No podría haber empezado peor el año para los tucumanos. Al aumento de los contagios a diario del coronavirus y la continuidad de la otra pandemia, la de la inseguridad, se le suma ahora un nuevo golpe al bolsillo de los tucumanos. Y lo peor es que este saqueo al presupuesto de los ciudadanos contó con el visto bueno del gobernador Juan Manzur, ya que dio luz verde para que la boleta de la luz aumente la impactante cifra de un 37%.
La suba del valor de la energía eléctrica en Tucumán se dividirá en dos tramos entre enero y abril de 2021, mientras que en otro intento de intentar aparecer de forma hipócrita como un gobierno que piensa en el pueblo, se les aplicará a la Tarifa Social. Fue por medio de la resolución N° 645/20 emitida el 28 de diciembre de 2020 que así lo autorizó el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept).
Esto significa que es el propio Poder Ejecutivo de Tucumán el que avaló un nuevo incremento en las tarifas de energía de EDET en la provincia. Para colmo, desde la entidad recordaron que la tarifa eléctrica está suspendida desde diciembre de 2019, y que los valores de los costos reconocidos de la concesionaria están fijados a junio de ese mismo año, con variaciones macroeconómicas que afectan la prestación del servicio, para justificar el tarifazo.
Lo tragicómico, es que ese argumento es el que da la empresa, sin embargo, los hace suyos y los apoya el propio Ersept, que se supone que debería ser el órgano de control de este servicio público. Como si fuera el mundo del revés, en vez de controlar, el ente regulador apoya el enorme incremento que traerá consigo la próxima boleta de luz. Claramente, le importa poco y nada al gobierno provincial la situación económica de los tucumanos.
La hipocresía llega a tal punto, que desde el Ersept aseguraron que era una buena noticia que hasta el mes de noviembre no se produjeran nuevos incrementos en el valor de la tarifa. Con ese mismo cinismo, el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Fernández quiso mostrar como una política de Estado el hecho de que la provincia cuente con fondos suficientes para una Tarifa Social que tomará 170 mil medidores, lo que implica 800 mil tucumanos.
Y es que, si bien ellos no tendrán modificaciones en sus tarifas, ¿Qué le queda al resto de los ciudadanos? ¿Acaso no se trata de la clase trabajadora? ¿Sólo porque la clase media le es esquiva al oficialismo, es que se los castiga con un aumento feroz del 37% en uno de los servicios públicos más caros que existe? Luis Fernández dijo sin ningún tipo de vergüenza o piedad por el usuario que existe gente que no merece ser beneficiada con la Tarifa Social.
“El padrón se trabajó puntillosamente para que no queden afuera a quienes les corresponde y a su vez no beneficie a quienes no cumplan con los requisitos”, dijo sin que le tiemble el pulso por la falta de empatía para con el trabajador de clase media, quien perdió el trabajo, los ingresos y que encima debe ser capaz de soportar el ninguneo del gobierno tucumano que cree que debe defender a las empresas que quieran golpear el bolsillo de los tucumanos.
