Uno de ellos padece esquizofrenia y tiene problemas de adicciones. Está internado en un neuropsiquiátrico y su estado es delicado. Para su tratamiento y para cuando saliera de alta, había ahorrado 130 mil pesos que tenía en la casa de una amiga. Asustada, accedió a entregárselos.
“Yo tenía miedo. No sabía de lo que eran capaces. Entonces fui a buscar la plata a la casa de una amiga que me lo guardaba para que no lo gastáramos y se los llevé adonde me dijeron, abajo del puente de Claypole” recuerda.
Para ese entonces ya eran las 4 de la madrugada y esperaron con el dinero, asustados, sin entender bien qué estaban haciendo, siguiendo las órdenes de los jefes de calle Abdel Marcelo Colombier y Leandro Emiliano Dickinson.
Entregaron el dinero y se fueron de vuelta a la comisaría, donde esperaron hasta las 6 de la mañana porque no les querían devolver la camioneta.
“Yo estaba cansada, habíamos estado toda la noche con esto. Así que me fui a dormir y cuando me desperté me dije: ’No puede ser esto ¿por qué tuvimos que dar todos nuestros ahorros, con lo que nos cuesta, si no hicimos nada?’. Y me fui a la fiscalía y después a la DDI. Conté todo lo que me había pasado, no me quisieron tomar la denuncia, pero insistí tanto que me la aceptaron, vimos las cámaras de seguridad y estaba todo filmado”, indica Nélida.Muerte y condena
Desde entonces inició un proceso judicial que terminó en condena. Dickinson falleció el 2 de mayo de 2021 en un hospital tras enfermarse de coronavirus, a los 36 años. Su familia denunció que lo dejaron morir en la comisaría de San José, en Temperley, adonde estaba detenido.
Colombier (37) terminó condenado a seis años de prisión efectiva por el delito de extorsión por el Tribunal en lo Criminal Nº 10 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, integrado por Susana Mabel Silvestrini, Daniel Julio Mazzini y José Ignacio Polizza
La acusación, en manos del fiscal Javier Gustavo Martínez, logró probar que ambos policías actuaron en conjunto para extorsionar a Fabian y Nélida.
Sin embargo, ni después de la denuncia ni tras la condena, Colombier fue a la cárcel: regresó a su casa hasta que la sentencia quede firme.
“Soy la loca del barrio que se metió con la Policía. Desde que denuncié, vivimos una pesadilla. Nos balearon el frente de la casa, tenemos 16 tiros en las paredes. Nos allanaron y persiguen a mis hijos. A mi hija le secuestraron el auto; a mi hijo, la moto. Los paran todo el tiempo. También sabemos que muestran la foto de mi hijo, el que está internado, a todos los vecinos que denuncian cualquier cosa. ’¿Fue él, no?’, les dicen”, relata Nélida entre asustada y harta de la persecución.
Para ella, es cuestión de tiempo: “Algo me van a hacer, a mí o a mis hijos, no me canso de decirlo. Porque no eran estos dos nada más, tampoco es esta comisaría sola, pero la gente tiene miedo o no aguanta todo lo que aguantamos nosotros. Uno paró a mi hijo y le dijo: ’yo voy a hacer horas extras, pero a ustedes en algo lo voy a agarrar”.
Para ella, hablar se convirtió en necesario, para protegerse y para que otros se animen a denunciar: “No podemos dejar que porque tengan poder o porque sean policías o quien sea, que nos degraden, que nos humillen, que puedan hacer lo que quieran por su poder. La ley tiene que ser una sola, y acá hay dos leyes: una ley para el pobre y otra para los que tiene plata”.
